Mario Zamora: la popularidad contra el poder de las cúpulas; el malovismo juega su propia partida

Por Álvaro Aragón Ayala

La disputa por la candidatura del PRI a la gubernatura de Sinaloa enfrenta dos capitales políticos distintos: la red territorial y el posicionamiento electoral de Mario Zamora Gastélum, frente a la capacidad de articulación del grupo de Mario López Valdez. Paloma Sánchez forma parte de la ecuación, pero la decisión final dependerá de las negociaciones nacionales y de una eventual alianza con el PAN.

En el PRI de Sinaloa todavía no está escrita la última página de la sucesión de 2027. Lo que se perfila es una disputa entre dos maneras de construir poder: la que acumula simpatías, redes de apoyo y presencia territorial, y la que opera mediante acuerdos cupulares, posiciones partidistas y compromisos de grupo. En el primer terreno, el diputado federal Mario Zamora Gastélum tiene argumentos para exigir la candidatura; en el segundo, el exgobernador Mario López Valdez conserva una estructura de interlocución que no puede ignorarse.

Las encuestas publicadas durante 2026 respaldan la posición de Zamora dentro de la competencia priista. Una medición de México Elige, levantada del 6 al 9 de junio, lo colocó por delante de la senadora Paloma Sánchez y del diputado local Bernardino Antelo en la preferencia para encabezar la candidatura del partido. En abril, GobernArte también lo ubicó en primer lugar, con 29.7 por ciento, frente al 24.1 por ciento de Sánchez y el 8.2 por ciento de Bernardino Antelo. Son fotografías demoscópicas de momentos determinados, no garantías de una nominación, pero constituyen un activo político difícil de borrar de la mesa de negociación.

Mario Zamora tiene algo que nadie, ni siquiera las dirigencias, puede fabricar por decreto: posicionamiento propio. Su trayectoria, su presencia en la conversación pública y la red de respaldos que ha construido en Sinaloa le permiten aspirar a una candidatura que no dependa exclusivamente de la voluntad de una oficina nacional. Su desafío consiste en transformar esa ventaja en una estructura de decisión capaz de resistir las negociaciones que, en última instancia, definen las candidaturas cuando los partidos comienzan a repartir espacios.

En la otra orilla se mueve el grupo de Mario López Valdez, Malova. Su influencia se lee como una corriente política que busca mantener capacidad de decisión dentro del PRI, aun cuando no necesariamente coloque a uno de sus integrantes en la primera línea de la contienda por la gubernatura. En el ajedrez sucesorio, controlar posiciones intermedias, intervenir en la integración de las dirigencias y negociar candidaturas legislativas o municipales resulta tan importante como disputar directamente el cargo principal.

En el proyecto del exgobernador se inscribía Bernardino Antelo Esper, cuya trayectoria política se desarrolló durante los años del ascenso y la consolidación del malovismo. Su paso por responsabilidades públicas, su llegada a la Cámara de Diputados local y su participación en la conducción de la bancada priista lo convirtieron en una figura relevante de ese espacio político. Sin embargo, el Congreso de Sinaloa aprobó el 28 de abril de 2026 su licencia por tiempo indefinido, y su suplente asumió las funciones legislativas. Su ausencia de la actividad parlamentaria modificó las condiciones inmediatas de su participación política.

En la lógica del trazado malovista, César Emiliano Gerardo Lugo apareció como una figura cercana a Bernardino Antelo. Pasó de la estructura municipal del PRI a la presidencia estatal del partido en abril de 2025, mientras conservaba su regiduría en Ahome. Su ascenso lo colocó al frente de una organización que reúne corrientes diversas y necesita negociar tanto con sus cuadros territoriales como con la dirigencia nacional. La cuestión estratégica no es si Lugo tiene experiencia para desempeñar el cargo, sino qué capacidad real posee para arbitrar entre grupos con aspiraciones distintas y evitar que la presidencia estatal se convierta en una extensión de una sola corriente.

En el PRI de Sinaloa, César Emiliano hizo sinergia con Liliana Cárdenas, exalcaldesa de Salvador Alvarado, quien ocupa la Secretaría General del Comité Directivo Estatal por petición de su padrino político, David “El Pecuni” López Gutiérrez, exjefe de prensa de Enrique Peña Nieto, a Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, dirigente nacional priista. La posición de Liliana es simbólica y alimenta la lectura de que el grupo de “El Pecuni”, antes conocido como “El Chilorio Power”, busca diputaciones plurinominales, pues carece de estructura territorial propia.

Paloma Sánchez Ramos ocupa un lugar relevante en esa disputa. El malovismo da por hecho que será la candidata no solo del PRI, sino también de la alianza PRI-PAN. Su condición de senadora y su interlocución con la dirigencia nacional le otorgan visibilidad y canales de negociación. Sin embargo, el acceso a esos espacios no equivale a una ventaja electoral en territorio frente a Zamora. Las mediciones publicadas durante el año han colocado al diputado federal por encima de ella en diversos ejercicios sobre la candidatura priista. El dato no cancela las posibilidades de Sánchez, pero sí establece una exigencia.

