Pide Acción Nacional renuncia de gobernadora y fiscal

Baja California “está en el epicentro de los actos de corrupción de Morena y del narcogobierno”, señaló la dirigente del partido político

Por Dianeth Pérez Arreola

El Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California exigió este martes la renuncia de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y de la fiscal general del estado, María Elena Andrade Ramírez, al sostener que la entidad enfrenta una “crisis integral” marcada por el incremento de las desapariciones, la inseguridad y presuntos actos de corrupción.

Durante una conferencia de prensa en Mexicali, la dirigente estatal del PAN, Lizbeth Mata Lozano, afirmó que Baja California “está en el epicentro de los actos de corrupción de Morena y del narcogobierno”, al asegurar que la entidad se encuentra bajo el foco nacional por los acontecimientos registrados durante el último año. Señaló que el manejo del caso relacionado con el exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel “N”, evidenció deficiencias en la actuación de la Fiscalía General del Estado y criticó que la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, no haya emitido, dijo, un pronunciamiento contundente sobre el tema.

Mata Lozano sostuvo que el caso de las desapariciones representa la situación más grave en materia de seguridad y calificó como una “vergüenza” la actuación de la Fiscalía y de las autoridades de seguridad, al considerar que la integración de investigaciones ha sido deficiente y ha afectado a las familias de las víctimas.

Por su parte, el vocero estatal del PAN, Cristopher Domínguez, presentó cifras que atribuyó al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas del Gobierno Federal. Afirmó que el 61 por ciento de las desapariciones registradas en Baja California han ocurrido durante la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda y aseguró que 2025 fue el año con la mayor cantidad de casos, al superar las cifras acumuladas durante los seis años del gobierno de Francisco Vega de Lamadrid.

Según el panista, el número de personas desaparecidas pasó de 191 en 2021 a más de mil en 2025, lo que colocó a Baja California como la segunda entidad con más desapariciones del país, solo por debajo del Estado de México. Añadió que Tijuana concentra actualmente la mayor cantidad de casos a nivel nacional, con cerca de dos desapariciones diarias y más de 700 personas no localizadas durante 2025.

Domínguez también relacionó el aumento de las desapariciones con un presunto fracaso de la estrategia de seguridad, al señalar que, aunque los homicidios dolosos muestran una disminución, las desapariciones han incrementado y no forman parte de las estadísticas de incidencia delictiva.

En la misma conferencia, el regidor del Ayuntamiento de Mexicali, Manuel Rudecindo García, presentó una propuesta de tres acciones para fortalecer la corporación policial: que los directores y mandos se sometan anualmente y de manera voluntaria a exámenes de control de confianza con resultados públicos; realizar una depuración institucional basada en evaluaciones reales; y establecer la obligación de rendir cuentas sobre las operaciones de seguridad, especialmente en el Valle de Mexicali, donde señaló que persiste una crisis sin personas detenidas.

La diputada local Alejandrina Corral afirmó que el principal problema del estado es la “ingobernabilidad” y la “ineptitud” del gobierno estatal para atender sus responsabilidades. Anunció que el próximo 13 de agosto presentarán una solicitud de juicio político contra la gobernadora y reiteró la exigencia de renuncia de la fiscal general, al considerar que la integración del expediente contra Pedro Ariel “N” fue deficiente. Asimismo, pidió la salida del síndico procurador de Mexicali, Óscar Vega Marín; de la oficial mayor del Ayuntamiento, Claudia Beltrán; y de la alcaldesa Norma Bustamante.

En tanto, la diputada federal Eva María Vázquez Hernández informó que presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo para exhortar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a investigar la información financiera, bancaria y patrimonial de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

La legisladora explicó que la solicitud se basa en señalamientos difundidos públicamente sobre presuntas contrataciones de asesorías en el extranjero con un costo superior a los 300 mil dólares, de acuerdo con información periodística citada en el exhorto. Indicó que el objetivo es esclarecer el origen de los recursos con los que habrían sido cubiertos esos servicios y descartar posibles irregularidades o el uso indebido de recursos públicos.

Vázquez Hernández adelantó que, además del exhorto presentado en la Comisión Permanente, impulsará acciones jurídicas relacionadas con el caso y sostuvo que los recursos públicos deben transparentarse y utilizarse conforme a la ley.