Por Beatriz Pagés
El legislador norteamericano Dan Crenshaw lanzó a López Obrador una pregunta que dio en clavo: “¿A quién representa señor presidente: al pueblo o a los cárteles?”
Los mexicanos llevamos cuatro años tratando de saber a qué intereses sirve un presidente que llegó al poder para destruir el país. Que dedica cada hora y cada minuto de su tiempo en desmantelar las instituciones democráticas y en sabotear las oportunidades de progreso.
El gobierno de López Obrador satisface más los intereses de la delincuencia que las necesidades de los mexicanos. El empoderamiento de los cárteles, la libertad con la que asesinan y secuestran, la impunidad de la que gozan sólo tiene una explicación: son tolerados, usados y protegidos por el régimen.
Estados Unidos tiene en su frontera sur un problema y ese problema se llama Andrés Manuel López Obrador. Como bien dijo el ex Fiscal norteamericano William Barr: “es un facilitador de los cárteles”. Alguien que inventó la política de “abrazos no balazos” para no enfrentarlos, no tocarlos y mantener a salvo su poder.
México se ha convertido en un riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos. Y lo es, no solo porque secuestren y asesinen a sus ciudadanos en la frontera, sino porque advierten que está en vías de instalarse en el país una narcodictadura.
El Plan B de la reforma electoral encendió las alarmas en los más altos círculos políticos y mediáticos internacionales. El analista David Frum de la revista Atlantic deslizó una verdad incuestionable: en México hay un autócrata que busca dinamitar la democracia de su país a través de una reforma que facilita la participación del crimen organizado en las elecciones.
El debate en el Congreso norteamericano sobre si los carteles mexicanos deben ser calificados o no como “terroristas” tiene un trasfondo más delicado. No solo se trata de perseguir a un grupo de pandilleros sino de ubicar a México como un país donde el gobierno está utilizando a los criminales para hacer volar el orden establecido.
Y no solo para eso, sino para imponer el triunfo de Morena en las elecciones del 2024. Los comicios presidenciales ya forman parte de la agenda de seguridad de Washington. Saben que si AMLO logra imponer a su sucesor, México entraría de lleno a la órbita de las dictaduras latinoamericanas infiltradas por el narcotráfico.
Cada vez es más claro para el extranjero que el Plan B fue diseñado para sustituir la estructura del INE por la estructura del crimen organizado. Se le está entregando soterradamente la organización y los resultados de las elecciones a la delincuencia. La columnista de Wall Street Journal, May Anastacia Ógrady lo sintetiza así: “AMLO dará paso a un narcoestado si acaba con el INE”.
El secuestro de cuatro ciudadanos norteamericanos y el asesinato de dos de ellos en Matamoros, Tamaulipas ha escalado las críticas en el Congreso y en el periodismo de Estados Unidos contra el régimen obradorista. Biden permanece cauto y en silencio, pero lo cierto es que en cualquier momento alguien puede hacer pública la verdad.
Y la verdad tiene que ver con saber cómo ganó López Obrador en el 2018 el poder. Cómo recibió ayuda económica de los criminales y cómo ahora está obligado a gobernar para ellos.
¡Claro!, hoy utiliza la soberanía para desviar la atención y culpar al vecino de intervencionista cuando él no ha sido capaz de impedir que los criminales controlen el 30 por ciento del territorio nacional.
Por eso, vale la pregunta que le hizo el republicano: “¿A quién representa, señor presidente, al pueblo o a los cárteles?”
@PagesBeatriz
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