Denuncian varios fraudes inmobiliarios en Mexicali

El Registro Público de la Propiedad y el Ayuntamiento de Mexicali serían participantes activos de los fraudes inmobiliarios denunciados aquí recientemente

Dianeth Pérez Arreola

“Miguel”, víctima del presunto estafador Rafael Camarillo Flores, acudió junto con él al Registro Público de la Propiedad. A pesar de que sabía que su vivienda aparecía ya a nombre de Geometar Asesores Inmobiliarios, en esa oficina le entregaron una partida antigua donde todavía la casa está a su nombre.

Los atendieron inmediatamente sin necesidad de turno y el documento ya lo tenían listo, y el cambio de propietario quedó listo en un periodo de dos semanas, cuando normalmente toma un par de meses. La digitalización del documento de identidad de Miguel en el Registro Público de la Propiedad lo hicieron poco nítido de manera intencional, cuestión que se aprecia en el trámite.

Además, para los trámites de la supuesta venta de la propiedad, el Ayuntamiento de Mexicali le selló los documentos a Camarillo Flores, quien en esta ocasión usó el nombre de Rogelio Márquez Lamarque. Dicho sello avala que pasó el proceso de verificación, dando por bueno un avalúo mucho menor que el real, cuando se supone que hacen un análisis del precio del metro cuadrado de la zona, la construcción, las dimensiones, etcétera.

El caso fue publicado en este portal el pasado 13 de septiembre; Miguel contactó al supuesto agente inmobiliario para vender su casa en el fraccionamiento El Campanario, valuada en 2 millones 200 mil pesos. Firmó un contrato con quien se identificó como Rogelio Márquez Lamarque y éste vendió la propiedad sin permiso y con el contubernio de la Notaría 15, cuyo titular es Giber Carlos Ramos Ramírez; el Registro Público de la Propiedad y el Ayuntamiento de Mexicali.

El abogado de Miguel, Jonathan Macías, comentó que interpuso una denuncia penal contra el presunto estafador por fraude y falsificación de documentos, una demanda civil contra la Notaría 15.

La Ley del Notariado de Baja California es muy protectora para los notarios, pero es evidente el contubernio que hay entre algunos notarios, por lo que pedirán que a Ramos Ramírez le quiten la patente por hacer mal uso de la fe pública.

Explicó que la Ley del Notariado primero castiga con amonestación, luego con multa y en muy pocos casos la cancelación de la patente, pero hay ya muchos casos que apuntan a ciertas notarías de la ciudad y pocas consecuencias.

Dijo que los fraudes inmobiliarios tienen en común que las transacciones se hacen por valores de entre 900 mil y poco más de 1 millón de pesos, porque el límite puesto por la Ley Antilavado es de cerca de 907 mil pesos, y el resto se estipula que será mediante otro método de pago. Por eso los avalúos de las propiedades vendidas de manera fraudulenta rondan esta cantidad, agregó.

El abogado remarcó que el documento elaborado por la Notaría 15 está escrito de manera que asientan que Miguel estaba presente durante los trámites de compra-venta, cuando no fue así. Además de que el documento asienta dos fechas: el 16 de julio y el 1 de agosto de 2025.  

Ante su ausencia, solo hubiera sido posible realizar la transacción mediante un poder notarial, instrumento que no está asentado en el documento elaborado por la Notaría 15.