Abrazos, besos y consultas
Por César Villalobos López
Los servidores públicos en general, al asumir una responsabilidad rinden protesta y se comprometen a cumplir y a hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sus respectivas leyes y mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión.
En el caso del presidente de la república, la procuración del bien y la prosperidad de la unión, está el buscar mejores condiciones para el desarrollo económico y social de la población, así como la convivencia armónica de todos los ciudadanos, sin importar credo religión o político.
Dentro del bien, se incluye la seguridad y la aplicación de la justicia con apego estricto a lo establecido en la legislación y respetando la autonomía de los poderes legislativo y judicial.
Es responsabilidad exclusiva del Jefe de la Nación, la salvaguarda de las condiciones de seguridad, como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, entiéndase Ejercito, Marina y ahora la Guardia Nacional.
Soslayando todas las responsabilidades se han quebrantado leyes, aduciendo la voluntad del pueblo, expresada a través de consultas improvisadas, manipuladas y al margen de toda norma.
Las dos cámaras del poder legislativo han sido sumisas a los deseos y caprichos presidenciales, por el control de quienes se identifican –algunos sin serlo- como militantes del partido del Jefe de la Nación.
La acción de las fuerzas armadas ha caído al más bajo nivel por la pérdida de respeto consecuente del fortalecimiento que el presidente les ha dado a los grupos sociales que han llegado al desarme de soldados que, luego son condecorados por su Jefe Supremo, cuando en estricto apego a la legislación castrense habrían ido al paredón.
En contra de la delincuencia en general, conminó a las mamás y a las abuelas para dar abrazos y besos, a regañar a sus hijos, en lugar de permitir que fueran detenidos y juzgados conforme a los delitos cometidos.
Tratando de eludir una responsabilidad, fracaso en el logro de una consulta popular para enjuiciar a algunos de sus antecesores, viéndose en la necesidad de solicitar al senado de la república la aprobación de su consulta, misma que en un proyecto de sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a discutirse el próximo 1 de octubre, el ministro Luis María Aguilar propone declarar inconstitucional dicha consulta contra los expresidentes.
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