- “Ojalá y que ese recurso no haya sido desviado como ha venido sucediendo con Segalmex”; productores
- Incumplió a trigueros de Baja California no han recibido su pago
- En BC han sido ignorados por gobernadora Marina del Pilar
- Funcionarios de Sader BC solo hablan sin soluciones
MEXICALI. – A punto de concluir el gobierno de la 4T, del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, Segalmex semeja un barril sin fondo, por la multimillonaria desviación de recursos que, supuestamente eran para beneficiar a los productores de granos y familias del sector social, pero nadie sabe dónde quedaron.
El licenciado Ignacio Ovalle, emblema de la juventud en el sexenio del presidente Luis Echeverria Álvarez, tuvo el beneplácito del creador de la 4T para ser el director de Segalmex, empresa anunciada con bongo y platillo para terminar con la corrupción de la CONASUPO, pero resulto peor, por la inmunidad que el jefe de la nación dio a director al conocer el desvío de recursos por cerca de 20 mil millones de pesos.
El desorden administrativo en Segalmex se dio a lo largo y ancho del país, afectando a los productores agrícolas y ganaderos que se decía apoyarían, al igual que a integrantes de la población que adquiría productos de la satanizada CONASUPO.
GOBERNADORES OMISOS
Lamentablemente, en el gobierno de la 4T, la gran mayoría de los gobernadores de los estados han permanecido en silencio frente a los reclamos de los campesinos que piden apoyo en gestoría, como ocurre en Baja California, con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, que ni siquiera ha recibido a los productores de trigo, mientras los funcionarios de la Sader BC simulan atención, pero sin respuestas concretas.
A continuación, información de Orfalinda Hinojosa, de Infocampobc; Vicente Ruiz / El Sol del Bajío y de Alejandro Domínguez / La Voz de la Frontera:
Con la esperanza de que la Gobernadora del Estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, diera respuesta a los productores de trigo del Valle de Mexicali, el Profesor Luis Rosales Ramírez, integrante del Consejo Estatal de Productores de Trigo, le solicitó de nueva cuenta una audiencia durante la jornada “Reunión Comunitaria” en Ciudad Guadalupe Victoria Km43, en el Valle de Mexicali.
Rosales Ramírez declaró que aprovechó la oportunidad durante el mencionado acto organizado por el Gobierno del Estado, en donde le dijo a la titular del Ejecutivo del Estado, que para lograr dicha reunión solicitada desde hace meses, a principios de agosto pasado, los integrantes del Consejo Estatal de Productores de Trigo, tomaron las instalaciones de la SaderBC en el Ejido Sinaloa, mismas que a petición del titular, Juan Meléndrez Espinoza, fueron liberadas con el compromiso de agendar un encuentro con ella, fecha que no ha llegado.
Señaló que ya se han reunido con representantes de la Secretaría General de Gobierno y de la SaderBC, sin embargo, las pláticas no avanzan, de ahí la urgencia de que la Gobernadora acceda a una reunión con los productores para que escuche de viva voz, las necesidades que presentan.
En cuanto a la respuesta de la titular del Ejecutivo del Estado, Rosales Ramírez, indicó que no hubo reacción, solo por parte del equipo de personas que auxilian en este tipo de actos comunitarios, quienes tomaron sus datos y proporcionaron un correo electrónico para hacer la petición por ese medio.
SEGALMEX INCUMPLE A TRIGUEROS DE BC
Alrededor de 400 productores que sembraron una superficie aproximada de 12 mil hectáreas de trigo harinero, o panificable, no han recibido su pago por parte de Segalmex, lo que les afectará seriamente, manifestó Horacio Gómez Carranza, presidente del Consejo Estatal de Productores de Trigo de Baja California.
Mencionó que el precio de garantía establecido por el gobierno federal para el trigo harinero o panificable, es de 7 mil 050 pesos por tonelada, mientras que el que pagó la industria al productor fue de 4 mil 820.
Para alcanzar los 7 mil 050 pesos por tonelada, el gobierno federal, a través de Segalmex (Seguridad Alimentaria Mexicana), debe aportar 2 mil 230 como complemento, por las primeras 200 toneladas, cosa que no ha sucedido, expuso.
Si produjo más de 200 toneladas, el complemento es de 1 mil 115 pesos, pero solamente para las siguientes 100 toneladas.
Si la producción fue superior a las 300 toneladas, para el resto no hay apoyo.
Lo anterior significa que quienes obtuvieron rendimientos menores a siete toneladas por hectárea, quedaron a deber, por lo que muchos no alcanzaron a pagar sus créditos con lo pagado por la industria.
Por el momento, no saben cuándo les pagarán ese complemento, ya que, en la cosecha del 2023, este recurso les fue pagado hasta principios del 2024.
Por lo regular, para estas fechas, el gobierno federal ya les había pagado el complemento, sin embargo, cuando se creó Segalmex en la actual administración, vinieron los retrasos, tanto así que apenas están recabando la información de los productores, señaló Gómez Carranza.
Para este ciclo agrícola que acaba de terminar, se produjeron alrededor de 90 mil toneladas de trigo harinero o panificable, dijo.
Gómez Carranza señaló que, si bien les va, para el mes de octubre o noviembre les pagarían.
De lo contrario, les liquidarían hasta el 2025, cuando las siembras inician, a mediados de noviembre.
Además, quienes no hayan sacado para pagar el crédito, le suben mucho el adeudo, por los intereses.
El gobierno federal, a través de Segalmex, aún no ha definido cuánto va a tomar como precio de referencia el próximo ciclo, para darles la compensación que les hace falta para llegar a los 7 mil 050 pesos por tonelada, la cual debería ser de los ya citados 2 mil 230, manifestó.
“El año pasado hubo productores que recibieron entre 100 y 150 pesos menos, de lo que se había pactado, sin embargo, si el gobierno federal saca el precio de referencia entre 5 mil y 5 mil 100, y no los 4 mil 820 que pagó la industria, entonces solo recibirían entre 2 mil 050 o 1 mil 950, es decir, entre 180 y 130 menos de lo que requieren para llegar a los 2 mil 230”.
Es por lo anterior que es necesario que los centros de acopio y los industriales paguen en una sola exhibición el precio de garantía, es decir, los 7 mil 050 pesos, y que sean ellos los que tengan que esperar a recibir el complemento que otorga el gobierno, propuso Gómez Carranza.
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