Editorial…

CNA sin confianza

A menos de 15 días de que concluya el año 2016 y con él expire el  decreto presidencial que otorga facilidades administrativas para regularizar títulos de concesión a usuarios de aguas subterráneas, todo indica que, una vez más, la Comisión Nacional del Agua no cumplirá el propósito del presidente Enrique Peña Nieto.

Anteriormente, el 7 de abril de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto similar mediante el cual se suspenden los efectos de los instrumentos por lo que se establecieron zonas de veda, de reserva o reglamentadas, de manera provisional, para el otorgamiento de nuevas concesiones o asignaciones de aguas nacionales a los usuarios que cuenten con títulos cuya vigencia hubiera expirado a partir del 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2014.

Este beneficio incluía a aquellos que “contando con títulos vigentes no solicitaron su prórroga en los términos que establece la Ley de Aguas Nacionales, su Reglamento y demás disposiciones aplicables”.

El decreto fue letra muerta, por ello, durante la inauguración de la 80ª Asamblea General Ordinaria de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, el presidente Peña Nieto anuncio un nuevo decreto, con el cual pretendía que con esa medida se pudieran regularizar alrededor de 90 mil pozos agrícolas y pecuarios, en el país y con ello tendrían el derecho a la electricidad pagando tarifas de estímulo para bombeo de agua agrícola.

Hasta donde sabemos, la respuesta de los beneficiarios con las facilidades administrativas del decreto no ha sido satisfactoria y es que además de la desconfianza en los funcionarios -pese a que ahora dicen no exigir una cuota por regularización- algunos pseudo líderes han superado sus promociones a las del sector oficial.

No hay credibilidad en los funcionarios, ni en la dependencia donde las pillerías han estado a la orden del día, desde las oficinas centrales hasta el organismo de cuenca de la península de Baja California.

Curiosamente, las entes encargadas de vigilar, de investigar y de castigar la corrupción, han soslayado los hechos en beneficio de la impunidad, tanto a nivel nacional como a lo largo y ancho del país, por ello la incredulidad de los concesionarios.