Diputado Diego Echevarría Ibarra .
MEXICALI. – Dos ex funcionarios del gobierno de Jaime Bonilla Valdez se auto asignaron elementos y equipo por un millón de pesos mensual – “¿A que le tienen miedo?, si nunca atendieron el tema de la seguridad en el Estado”, señaló el legislador.
Que se investigue de fondo si hubo ilegalidad en la auto asignación de seguridad personal a cargo del erario por ex funcionarios estatales, fue el posicionamiento del diputado Diego Echevarría Ibarra a la Secretaría de Honestidad y Función Pública, que dirige Rosina del Villar Casas.
Aunque en las últimas horas se informó que ya estaban utilizando a 8 agentes y les fueron retirados desde el viernes, el acuerdo señalaba que podían utilizar hasta 30 elementos del sistema penitenciario por la auto autorización de Amador Rodríguez Lozano para protección personal, junto con Jesús Núñez Camacho como ex comisionado del sistema y donde se incluía a sus familias, así como el uso de 4 unidades, mantenimiento y gasolina.
El costo mensual sería aproximado de 1 millón de pesos y además puntualizó el legislador que ambos ex funcionarios fueron los involucrados al inicio de la administración del ex gobernador Jaime Bonilla en tema de “moches” a cambio de contratos, tema que la fiscalía no investigó.
“Más allá de retirar las escoltas, es necesario revisar la legalidad del acto, porque no es justo que un ciudadano pague además de los impuestos, recursos para una patrulla de barrio, cuando los ex funcionarios piden que se paguen del erario”, precisó Echevarría Ibarra.
De igual forma cuestionó los argumentos del ex secretario general de gobierno, Amador Rodríguez al señalar que habría riesgo hacía su persona por la presencia de internos con relaciones con grupos del crimen organizado.
“¿A que le tienen miedo?, si nunca atendieron el tema de la seguridad en el Estado, ¿de qué tienen miedo si no se hizo nada?, en sus dos años de gobierno hubo 6 mil muertos en Baja California”, señaló.
También solicitó que se investigue la denuncia que interpusieron el grupo de Ciudadanos por la Dignificación del Sistema Penitenciario por supuestos cobro irregulares para entrega de bases laborales, cohecho, solicitar dinero para las proliferaciones, entre otros puntos.es” a cambio de contratos, tema que la fiscalía no investigó.
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