Módulos de Riego, Tierra sin Ley

Por César Villalobos López* 

Bajo el epígrafe de “Aseguran a agricultores mejores días con nueva Ley del Agua”, una nota informativa de Alejandro Domínguez, publicada en La Voz de la Frontera, da cuenta de la opinión de Jesús Alejandro Ruiz Uribe, delegado federal en Baja California, sobre la serie de reformas a leyes referentes al tema del agua.

Hizo énfasis en señalamientos de “malos manejos en los módulos de riego en el Valle de Mexicali”, asegurando que, “la nueva Ley del Agua del Estado les irá mejor a los agricultores, y no corren peligro sus derechos”.

“Se les estuvo otorgando el derecho por mucho tiempo a los módulos de riego, para que se administrara de acuerdo a las personas que lo integraban, y hay miles de historias de aprovechamiento y distribución inadecuada, para beneficiar a unos y perjudicar a otros actores”, mencionó Ruiz Uribe.

Con esto último nos da la impresión de que el delegado federal tiene una versión equivocada, porque hasta donde se sabe, inclusive después de leer el convenio de colaboración entre la Comisión Nacional del Agua y el gobierno de Baja California, los módulos conservan sus concesiones y seguirán siendo administrado por los usuarios del agua.  

En donde si tiene mucha razón es cuando alude que hay “miles de historias de aprovechamiento y distribución inadecuada, para beneficiar a unos y perjudicar a otros actores”.

El historial sobre abusos y deshonestidades de usuarios en cargos directivos de módulos, así como la complacencia, colusión o corrupción entre funcionarios del ahora organismo de cuenca de la Comisión Nacional del Agua, con los directivos que han traicionado a quienes depositaron su confianza para administrar el agua y los recursos de la asociación civil, es muy largo.   

Sin embargo, parte de esas nefastas acciones están plasmadas a lo largo de varios años en las páginas de este semanario El Pionero con datos producto de versiones directas de usuarios afectados, testigo presencial en asambleas de módulos de riego, de procesos electorales, de constancias documentales sobre los abusos y corrupción, en algunos casos con visos de cacicazgo, como en los módulos 4, 9-B, 14 y 15, para solo mencionar algunos, donde alcanzaron mayores dimensiones, pero en todos hay tela de donde cortar.  

Pero la colusión, complicidad o corrupción no solo se observó entre directivos y funcionarios, permeó a los usuarios en general, pero con mayor intensidad entre aquellos con extensas superficies y/o socios de agroindustrias o dispersoras de financiamiento, ahora en quiebra.    

Lamentablemente, la mayoría de los actores generadores de los “malos manejos” y de “las historias de aprovechamiento y distribución inadecuada” del agua, a que se refirió el delegado federal Jesús Alejandro Ruiz Uribe, navegan con bandera de prósperos productores, pero han vivido de la trácala, la simulación y espantado con el petate del muerto, a los funcionarios de todos los niveles, incluyendo gobernadores.  

Lo mismo se les ve en reuniones políticas aprestándose para dar la bienvenida a candidatos y/o a políticos electos, como senadores, diputados, como organizadores de los eventos, mientras que sus chalanes o cómplices pasan el sombrero recolectando dinero para sufragar los gastos, como quien dice saludan con sombrero ajeno.

Dentro de este grupo de “huachicoleros” del agua, de los créditos y escamoteadores de las cosechas para no cumplir con el pago de sus compromisos, están los promotores de amenazas y organizadores de plantones, de marchas de protesta, así como de reclamos para lograr el borrón y cuenta nueva en sus abultadas carteras.

En esto último, pese a la buena disposición del gobernador Jaime Bonilla Valdez, la ahora Secretaria del Campo y Seguridad Alimentaria, a cargo del economista Hector Haros Encinas, previo análisis del historial crediticio, del análisis de sus cosechas y del cumplimiento de sus obligaciones, en donde detectaron conductas inapropiadas, duplicidad de financiamientos y hasta proyectos no ejecutados, fueron desechados los tratamientos de cartera.

Sin embargo, los pequeños deudores con saldos de hasta un millón de pesos entraron en un proceso de quita de intereses y capital, más la aportación del gobierno de Baja California, debiendo de cubrir el interesado un 34 por ciento del monto negociado.

La situación económica que se viene arrastrando en el agro, de varios años a la fecha, ha impedido un avance notorio en la aplicación de este beneficio y es que, la capacidad de crédito y las garantías, no existen.

Regresando al tema del agua, “Ruiz Uribe justificó esta acción –sobre el agua agrícola- al señalar que la forma en que se estaba manejando el agua, se prestaba para actos, por lo menos sospechosos, y también para una tergiversación de quien realmente detenta el derecho o la legitimidad para la administración y manejo del agua”.

Pero el delegado federal está muy equivocado, porque no son actos “sospechosos”, en los archivos del Distrito de Riego 014, de la Comisión Nacional del Agua existen, si no las han desaparecido, una serie de actas, de quejas documentadas y hasta opiniones técnicas y jurídicas que confirman los actos de corrupción, al mismo tiempo que la colusión o complicidad de los funcionarios que no actuaron en contra de los infractores de reglamentos.

Recientemente, el Ing. Rafael Sáenz Ramos, director del organismo de cuenca de la Comisión Nacional del Agua, dio a conocer la existencia de poco más de 17 mil usuarios del agua en el Distrito de Riego y cada uno de ellos tiene inscritos sus derechos en el Padrón de Usuarios, por tanto, no se pueden modificar o cancelar, de la noche a la mañana, por la creación de una nueva dependencia estatal.

La operación de los módulos de riego es consecuente a un Título de Concesión entregado a las asociaciones civiles por la Comisión Nacional del Agua, en donde se establece el número de usuarios, la superficie a regar, el volumen asignado, así como la normatividad para los procesos electorales, las obligaciones de los directivos, además de las cláusulas que deben de observar, tras pena de perder la concesión.

Una buena parte de los módulos de riego que operan en Sonora y Baja California, ya habrían cambiado de concesionario, si la autoridad normativa, la Comisión Nacional del Agua, hubiera observado la correcta operación, pero como mencione anteriormente, las carpetas están archivadas, por colusión, complicidad o corrupción, generando un gran daño a los usuarios comunes, a los dedicados al cultivo de la tierra, a la producción de hortalizas y otros de alta rentabilidad, pero también de alto riesgo.        

Esto es solo la punta del iceberg, datos nombres, fecha y más quedan en el tintero, para otra ocasión.  

* Licenciado en periodismo, cédula profesional 9089292. Miembro fundador de la -APM- Asociación de Periodistas de Mexicali, A.C., en 1972 y de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, A.C. -FAPERMEX- en 2002, representando a la APM; integrante del CONALIPE y director de Semanario El Pionero desde 1998. Este trabajo se publica en la edición 1123 del semanario, con fecha 30 de mayo de 2020.