Por Dianeth Pérez Arreola
Una denuncia anónima alertó sobre actividades clandestinas altamente contaminantes que realiza la empresa Power Exchange Solutions, la cual quema baterías de litio para separar sus componentes sin que la planta cuente además con las licencias de operación y permisos ambientales requeridos para manejar residuos peligrosos.
La empresa, ubicada en Av. Jatñil 44, Parque Industrial Cucapah, ejecuta de manera arbitraria e ilegal procesos altamente peligrosos de trituración, incineración clandestina y co-procesamiento de baterías de ion-litio. Como resultado genera el residuo peligroso conocido como “Masa Negra” o Black Mass.
Estas prácticas constituyen un crimen ecológico de gran escala que provoca una emisión descontrolada de gases y tóxicos volátiles de alta peligrosidad a la atmósfera; contaminación irreversible de mantos freáticos y suelo; y atenta contra la vida y la salud del personal operativo, expuesto a sustancias nocivas y cancerígenas.
Fuentes cercanas a la operación revelan que los propietarios son de origen chino y que hay personal viviendo dentro de la propia planta. La quema de materiales se realiza en el exterior, pero el humo y los gases se introducen en la nave industrial, por lo que los empleados respiran constantemente estas sustancias.
La empresa procesa toneladas de baterías de ion-litio. Aunque oficialmente solo se realiza trituración, al moler baterías que aún conservan carga residual se generan incendios de difícil control, similares a los que ocurren en accidentes con vehículos eléctricos o cuando se queman celulares. El polvo resultante de este proceso es enviado a Corea del Sur y Singapur, donde se recupera litio puro mediante un proceso hidrometalúrgico.
Imágenes obtenidas en el sitio muestran enormes montañas de baterías usadas de diversas marcas acumuladas en cajas de cartón dentro de las instalaciones, evidenciando el volumen de material que se maneja sin control ni medidas de seguridad adecuadas.
Se exige la intervención inmediata de las autoridades ambientales, de salud y de seguridad para detener estas operaciones ilegales, proteger a los trabajadores y evitar un daño irreversible al medio ambiente y a la población de Mexicali.
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