Editorial…

Sueño esfumado

Sin duda alguna, aquella aspiración de Francisco Arturo Vega de Lamadrid, expresada durante su campaña de proselitismo, en el sentido de querer “ser el mejor gobernador que jamás haya tenido Baja California”, quedó en el bote de la basura.

Kiko, como le llaman sus allegados, o se equivocó en la selección de sus colaboradores, o es demasiado buen amigo para sostenerlos en sus cargos.

También pudiera ser que tenga oído de cantinero para desechar todos los reclamos que distintos sectores de la población le han hecho desde los primeros meses de su ¿gobierno?

Los responsables del control político y del manejo de la justicia, han sido ineficientes; basta ver las pestilentes carpas en los accesos al Centro de Gobierno y la impunidad de aquellos que han trasgredido la ley, con ataques directos a la integridad física del gobernador.

La burbuja en la cual lo encerraron para evitar el roce con los productores del sector primario, cada vez se ha acentuado debido al desinterés de los legisladores de la comisión de agricultura para canalizar presupuesto a programas de apoyo.

Eventualmente, los diputados de esa comisión logran partidas especiales en apoyo selectivos por conducto de la Secretaria de Fomento Agropecuario, independientemente de canalizar recursos para dar vida a una ocurrencia, no sabemos si del titular o de una idea vendida, como buena, al gobernador Vega de Lamadrid, quien dejará un elefante blanco, en el ejido Sinaloa.   

El presupuesto anual para la Secretaria de Fomento Agropecuario, ahora Secretaria de Desarrollo Agropecuario, apenas alcanza para los gastos operativos y los recursos federales de los programas de concurrencia son entregados en forma discrecional, en ocasiones recurrentes a personas o familias, relegando a quienes, por alguna razón, criticaron o reclamaron. 

Soslayaron el grave problema de corrupción en el manejo del agua y en la incapacidad de los funcionarios federales del ramo, convirtiéndose en cómplices de la podredumbre en la construcción del canal 4 de abril y sus obras complementarias. 

Los grandes beneficiarios en esta administración han sido los horticultores, especialmente de la zona costa, porque el valle de Mexicali, funcionarios estatales han solapado a empresas golondrinas que recuerdan el inicio del programa de maquiladoras, por dejar fuertes adeudos y desamparados muchos trabajadores. 

La terminación de la luna de miel con los empresarios es la mejor muestra de una política económica equivocada, generadora de conflictos por la afectación de intereses.

Este maridaje registró altas y bajas a lo largo de lo que va del gobierno de Francisco Arturo Vega de Lamadrid, teniéndose varias reuniones, donde los empresarios hicieron reclamos y el jefe del ejecutivo dio respuestas con cuentas alegres que, hasta donde se observa, ”no cuadraron”, como se dice en el argot contable. 

La gota que derramo el vaso cayó el pasado miércoles, cuando representantes de diversas cámaras empresariales manifestaron públicamente el no están de acuerdo en el incremento de más impuestos para Baja California, pidiendo a legisladores no aprobarlos en la Ley de Ingresos de 2019.

Durante la exposición, Rodrigo Llantada Avila, presidente de Coparmex Mexicali, señaló que los diputados que acompañen las peticiones del Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, son corresponsables en generar una garantía para crear la Asociación Pública Privada para desaladora que, Rosarito no se necesita.

También estuvieron Federico Díaz Gallego presidente del Consejo Coordinador Empresarial y los presidentes de Canirac y Canadevi, Miguel Ángel Torres y Luis Elizondo, pidiendo la creación de un Consejo Consultivo Financiero de Emergencia, en busca de una salida a la situación financiera del Estado.

Durante cada año de la administración del gobernador se generó un déficit financiero de casi 3 mil millones de pesos por año -se gastó más de lo que se tenía-; y la manera de resolver esto, fue a través del endeudamiento, pidiendo el control de gasto y la cancelación de proyectos, como medida para solucionar problemas financieros.

Precisaron que, esa falta de planeación financiera, se ha traducido en falta de pago a maestros, jubilados, trabajadores del Poder Judicial, organismos autónomos, Colegio de Bachilleres, UABC, entre otras entidades dependientes presupuestalmente del Estado.

El Gobierno cuenta con una deuda a corto plazo por 4 mil millones de pesos, que de acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera se debe cubrir 90 días antes de que termine la administración a finales de 2019.

Pidieron al gobernador Francisco Vega de Lamadrid, “analizar con objetividad y transparencia la capacidad del estado para comprometer más las finanzas públicas y consideran fuera de lugar tratar de resolver esta situación mediante aumento de impuestos, precisándole que, la salida financiera, debe ser a través del control del gasto, además de cancelar proyectos como el C5, Desaladora Rosarito y Segundo Piso de Tijuana.

Paralelamente a la rebelión empresarial, las marchas, las manifestaciones, el bloqueo de oficinas recaudadoras del gobierno y paraestatales, por parte de maestros interinos y jubilados, así como de otros entes educativos, continúan vigentes por la falta de pagos de prestaciones y salarios.