CIUDAD DE MEXICO.- Cada vez es más común conocer casos de obras públicas con severas deficiencias o bien casos de suministros de bienes que adquieren los gobiernos de baja calidad.
En algunos de ellos, las obras y adquisiciones generan serias dudas sobre la forma en que fueron adjudicados los contratos; de cómo se dio el proceso de su ejecución o si las especificaciones técnicas fueron adecuadas para garantizar la calidad de las obras o la idoneidad de los bienes adquiridos.
La contratación pública es particularmente vulnerable a la corrupción, debido a la complejidad normatividad, la discrecionalidad, la falta de transparencia y el volumen e importe de las transacciones. Así lo explica la OCDE en su estudio “Revisión de la Integridad en México. Tomando una postura más fuerte con la corrupción”, en el que se destaca que México destina poco más del 21% del gasto gubernamental a contrataciones públicas.
Por ello, desde la sociedad demandamos que en la Agenda Legislativa del próximo periodo ordinario de sesiones que inicia en el mes de Septiembre, además de los urgentes nombramientos del Fiscal Anticorrupción y el proceso de revisión y en su caso ratificación de los Magistrados especializados en la materia, se incluya la discusión y aprobación del paquete de reformas complementarias y que son indispensables para el buen funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, como lo son la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados.
En la COPARMEX demandamos la implementación de las mejores prácticas internacionales en la licitación y contratación, así como en la ejecución de la obra pública.
Proponemos que sean tomados en cuenta los siguientes planteamientos básicos:
1.- La ley de Obras Públicas y Servicios relacionados deberá de ser un ordenamiento que respete los lineamientos de integridad y transparencia establecidos en el Sistema Nacional Anticorrupción.
2.- Deberá de proveer certeza jurídica y continuidad operativa a cada uno de los actores involucrados en el desarrollo de la infraestructura.
3.- Deberá de garantizar la calidad y sustentabilidad de los proyectos contratados; asegurando la mayor eficiencia y transparencia de la inversión de los recursos públicos.
Por otro lado, en materia de compras gubernamentales es necesario tomar medidas para que no se vuelvan a ocurrir casos de corrupción como los evidenciados en las pasadas administraciones estatales de Veracruz y Quintana Roo.
Demandamos de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso tomar en cuenta las propuestas de las organizaciones sociales y consensuar una iniciativa para crear el nuevo marco legal en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al Sector Público, que considere los siguientes aspectos básicos:
1-.Realizar todo el ciclo de contrataciones de bienes y servicios de los tres órdenes de gobierno, mediante plataformas electrónicas, que brinde transparencia y competencia efectiva en los procesos de licitación y contratación.
2.- Asegurar que la plataforma de compras electrónicas esté interconectada con la Secretaría de Hacienda, y sus herramientas de seguimiento y fiscalización del gasto público, mediante denominaciones estandarizadas, para la clasificación de todos los rubros presupuestales.
3.- Establecer mecanismos para la denuncia electrónica por irregularidades cometidas dentro del procedimiento de contratación, notificando la inhabilitación de empresas que hayan incurrido en infracciones graves, para asegurar su descalificación en otros procesos.
Exhortamos a los legisladores para que aprueben estas leyes complementarias, con el fin de asegurar la eficiencia en la operación del Sistema Nacional Anticorrupción y logrando que en el “Portal Digital Nacional” estén disponibles los datos clave sobre declaraciones patrimoniales y de conflicto de intereses; sanciones; licitaciones; inconformidades y otros que son vitales para detectar posibles actos de corrupción.
Por supuesto, es importante fortalecer la cultura de la legalidad, aumentando las acciones preventivas y desde luego, de ser necesario sancionar ejemplarmente a quien viole la ley.
Con estas propuestas la COPARMEX refrenda su compromiso para construir las instituciones que combatan la corrupción y la impunidad y que impulse la integridad en el proceder de todas las empresas y del gobierno.
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