Soldados mexicanos desmantelan en Ciudad de México armas requisadas a narcos en distintas redadas. REUTERS
El Gobierno de López Obrador da un paso más en el cambio de estrategia de combate al crimen organizado ante la nueva Administración de Joe Biden
Por Elena Reina *
MÉXICO. – México busca pedir la extradición de los traficantes de armas desde Estados Unidos. Los planes del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se conocen tan solo una semana después de que el país aprobara la reforma de la ley de seguridad, que contempla un férreo control de los agentes extranjeros —que afecta directamente a las operaciones en su territorio de la DEA, FBI o ICE (oficina estadounidense de migración y aduanas)— y tensará la relación de histórica cooperación con su vecino del norte.
Si los narcotraficantes mexicanos son los responsables de enviar a Estados Unidos toneladas de droga con las que miles de estadounidenses mueren por sobredosis (especialmente por el fentanilo), los que les proporcionan la artillería pesada, fundamentalmente fabricada y enviada desde Estados Unidos, son también responsables de los fallecidos en México —más de 100 asesinatos al día—, concluye el Gobierno de López Obrador.
La medida supone una ruptura de la cooperación clásica entre ambos Gobiernos, centrada desde hace más de una década en capturar a los capos de la droga mexicanos, no a los traficantes de armas, y en la que los criminales eran extraditados de México hacia Estados Unidos, no en sentido contrario. Esta estrategia llevó al país hacia una guerra contra el narcotráfico, emprendida por Felipe Calderón en 2006, que ha sembrado decenas de miles de cadáveres por todo el territorio nacional, además de soportar la insostenible cifra de más de 70.000 desaparecidos.
En México circulan más de 15 millones de armas ilegales, según un reciente informe elaborado por la Secretaría de Seguridad. Es decir, la cantidad de arsenal que se mueve en territorio mexicano es suficiente para armar a uno de cada ocho habitantes, en un país donde además está prohibido portar armas sin un permiso específico. De ellas, el 70% proviene de Estados Unidos, detalla el informe. Y casi todas, el 85%, se usan para cometer el 60% de los homicidios que se producen en el país. “Junto con la trata de personas y el tráfico de drogas, el tráfico ilícito de armas representa una de las actividades con mayor movimiento de capitales en el mundo”, reza el texto firmado por el extitular de Seguridad, Alfonso Durazo.
Además de las rutas propias del crimen organizado, por las que también se introducen armas procedentes de Estados Unidos, el Gobierno mexicano ha detectado un peligroso tráfico hormiga aunado al trasiego de unas 25.000 personas diarias en sus cruces fronterizos. Una parte “ingresa armas o sus piezas y municiones ocultas en bolsas, juguetes, vehículos o en envíos de mensajería, y a cambio reciben de las organizaciones criminales desde 100 dólares por un paquete de 50 balas, hasta 2.000 dólares por un rifle automático”, se lee en el informe. “Es fundamental tener un registro de los traficantes de armas de fuego para seguirlos, detenerlos y llegar a las fuentes donde se obtienen las armas”, resume Durazo.
Detrás de esta propuesta se esconde una medida más inmediata, la de extraditar a los responsables estadounidenses de traficar hacia México. La Secretaría de Exteriores, responsable de la iniciativa, se ha negado a proporcionar más información a este diario. Pero en un artículo publicado por el periódico Milenio, que cita fuentes de ese ministerio, se recogen algunos casos que involucran a traficantes de armas que el Gobierno mexicano tiene en la mira.
*Publicado en el periódico español El País.
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