Las cuentas y cuentos chinos de AMLO en salud

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Por Mario Maldonado

Las cuentas del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las compras de medicamentos para su Instituto de Salud para el Bienestar son manipulables. Efectivamente su gobierno está destinando a este rubro la mitad de lo que se invirtió en los dos últimos años anteriores, pero porque el monto que se presupuestaba para la compra de fármacos de un año completo de atención ahora se proyecta para dos.

Cuando en 2021 y 2022, con el malogrado apoyo de la UNOPS, se completaron con muchas dificultades más de mil claves requeridas para dar cobertura al sector salud, correspondientes a más de 2 mil 600 millones de piezas de medicamentos y materiales de curación, se informó oficialmente sobre un presupuesto anual de inversión de 76 mil 969 millones de pesos; de estos, alrededor de 45 mil millones se erogaron a través del organismo de Naciones Unidas y unos 31 mil millones correspondieron a compras de los institutos de salud nacionales.

El Presidente dijo este lunes que ya se compraron todos los medicamentos para éste y el próximo año. Según la información disponible en la plataforma Compranet, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social se destinaron 73 mil 500 millones de pesos. Los contratos de adquisición adjudicados tienen un periodo de vigencia del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2024.

Son 288 los contratos que el IMSS, a cargo de Zoé Robledo, ha reportado sobre las compras de medicamentos y materiales de curación para el Insabi, de Juan Antonio Ferrer, formalizados entre diciembre de 2022 y marzo del presente año. En todos estos se involucran a 202 empresas farmacéuticas y de equipo médico, la mayoría de origen mexicano o bien filiales de algún laboratorio trasnacional. Algunas de estas son AstraZeneca, de Julio Ordaz; Pfizer, de Constanza Losada; Novartis, de Fernando Cruz; Bayer, de Manuel Bravo y Eli Lilly, de Karla Alcázar.

En estas compras también están presentes la mayoría de los laboratorios y distribuidores que han sido objeto de linchamiento desde la tribuna de Palacio Nacional o desde alguna dependencia o funcionario del gobierno federal, algunas víctimas de inhabilitaciones por parte de la Secretaría de la Función Pública; entre estos últimos están Farmacéuticos Maypo, Laboratorios PISA, Fresenius Kabi, Vanquish y Probiomed.

A López Obrador le han vendido la idea de que el acuerdo que firmaron con la UNOPS para generar ahorros en la compra de medicamentos fue finalmente un fraude, y que los llevó como gobierno a duplicar la inversión en la materia, lo cual es cierto, pero su gobierno no ha asumido el error.

El esquema que ahora sale a defender ante los medios es el que centraliza las compras en el recientemente creado IMSS Bienestar, el cual se enfoca en licitaciones con laboratorios de casa y desecha la parte de las compras internacionales.

En ese sentido, también es correcto que López Obrador, como lo aseguró con toda firmeza, tendría pruebas de que se ahorraron en las recientes compras alrededor de 48 mil millones de pesos. Esto si se suman los recursos que le entregaban a la UNOPS anualmente para asegurar sus claves, más los 3 mil o 4 mil millones de pesos que le pagaba por ser su intermediario.

Los otros datos del presidente López Obrador coinciden con los de la industria y retratan una realidad de un gobierno que sigue probando esquemas que más que acercarse, alejan a México más y más de los niveles del sistema de salud de Dinamarca.

Posdata 1

Como pintaron las cosas este lunes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, probablemente será un ministro o ministra el que defina la constitucionalidad o inconstitucionalidad del traspaso operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

La ministra Yasmín Esquivel y el ministro Arturo Zaldívar defendieron el cambio de mando civil a militar de la Guardia Nacional aprobado en septiembre del 2022, por mayoría simple, en la Cámara de Diputados y en el Senado.

El proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara fue apoyado por la presidenta de la Corte, Norma Piña, tal y como lo anticipamos ayer en este espacio. Falta ver el sentido de las posturas de los otros siete ministros y ministras.

Se requieren ocho votos para declarar inconstitucional el dictamen que modifica cuatro leyes para que el Ejército ejerza el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional.

Si los afectos se mantienen como en enero de este año, cuando se eligió a la nueva presidenta de la Corte, se espera que acompañen el proyecto Javier Laynez, Jorge Pardo y Alberto Pérez Dayán, además de Norma Piña y el ponente Juan Luis González Alcántara. A estos se podrían sumar Luis María Aguilar y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Loretta Ortiz sería entonces la ministra que pudiera inclinar la balanza, aunque por su cercanía con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la más probable es que vote en contra, como Esquivel y Zaldívar.

Posdata 2

Los empresarios, encabezados por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, se fueron a la Feria de Hannover 2023, en Alemania, a promover a México como uno de los países más atractivos para la inversión.

México es el principal destino de la inversión alemana en América Latina y, con eso de trasfondo, la iniciativa privada del país viajó a Europa en busca de cualquier oportunidad para ampliar las relaciones con Europa.

El contexto en México, sin embargo, no es alentador. El presidente López Obrador propuso una reforma administrativa de gran calado que involucra modificaciones a 23 leyes secundarias, con la cual el gobierno federal podrá iniciar la construcción de obras sin la necesidad de contar con todos los permisos hoy requeridos; también incluye la posibilidad de terminar contratos con privados de manera anticipada, reducir el pago de indemnizaciones y revocar permisos y concesiones de particulares bajo el argumento del bien público.

El CCE y la mayoría de las agrupaciones empresariales ya pusieron el grito en el cielo. Consideran que esta iniciativa es, junto con la de la industria eléctrica y la reforma minera, de lo más nocivo para las inversiones. “Es la reforma más perjudicial de todas”, me dijo Claus Von Wobeser, presidente de la Cámara Internacional de Comercio de México.

Mal augurio para el nearshoring y las inversiones que esperan en la Secretaría de Hacienda y en Economía, de las cuales tanto Rogelio Ramírez de la O y Raquel Buenrostro no dejan de hablar ni de frotarse las manos.

@MarioMal

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