Al garete el agro de BC
Por César Villalobós López
Contrario a lo que ocurre en varios estados de la república, donde los gobernadores atienden y exigen respuesta de los agricultores y ganaderos, en Baja California, la improvisación con funcionarios ajenos al campo y el desconocimiento de los vericuetos de gestoría para impulsar programas, más la ausencia de presupuesto y la ausencia de efectos positivos del “tic toc” y “el corazón por delante” de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmedo, tienen al valle den deplorable situación.
Si a ello le agrega la sed de justificación de aquellos que tiran la piedra y esconder la mano para llamar la atención de funcionarios, quienes, por su desconocimiento a intereses de esos individuos, les consideran como lideres, les dan cabida, pierden tiempo con ellos, por no considerar que carecen de liderazgos reales, el asunto se complica.
Lo hay que, en la búsqueda de legitimar una representación que les cobije en la consecución de sus objetivos, impulsan la creación de comités para buscar soluciones a los adeudos, en defensa de la tierra, del agua, o de lo que sea, son muy entusiastas, pero tiran la toalla cuando las cabezas les ignoran al tratar de imponer criterios a conveniencia personal y, luego buscan otro foro, jalando a unos cuantos campesinos, para después volver a lo mismo.
Entre los supuestos luchadores por las carteras vencidas, los créditos, los precios, la comercialización, los representantes de comisariados, de los usuarios del agua y otros, solo para poner un ejemplo, no hay más de 10 o 15 en el valle de Mexicali, pero ellos aprovechan la ignorancia y desconocimiento de los funcionarios de la Secretaría del Campo y Seguridad Alimentaria para quitarles el tiempo con propuestas absurdas, generalmente a interés de compadres y propio, pero no generalizado.
Otros pregonan la democracia y actúan alineándose a funcionarios y diputados dando la impresión de estarles orientando sobre diversas acciones de los grupos o comités que ellos mismos promovieron y se convierten en orejas, pero llevan y traen, buscando la simpatía o confianza de los entes gubernamentales o legislativos.
Dicho sea de paso, siempre pretenden imponer sus criterios y si no logran hacerlo con los productores, si desorientan a los noveles funcionarios que, por su escaza visión hacia los proyectos y necesidades para impulsar las actividades agrícolas y pecuarias, los confunden con los programas sociales, u obedecen líneas de políticas electorales.
En el gabinete de la Secretaría del Campo y Seguridad Alimentaria hay estudiosos con muchos años de quemarse las pestañas, pero en espera de sus jubilaciones y sin interés en confrontarse con sus jefes, además de contar con elementos teóricos que corren bien el lápiz, convenciendo que trabajan, aun cuando no hagan nada positivo.
Al mismo tiempo, y, por si fuera poco, algunos de los supuestos liderazgos, los que sostienen siglas, con membresía de papel, promueven movimientos de protesta que luego ponen en manos del titular de la Secretaría del Campo, tratando de darle capacidad de convocatoria y de negociación que no tiene y que, en lugar de quedar bien con la gobernadora Marina del Pilar, no le hace ningún favor frente al interés de los productores.
Sin embargo, la característica de los gobiernos de la 4 T, son la presentación de otros datos, o de buscar halagos de medios publicitarios que solo mencionan o publican la versión oficial, sin escudriñar o buscar referencias.
Por ejemplo, se cuestionó al arquitecto Juan Meléndrez Espinoza sobre la clasificación de huevo, porque los empresarios de la avicultura comercializan huevo identificado con la etiqueta AA, emitida por la Secretaría a su cargo, cuando el huevo no corresponde al tamaño, ni al peso establecido por la Norma Oficial Mexicana.
Días después la SCSA inicio una campaña de orientación sobre el manejo y conservación del huevo, pero ello no trae ningún beneficio al consumidor, quien paga un alto precio por la docena de huevo que, por su contenido debería de comercializarse por peso, como se hace en otras entidades.
Melendrez Espinoza reconoció que no existen granjas avícolas con reconocimiento o certificación de orgánicas, pero si les proporcionan, más bien les venden las etiquetas de clasificación, porque su venta representa una fuente de ingreso para el estado, a costa de la economía de los consumidores de huevo.
Desde su paso por la Cámara de Diputados, Meléndrez Espinoza vio en las granjas y huertos familiares una panacea de promoción, con resultados ficticios, pero se utiliza el argumento de que se proporcionan elementos de subsistencia a las familias y ahora, en la CSSA ha continuado con la fantasía de su antecesor, Héctor Haros Encinas, con la proyección de huertos y granjas en las escuelas, soslayando que algunas parcelas escolares, con la complicidad de comisariados ejidales fueron enajenadas y comercializadas.
Pero lo que se pretende dejar claro es que, cuando los gobernadores tienen voluntad y sus funcionarios del sector agropecuario conocimientos y visión para impulsar el desarrollo productivo, generan programas con recursos del erario y/o negociaciones con entes financieros para apoyar a los productores hacia su consolidación económica y mejoramiento social.
Ejemplo de ello tenemos en Durango, Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa, por solo mencionar algunos, siendo el más reciente el de la gobernadora de Chihuahua en apoyo a los ganaderos, mientras que, en Baja California, el gobierno ha sido pasivo en la recuperación del estatus de “zona limpia”, perdido por la negligencia e irresponsabilidad del presidente de la Unión Ganadera Regional, Gustavo Rodriguez Cabrales, además de presidir el Comité de Protección Pecuaria.
También la complicidad del represéntate de la SADER por su pasividad en la vigilancia al Comité de Protección Pecuaria, así como del creador de la Secretaría del Campo y del mismo Meléndrez Espinoza que, siendo presidente de la Comisión de Agricultura del Congreso le autorizaron varios montos de dinero, situación que se repitió en cuanto Marina del Pilar Avila Olmedo llegó a la gobernatura y Meléndrez Espinoza a la SCSA.
¿Acaso Marina del Pilar o el propio Juanito -como le dice la gobernadora- saben el daño económico que le hacen a los pocos criadores de ganado que no pueden exportar sus becerros a los Estados Unidos?
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