Agua y Covid-19, buenas cortinas
Por César Villalobos López
La pandemia del Covid-19 que ha puesto en jaque a todos los sistemas de salud del mundo, también ha servido de pretexto a funcionarios de todos los niveles, sin importar que sus actividades nada tengan que ver con cuestiones sanitarias.
En la capital del país y en Baja California, son el Covid y el “aguachicoleo” los temas principales de los gobiernos de la república y del estado, aun cuando en esto último se observe una especie de hambruna recaudatoria y de exhibicionismo político.
El vocero de las auditorias y el propio gobernador Jaime Bonilla Valdez endilgan a los deudores la imagen de defraudadores que, no dudamos que existan, como tampoco faltaran malas pagas, pero de eso, a que todos sean catalogados por igual, hay mucha diferencia.
A lo largo y ancho de los municipios donde operan las Comisiones Estatales de Servicios Públicos, los auditores seguramente encontraran irregularidades por situaciones que se vienen arrastrando, por actualizaciones que no se hicieron, posiblemente por modificaciones a las normas operativas.
Pero José Aguirre Lomelí, según publicación en San Diego Red, el pasado 19 de junio: “Desde hace tiempo se están poniendo prácticas en la CESPT que pueden ser consideradas como corruptas y extorsionistas”.
“Todo empezó con la contratación de FISAMEX como una empresa de auditores externos que revisan las cuentas de los grandes consumidores de agua en Baja California. Esta empresa tiene su residencia en Cd. Obregón, Sonora y su propietario es el Sr. Manuel García”.
“¿Dónde está la extorsión?”
“FISAMEX realizan auditorías de escritorio a las cuentas de agua de mayor consumo; no acuden a constatarlo a campo, ni a revisar los medidores de agua, y menos a entrevistarse con los usuarios. Simplemente hacen unos cálculos que nada más ellos entienden y con tarifas discrecionales diferentes a las contenidas en la Ley de Ingresos de Baja California. De tal suerte, que a estos consumidores les están adjudicando estimaciones millonarias que nada tienen que ver con la realidad”.
“El procedimiento que utilizan es simple: el subdirector de Atención de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) Juan Pablo Guerrero Mercado manda un citatorio al representante legal de las empresas para entrevistarse con él – Guerrero Mercado –“. “Cuando los representantes acuden a esa cita les dicen que tienen un adeudo por varios millones de pesos detectado por el auditor externo FISAMEX, dictaminado en unas diapositivas que les presentan en PowerPoint, en el que no explican procedimiento alguno, nada más le dicen que si no pagan en un par de días la totalidad del adeudo les suspenderán el suministro de agua y además les advierten que les retirarán el medidor de agua y le desconectarán el drenaje”
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