No a la corrupción, dice la 4T
Por César Villalobos López
Pingue negocio podría estar fraguando el Ing. Juan Manuel Martínez Núñez, encargado de la delegación de la Secretaria de Agricultura, en combinación con empresarios de centros de acopio apuntados para recibir el trigo que los productores del valle de Mexicali pretenden vender a empresarios italianos.
Esa interrogante surgió de integrantes del habilitado Consejo de Sistema Productores de Trigo Estatal de Baja California, después de que el encargado de la SADER estuvo sin dialogar con ellos, pero si con empresarios de Centros de Acopio y de buenas a primeras, les dio a conocer que el ingreso por tonelada de trigo seria de 335 dólares, en lugar de 375 pactados inicialmente.
Aun cuando Gabriel “Gaby” Machado, de PAMSA, habló de 20 dólares por tonelada manejado en su Centro de Acopio, cuando los productores mencionan que, en otras instalaciones el cobro es de alrededor de 150 pesos por tonelada.
Sin embargo, vía mensaje, Martínez Núñez comunico a Francisco Ricardo Muñoz, presidente del Consejo, que solamente se les pagaría, a los productores, 335 dólares por tonelada de trigo duro o cristalino, por los compradores italianos, en lugar de los 375 acordados con anterioridad.
Según el mensaje del encargado de la SADER y promotor de la negociación, los 40 dólares que se rebajarían al precio inicial, serian para pagar el manejo en el centro de acopio.
Si inicialmente PAMSA menciono, en varias reuniones, un costo de 20 dólares por tonelada, representando un cargo superior al 100 por ciento de lo cobrado por otros centros receptores, salta la duda del porqué, sin ninguna justificación, se pretende rebajar en 40 dólares el ingreso de los productores de trigo.
Si consideramos que el contrato es por 35 mil toneladas, los 40 dólares representan una merma, en los ingresos globales de los productores, de un millón 400 mil dólares, pero si se llegara a las 50 mil toneladas, la suma se levaría a 2 millones de dólares.
Dos millones de dólares, o uno con 400 mil dólares, representan un escamoteo de 28 millones de pesos y 40 millones de pesos, sifueran las 50 mil toneladas, lo que resulta buena suma para repartir ganancias ilícitas entre el negociador y acopiadores, todo a costa del esfuerzo de los productores del cereal.
Por todo lo anterior, el ingeniero Martínez Núñez está obligado a clarificar la situación que, a simple vista pudiera considerarse un acto de corrupción o robo, ¿en beneficio de quién?
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