Fondos de garantía en el campo
Por Reynaldo Magaña Magaña*
Las políticas gubernamentales para el sector rural no se han diseñado, ni ejecutado correctamente.
Las dadivas para los huertos familiares o la cría de subsistencia con cabras, ovejas, conejos o la plantación de árboles, si bien lo recibirán los campesinos, no resuelve el fondo de la problemática rural.
Los campesinos necesitan financiamiento y la formulación de proyectos de inversión que garanticen la creación o consolidación de negocios en el medio rural.
En esto el financiamiento agropecuario resulta de fundamental, sin embargo, en el esquema actual ello esta cancelado.
A partir de mil novecientos noventa y dos, con la creación de la actual ley agraria, si bien se eliminaron las restricciones para que los campesinos no estuvieran obligados a trabajar personalmente la tierra, sino que lo pudieran hacer por conducto de terceros, mediante arrendamiento, asociaciones o cualquier tipo de sociedad, prácticamente también se eliminó el financiamiento, con lo que los ejidatarios entraron en una ruta compleja para poder hacer producir la tierra.
Con independencia de ello, en el gobierno no existe un programa definido en torno a la organización para la producción; se ha dejado a los rurales a su suerte, abandonándolos ante las fuerzas del mercado, donde no tienen capital con el cual podrían enfrentar la competencia.
La ley agraria contempla muchas figuras asociativas, que de impulsarse permitirían a los campesinos enfrentar con éxito la competencia de producción y comercialización.
Como se publicó recientemente en esta columna, la primera parte de la ley agraria, en los artículos del cuatro al ocho, que son de la mayor importancia, se observa solución al impulso y desarrollo que puede darse al agro.
Se refieren a: … «Del desarrollo y fomento agropecuarios» …, que tienen que ver con la intención del gobierno para diseñar políticas públicas que garanticen incrementar el nivel de bienestar de la gente del campo, facilitando el crédito, la organización para la producción y la participación de los productores rurales en la toma de decisiones de las políticas públicas para el medio rural.
Hasta hoy eso no ha ocurrido, no se ha encontrado respuesta, ni ejecución a lo ahí expresado.
Son muchas las disposiciones que la ley agraria establece para la organización de la producción, así como para el financiamiento y la planeación, en términos de la democracia participativa; sin embargo, solo ha quedado en letra muerta en la ley y tampoco se ha consumado.
En el entorno anterior, resulta necesario complementar lo indicado en el artículo cincuenta y uno de la ley agraria, el cual señala … «El propio núcleo de población y los ejidatarios, podrán constituir fondos de garantía para hacer frente a las obligaciones crediticias que contraigan, los cuales se crearán y organizarán de conformidad con los lineamientos que dicte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público» …
En esto si bien existe la norma general, la reglamentación que ahí se indica no se ha complementado, esto es no se han dado aún los lineamientos que debió haber emitido la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que los ejidos y los ejidatarios, según sea el caso, puedan constituir los fondos de garantía y con ello acceder al crédito y a la producción organizada, sea de manera individual, en sociedades o en asociaciones.
Urge que el legislativo tome en sus manos de manera preponderante el imperativo inacabado de los fondos de garantía; es necesaria el trabajo legislativo para la reglamentación desde la Secretaría de Hacienda de los Fondos de Garantía, mediante los cuales los ejidos cambiarían radicalmente sus posibilidades de acceso al financiamiento, sin necesidad de recurrir al gobierno para solventarlo, sino que los propios ejidos serían garantes del crédito.
Aunado a lo anterior, un amplio programa de consulta campesina, mediante foros agrarios con los cuales se enriquecería la propuesta, validaría la reglamentación de los fondos de garantía.
Los propietarios rurales en todo el país claman atención y soluciones a sus demandas; esto sería una respuesta sería y contundente a esos planteamientos.
*El autor es especialista en derecho agrario y promotor de economía solidaria
Twitter: @ReyMagaa
Facebook: Rey Magaña
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