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Beatriz superó a Marta

Por Francisco Ruiz*

Muy orondos, el presidente, la no primera dama y hasta el canciller Ebrard presumieron en sus redes sociales la presencia de la esposa de Andrés Manuel López Obrador en la toma de protesta de Luiz Inácio “Lula” da Silva como presidente de la República Federativa de Brasil.

La señora Gutiérrez, además de publicar un video desde la sede del Congreso Nacional brasileño, posó junto al primer mandatario de aquel país sudamericano. No conforme, al tomar o fotografía oficial hizo la señal de la 4T (o, mejor dicho, cuatrote) en una evidente alusión al gobierno de su esposo, como si se le hubiera “olvidado” que el jefe de Estado mexicano representa a una nación y no a su administración híper-personalizada.

Así, además de los casi 33 millones de pesos anuales que administra la oficina creada expresamente para Beatriz Gutiérrez, de nuestro bolsillo se pagaron el vuelo, la estancia, comidas y “recuerditos” de la presidente honoraria del Consejo Asesor de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México.

Me dicen que no debo sorprenderme, menos escandalizarme, y es cierto, sin embargo, lo que realmente me causa es indignación. ¿Cuál es mi motivo? Uno muy sencillo: la señora no es funcionaria; tampoco la contratamos en “paquete combo” junto a su marido, y para eso es que, precisamente, tenemos a una Secretaría de Estado especializada en las relaciones que México sostiene con los países del mundo.

Si no me cree, basta con que consulte los artículos 80, 89, fracción X, y 90 de nuestra Carta Magna, para confirmar que el Supremo Poder Ejecutivo de la Federación se deposita en una sola persona: el presidente. Quien, dentro de sus facultades, tiene la obligación de dirigir la política exterior de nuestra nación. Cómo es lógico, al menos desde 2018, es imposible que una sola persona se ocupe de todas las tareas del gobierno federal, por lo que las desdobla a través de la Administración Pública federal, es decir, en un gabinete legal y uno ampliado. Tal vez se trate de (en su gran mayoría) un gabinete ineficiente y sumiso, pero al fin de cuentas, es lo que establece la Constitución y a ella sí debemos obediencia.

En ese sentido, el artículo 90 constitucional se amplía y pormenoriza a través de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, vigente desde 1976 y con una última reforma efectuada en septiembre de 2022. En el artículo 28 de dicha norma, se establece que, dentro de las funciones o asuntos que corresponde despachar a la Secretaría de Relaciones Exteriores está: “ Promover, propiciar y asegurar la coordinación de acciones en el exterior de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; y sin afectar el ejercicio de las atribuciones que a cada una de ellas corresponda, conducir la política exterior, para lo cual intervendrá en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones en los que el país sea parte”, además de: “Intervenir en lo relativo a comisiones, congresos, conferencias y exposiciones internacionales, y participar en los organismos e institutos internacionales de que el Gobierno mexicano forme parte”.

A pesar de que lo anterior no merece interpretación alguna y que la figura de “primera dama” o “esposa del o la presidente” NO existe en la Constitución ni en la ley referida, la señora Gutiérrez continúa usurpando funciones y gastando nuestro dinero, para ello se la pasa buscando pretextos para viajar alrededor del planeta, ¿o acaso ha olvidado los viajes de Beatriz Gutiérrez a Europa, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, además de El Caribe?

Dimos el beneficio de la duda a la leyenda en torno a la primera esposa de López Portillo, quien, se dice que viajaba a cualquier parte con su piano de cola. También supusimos que la excesiva influencia y protagonismo de Marta Sahagún de Fox, era lo peor que podría sucederle a un país como el nuestro; lamentablemente, nos equivocamos. Beatriz superó a Marta, ¡y por mucho!

Post scriptum: “Más vale malo conocido que bueno por conocer”, dicho popular.

 * El autor es escritor, catedrático, doctor en Derecho Electoral y asociado del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

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