La diferencia entre ambos perfiles es abismal. Zamora busca convertir el respaldo que registra en una decisión formal; Sánchez dispone de una posición institucional y del apoyo soterrado del malovismo, lo que puede favorecer su interlocución. Él necesita que las encuestas y sus redes territoriales se traduzcan en poder de nominación. Ella debe demostrar que su capacidad de articulación nacional y partidista puede sostener una candidatura con posibilidades reales de competir. La resolución no dependerá solamente de quién tenga más simpatías, sino de cómo se valoren los activos de cada aspirante en una negociación que también contempla el futuro del partido.

En ese escenario, Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, constituye un punto de referencia obligado. Tanto Zamora como López Valdez mantienen interlocución con el liderazgo nacional priista, aunque esa cercanía no debe confundirse con una decisión tomada. La amistad política, los acuerdos previos y las relaciones personales facilitan el acceso a la mesa, pero no garantizan el resultado. En una sucesión estatal, las afinidades pueden ser importantes, aunque terminan sometidas a la aritmética electoral y a la distribución de posiciones.

El malovismo, por su parte, tiene incentivos para conservar una ruta paralela a la de Zamora. El plan es respaldar una candidatura, negociar posiciones legislativas, buscar espacios municipales o intervenir en la conformación de las listas plurinominales. La hipótesis de que pretenda intercambiar su respaldo por diputaciones locales y federales o alcaldías resulta verosímil como lógica general de negociación partidista, pero debe mantenerse como una hipótesis política mientras no existan acuerdos, declaraciones o documentos que permitan presentarla como un pacto concreto.

La pregunta decisiva es si esa corriente está dispuesta a respaldar al aspirante mejor posicionado dentro del PRI o si buscará que la candidatura recaiga en un perfil más cercano a sus propios intereses. Esa diferencia separa una negociación para fortalecer al partido de otra destinada a preservar cuotas de poder. En el primer caso, las corrientes subordinan sus diferencias a una candidatura competitiva; en el segundo, el aspirante se convierte en moneda de cambio y la selección termina respondiendo a los equilibrios internos antes que a las posibilidades de triunfo.

La eventual alianza entre el PRI y el PAN agrega otra variable. Ningún análisis serio puede dar por hecho que la candidatura corresponderá a un priista. El PAN tendrá que evaluar sus propios perfiles, su fuerza territorial y el costo de ceder la cabeza de la coalición. Si sus dirigentes consideran que pueden competir con una candidatura propia, la negociación cambiará sustancialmente. Si concluyen que una candidatura priista ofrece mejores condiciones de competitividad, el nombre de Zamora adquirirá un peso adicional, siempre que consiga sostener acuerdos internos y una plataforma opositora común.

Las mediciones de julio de 2026 difundidas por Arias Consultores mostraron escenarios favorables para Zamora al encabezar una eventual alianza PRI-PAN. Sin embargo, los resultados de un careo hipotético no sustituyen las decisiones de los partidos ni prueban que exista un acuerdo para postularlo. Su importancia radica en que ofrecen argumentos para que el priismo sostenga que debe privilegiarse al perfil con mayor capacidad de atraer votos más allá de su militancia.

El dilema de Mario Zamora es doble. Necesita preservar su ventaja electoral y, al mismo tiempo, construir una mayoría política que impida que su candidatura quede sujeta exclusivamente a los acuerdos cupulares. La popularidad sin el respaldo del PRI y del grupo Malova puede reducir sus posibilidades; las alianzas sin el respaldo del partido pueden producir una candidatura formalmente viable, pero políticamente débil. Su reto es evitar que una negociación desdibuje su posicionamiento.

La disputa no está resuelta. El malovismo mantiene su espacio de operación; Paloma Sánchez conserva interlocución nacional; César Emiliano Gerardo Lugo conduce la estructura estatal, y Mario Zamora dispone de mediciones que respaldan su aspiración. Cada actor representa una pieza diferente del rompecabezas. El desenlace dependerá de si el PRI convierte esas piezas en una candidatura común o si las diferencias internas terminan consumiendo el tiempo y la fuerza que necesitaría para negociar con el PAN. 

La popularidad la tiene Mario Zamora; las alianzas son el terreno donde el malovismo busca hacer valer su peso. Esa es la contradicción central de la sucesión priista en Sinaloa. El primero necesita que sus números se conviertan en una decisión; el segundo debe demostrar que su red de interlocución puede producir un acuerdo que le garantice influencia en el próximo ciclo político. Ninguno tiene todavía el resultado asegurado.

El destino de Zamora no dependerá únicamente de encabezar las preferencias internas; estará sujeto a la capacidad de su grupo para convertir la presencia territorial en fuerza negociadora, a la disposición del malovismo para aceptar una candidatura ajena a su control directo y a la decisión del PAN sobre quién debe encabezar una eventual coalición. La dirigencia nacional tendrá la última palabra dentro de los márgenes que permitan las reglas y los acuerdos partidistas, pero el costo de ignorar la competitividad electoral también deberá entrar en la cuenta.