Semanario El Pionero

Expresión de Mexicali y su Valle

Propuestas sobre política rural en Baja California

Por Reynaldo Magaña *

Al concluir prácticamente la primera mitad del año 2021, los campesinos propietarios del cincuenta y cinco por ciento del territorio nacional, tienen frente a sí una gran cantidad de ofrecimientos de políticas públicas de los candidatos de todos los partidos y de los tres niveles de gobierno, de ambos poderes, este es ejecutivo y legislativo, para mejorar las condiciones y vida de la gente del campo. A todos ellos les encontrarán en las boletas electorales el día de mañana seis de junio. Esta elección es reflejo de la anterior, solamente por cuanto a las promesas de quienes contendieron en la votación más reciente y hoy son funcionarios de elección popular. En esta ocasión se tiene la gran oportunidad de evaluarlos, tomando como medición lo que hicieron y lo que dejaron de hacer, respecto de sus propias promesas y de los planes de desarrollo que registraron, en los diferentes niveles de gobierno; se cumplieron, sí o no y en qué porcentaje. También quienes no ganaron la elección anterior y cuyos partidos propusieron a las mismas o a otras personas en esta ocasión, algunas nuevas en la escena pública, cargarán con el peso de lo que sus gobiernos hicieron en los periodos durante los cuales estuvieron al frente de la administración gubernamental. Es ahí donde se evaluarán sus desempeños.  

Ahora, en este contexto, la gente del campo tiene dos necesidades impostergables, una que tiene que ver con el desarrollo productivo en diferentes ámbitos del medio rural y otra, la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, que es impostergable; ambas igual de importantes. En una y otra, el gobierno prometió y los campesinos aún están en espera de que les toque el turno del cumplimiento de los compromisos.

Los tres niveles de gobierno deben ejecutar lo que ordenan los artículos del tres al ocho de la ley agraria, todos ellos dentro del título segundo, denominado …”Del desarrollo y fomento agropecuarios”…; en esos imperativos se obliga a todos los niveles de gobierno a ejecutar políticas públicas para el desarrollo agropecuario, forestal, pesquero, turístico y en general integral para que los propietarios rurales de todos los regímenes de tenencia de la tierra hagan rentables sus unidades de producción y con ello incrementen el nivel de bienestar de  la gente del campo. Desde luego todo esto implica acciones y políticas públicas que tengan que ver con el desarrollo regional, esto es obras de conectividad carretera e infraestructura productiva, entre las principales, pero también con un intenso programa de financiamiento rural y subsidios a la producción por una parte y por otra a la conservación ambiental, exactamente igual que en la mayoría de los países del mundo.

Es importante aclarar que lo anterior no está a discusión, ni sujeto a análisis o debate, el gobierno actual y todos los que han estado pidiendo suplicantemente el voto hasta hoy, están obligados a ejecutar, porque como se dijo, son imperativos legales, esto es, ordenes de la ley agraria que deben cumplir.

Ahora, desde la primera década de los años noventa, con el inicio de la nueva ley agraria, las zonas urbanas ejidales fueron delimitadas, pero la mayoría solamente en la poligonal envolvente, esto es en el perímetro de la totalidad del asentamiento humano, pero sin definirse individualmente los lotes o solares. En un porcentaje aproximado del veinte por ciento, sí se midieron y titularon individualmente los lotes. En ambos casos la situación ha hecho crisis; en lo primero, es urgente definir finalmente cada lote para que el Registro Agrarios Nacional, en términos de los artículos 56 y 57 de la ley agraria, actualice la certeza jurídica, expidiendo títulos de propiedad a cada uno de los avecindados ahí asentados. En el otro caso, donde sí se cumplió con la titulación individual, a veinticinco años de distancia aproximadamente de ese programa, el crecimiento de la población rural hace necesario intervenir nuevamente con un programa similar al de entonces, que resuelva la titulación en favor de cada familia campesina, para que la certeza jurídica en su patrimonio inmobiliario les permita acceder a otro nivel de vida.

Lo anterior tiene sustento, entre otras muchas disposiciones legales, en el artículo siete de la ley agraria, del tenor literal siguiente: …”El Ejecutivo promoverá y realizará acciones que protejan la vida en comunidad, propicien su libre desarrollo y mejoren sus posibilidades de atender y satisfacer las demandas de sus integrantes”…; todo lo anterior, independientemente de que en algunos preceptos se mencione solamente al ejecutivo federal, en esencia se indica la participación de los tres niveles de gobierno, por tanto, todos están obligados, incluidos los legisladores. 

El día de mañana seis de junio, los campesinos tienen la palabra…

*El autor es jurista y promotor de economía solidaria

Twitter: @ReyMagaa

Facebook: Foro Agrario México 

Correo: reyconosil@gmail.com