¿Fin del caso Ayotzinapa?
Por Armando Ríos Ruiz.
tabloiderevista.com
Poco después del 26 de septiembre de 2014, un político muy destacado me dijo: Peña Nieto va a tener que cargar en su espalda, toda su vida, con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En esa época el Presidente se atrevió a reclamar a los familiares guerrerenses, que se olvidaran ya del asunto. Como si fuera tan fácil.
Los hechos llegaron finalmente a una etapa en la que se pretende tener la solución definitiva.
La figura más destacada que pertenece a esos días, es la de quien ocupaba el cargo de Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam. El primer mandatario debió decirle desesperado: ’¡Haga algo! ¡Investigue! ¡Solucione! ¡Invente! ¡Ya no aguanto a esos desgraciados!’
Hoy, el gobierno da la noticia sensacional de que el mismo día, Rosario Robles recuperó su libertad y Murillo Káram es detenido, como el principal responsable de lo que ocurrió la fatídica noche del 26 de septiembre y la madrugada del día siguiente. Los estudiantes fueron incinerados en un basurero de Cocula, lugar cercano a Iguala, durante una noche lluviosa que hubiera apagado cualquier fuego.
Quedó impresa con el fantástico nombre de ’Verdad Histórica’. Algo así como la verdad absoluta que no admite reclamación y que se impondría sobre cualquier argumento. Sólo que sustentada en bases demasiado frágiles que fueron desmentidas paulatinamente, por la ausencia de pruebas contundentes y con la presencia en ese lugar, de Tomás Zerón de Lucio.
Este personaje fue director de la Agencia de Investigación Criminal, utilizado por el Procurador hoy detenido, para alterar la supuesta escena del crimen, con la siembra de señales indicadoras de su uso sacrificador. Por ello, hoy más que nunca resulta imprescindible su presencia, que podría aportar datos muy valiosos para conocer la verdad en su más certera expresión.
Está en Israel, temeroso de ser aprehendido, toda vez que Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, ha pregonado a los cuatro vientos que podría pasar hasta 60 años de prisión por delitos de tortura y desaparición forzada. Además, por ser obediente ejecutor de los planes del gobierno, como participante en la fabricación de la conclusión de un crimen masivo que quedó más confuso.
Pero fue capturado Murillo y puesta en libertad Rosario Robles, en un acto que se antoja más publicidad con fines electorales que sirvan para enriquecer las filas de votantes a favor de Morena, tanto el año entrante como el que le sigue. Con lo expresado, se pone un freno definitivo a las familias de los desaparecidos en la demanda ’vivos se lo llevaron, vivos los queremos’.
Rosario ya no tenía qué hacer encerrada. Para muchos, su reclusión obedecía a una venganza ejercida por el mismo primer mandatario. Durante el proceso a que fue sometida se demostró que debería haber abandonado la cárcel hace mucho tiempo. El mismo día de su liberación es detenido Murillo, como para dar doble golpe a dos actos diferentes de justicia.
No es que el ex procurador sea inocente. Tuvo una participación destacada en contra de los normalistas mencionados, que lo convirtieron en sujeto de investigación. En otros países obedientes de la ley hubiera sido detenido inmediatamente, junto con otros que hoy están en fuga.
Pero se hace necesaria una pregunta: ¿Por qué se ha dicho que no existe absolutamente nada que vincule al ex Presidente Peña Nieto con el caso, en el que forzosamente debe ser el principal responsable? ¿Lo defiende el pacto entre él y el actual mandatario, que abarca lo electoral y cualquiera otro delito, frente a la decisión de no intervenir en la elección de 2018?
Por cierto, tampoco se ha mencionado la responsabilidad del ex gobernador, Ángel Aguirre Rivero, quien tuvo conocimiento de primera mano, de lo que ocurría en Iguala. ¿Hay algo que nunca se mencionó, entre los dos funcionarios (Peña y Aguirre), que obligue al silencio sobre su omisión o su aparente falta de interés en el asunto? ¿Por qué no se habla de ellos?
Aquella vez, ambos se echaron culpas: ’yo creí que iba a intervenir el gobernador’ y viceversa. La verdad es que ambos deberían ser llamados a cuentas y pagar sus respectivos delitos. El caso no debe ser cerrado.
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