Diputado lengua suelta
El diputado José Armando Fernández Samaniego, está descubriendo el hilo negro en materia de agua en Baja California, cuando a su paso por la Comisión estatal de Servicios Públicos de Mexicali, mas que preocuparse por el mejoramiento de la infraestructura para el suministro de agua a la población, se dedico a recaudar recursos de los usuarios, atendiendo instrucciones del gobernador Jaime Bonilla Valdez.
Ahora se presenta como redentor y conocedor de lo que sucede con el agua que los Estados Unidos entregan a México en cumplimiento del Tratado de Límites y Agua de 1944, argumentando combatir el mercado negro del agua.
Por ejemplo, menciona “Con el fin de garantizar el abasto de agua a Tijuana, y acabar con el “mercado negro” de la venta del vital líquido, se considerará, previa auditoría, incrementar la asignación con la que cuenta actualmente, además, también empezarán a cobrar a los grandes usuarios agrícolas, esos que tienen más de mil hectáreas”.
Pero, además, “en rueda de prensa dio a conocer los resolutivos del foro “Construyendo la estrategia del segundo piso de la Transformación”, los cuales fueron compartidos a la presidente Claudia Sheinbaum Pardo a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)”.
Es cuando nos damos de que, si bien la presidenta puede tener una visión generalizada de la situación del agua y en base a lo que sus asesores le dicen y los políticos, más bien grillos ignorantes del tema, como el ahora diputado federal, Fernández Samaniego le presentan como realidades sobre determinada zona, desconoce con precisión cual es el problema y cual la solución.
Fernández Samaniego, tal vez ignore que, en el año de 1972, a través del Acta 242 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, luego de la construcción de una batería de pozos en la mesa arenosa de San Luis Rio Colorado, Sonora se hizo una asignación de volúmenes de agua a las ciudades de Mexicali, Tijuana, Tecate y Ensenada que, en aquel momento satisfacían las necesidades de consumo.
La excesiva demanda de agua que hoy tiene la costa, son producto de la complacencia o corrupción de los gobiernos de Baja California, quienes, atendiendo presiones o intereses de los empresarios de Tijuana, principalmente, impulsaron el desarrollo industrial de la zona costa, sin considerar los consumos de agua, superiores a la capacidad e conducción del acueducto Rio Colorado Tijuana.
Jorge Gallego Salas, siendo Secretario de Economía del estado emitió su opinión, precisando que la industria se debía de impulsar en Mexicali, municipio con tierra plana, vías de comunicación y agua.
Los empresarios tijuanenses pusieron el grito en el cielo y hasta pidieron la destitución de Gallego Salas, pero la serenidad y capacidad de análisis del gobernador Héctor Terán -QEPD- no atendió la exigencia, mientras que los empresarios cachanillas guardaron silencio.
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