Foro agrario México

¿Candidatos ciudadanos o de los partidos?

Por Reynaldo Magaña*

Durante muchos años los partidos políticos han funcionado como negocios particulares, especialmente a partir de la época en que México incursionó en la apertura de mercados con su inclusión en el tratado de libre comercio en la época del presidente Salinas.

Para ello, fue necesario adecuar el marco jurídico general del país y modificar algunas cuestiones de forma y otras de fondo a fin de congraciarse con los futuros socios comerciales. En esta dinámica, los cambios substanciales al régimen ejidal fueron determinantes; las modificaciones al artículo veintisiete constitucional, en el fondo, modernizaron al sector rural y otorgaron a los campesinos la propiedad de la tierra y no solamente el usufructo, como hasta entonces ocurría.

Por otro lado, Salinas tenía dos motivaciones poderosas para hacer cambios o por lo menos aparentarlos, en su participación en la política global como presidente de México: La garantía de la apertura democrática ante los ojos del mundo y en lo interno, justificar su propia elección ensombrecida por la duda del fraude con “la caída del sistema” a cargo de Bartlett en mil novecientos ochenta y ocho, por lo que para lograrlo fue necesario conceder la gubernatura de su primera elección estatal, la de Ruffo en Baja California en mil novecientos ochenta y nueve.

Desde entonces la participación de los partidos políticos y la administración de las elecciones, con un órgano independiente (autónomo), el Instituto Nacional Electoral, fue cada vez mayor. Es así que los partidos políticos proliferaron cambiando el sistema de partido hegemónico, el PRI, con una oposición sin fuerza representada por el PAN, a la participación de una gran cantidad de partidos, sostenidos económicamente por las prerrogativas establecidas en el presupuesto de egresos de la federación, con lo cual los partidos solamente tuvieron que preocuparse por alcanzar el porcentaje mínimo requerido de votación, para sobrevivir.

Ello los convirtió en un negocio; muchos han sido desde entonces los que han nacido y desaparecido en una o dos elecciones. Un ejemplo claro y vigente desde entonces, el Partido Verde propiedad de la familia González y su herederos.

Nunca ha ganado nada significativo, salvo las limosnas electorales producto de sus alianzas con los rojos, azules, amarillos o de cualquier color que les permita sobrevivir, tener a su disposición las prerrogativas (dinero) y algunos puestos de elección popular de representación proporcional (plurinominales).

Su posicionamiento al principio se debió a que astutamente chantajearon el sentimiento de los electores aparentando protección y cuidado del medio ambiente, lo cual en los hechos ha resultado una farsa. Sin embargo, lo anterior solamente es un ejemplo de lo que muchos partidos han hecho.

El punto es que los que han sobrevivido, lo que han hecho es administrar las derrotas; otros, los más fuertes, el PRI, el PAN, PRD y ahora MORENA, son los más antidemocráticos, simulando procesos democráticos de selección de candidatos, cuando la veracidad es que las candidaturas en realidad son designaciones cupulares, lo que genera profundos conflictos internos y fuga de personajes de unos partidos hacia otros, sin importarles las supuestas ideologías, porque esas hace mucho tiempo que quedaron en el olvido.

Otro fenómeno que se da al interior de los partidos, es el de los militantes que creen ser propietarios de esos partidos, por el hecho de ser miembros y haber militado determinado tiempo en esos institutos políticos. Suponen que las candidaturas pertenecen a ellos y a nadie más, mucho menos a los externos, que no han militado nunca en esos partidos. También estos integrantes protagonizan escándalos reclamando derechos que equivocadamente suponen tener.

La realidad jurídica es que los partidos no son propiedad de unos cuantos, sino de todos los ciudadanos mexicanos que contribuyen a la hacienda pública, con lo cual se dispone de dinero para sostener a los partidos políticos, por tanto cualquier ciudadano debería tener derecho a pertenecer a cualquier partido político con el cual sienta que se identifica por “ideología” o simpatía, sin que en estos partidos se les limite o impida su ingreso.

Luego entonces, la posibilidad de postular candidatos externos no debe estar restringida por un derecho de preferencia de los militantes por el transcurso del tiempo, en similitud de la figura de la prescripción en materia civil, respecto de los bienes inmuebles sobre los que se ha poseído más de cinco años de buena fe o diez de mala fe; así no deben funcionar las cosas en la política de partidos.

Por tanto, cualquier ciudadano debe tener derecho a ser postulado por cualquier partido político, independientemente de ser militante o no. No hacerlo así sería violatorio de sus derechos humanos (constitucionales).

*El autor es jurista y promotor de economía social

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