Editorial…

El poder político

La conservación, o alcanzar el poder político, suelen ser los objetivos de quienes representan los partidos en las contiendas electorales y de aquellos que en los cargos directivos y desempeño en cargos de elección popular, unos han encontrado su forma de vida, y otros como enriquecerse con recursos del erario.
La manipulación de los números y del resultado de las acciones de gobierno es el pan de cada día, en los medios electrónicos, principalmente, desde las redacciones de la capital del país, a las que las oficinas de comunicación de las entidades gubernamentales tienen acceso inmediato. Lo mismo sucede con los medios escritos editados en la ciudad de México.
Sin ningún recato, funcionarios, desde la presidencia de la república, junto con los precandidatos a sustituir a Enrique Peña Nieto, dan vuelta a informaciones donde resaltan avances en las acciones contra la criminalidad, la baja de la pobreza extrema, la disminución del desempleo, pero ignoran que la informalidad alcanza el 57 por ciento, que la inflación es más alta, la pobreza extrema crece y los crímenes se han incrementado.
Se habla de la recuperación productiva de Petróleos Mexicanos en un plazo de 5 a 10 años, debido a las reformas estructurales, pero nada se dice de la multimillonaria deuda en euros por la emisión de papel con vencimiento a cien años, como tampoco se habla de acciones para terminar con los beneficios a líderes como Arturo Romero Deschamps, quien “por unanimidad, integrantes de todas las secciones del #STPRM aprobó (sic) la continuidad como su líder por el periodo del 1 de enero 2019 al 31 de diciembre 2024”.
No se puede soslayar que “el Sindicato de Petroleros es un pilar del movimiento obrero en México, que ha sabido adaptarse a los tiempos y retos que marca la Historia, así como a un mercado cada vez más competitivo y diversificado”.
De paso podemos considerar que los hombres con ideales, con principios de doctrinas políticas y conciencia de clases se acabaron, siendo sustituidos por convenencieros y vividores del erario público, corrompidos y solapados por la impunidad que proteger a todos los participantes en hechos de corrupción que están a la vista de todos los mexicanos, pero que no ven los encargados de administrar la justicia y castigar a los delincuentes.