SAN QUINTÍN, B. C. – La no aprobación de recursos para un programa destinado a los trabajos técnicos de regularización de la tenencia de la tierra mantiene a amplios sectores de San Quintín fuera del acceso a servicios básicos, al no contar con certeza jurídica sobre los predios.
La alcaldesa Miriam Cano Núñez afirmó lo anterior y preciso: “el Ayuntamiento mantiene respeto al ejercicio de los regidores en el Cabildo”, pero le llamó a la revisión del tema en comisiones, al señalar que “la regularización territorial es un componente necesario para el desarrollo del municipio”.
Explicó que San Quintín presenta una alta proporción de asentamientos irregulares, derivados de procesos históricos de ocupación de suelo sin acompañamiento institucional, lo que ha generado colonias sin registro catastral ni delimitación oficial.
Señaló que esta condición impide la inversión pública en infraestructura básica, ya que la normatividad prohíbe destinar recursos en predios sin certeza jurídica, lo que limita proyectos de electrificación, agua potable y equipamiento urbano.
Detalló que la administración municipal impulsó la creación de un programa específico para financiar trabajos técnicos de campo y acciones jurídicas enfocadas en la regularización de la tenencia de la tierra.
Precisó que no se trata de una asesoría individual, sino de un esquema operativo que contempla personal especializado para la delimitación territorial, levantamiento de información y resolución de conflictos de propiedad, conforme a las condiciones particulares de cada colonia.
Agregó que el programa fue turnado a comisiones para su análisis, luego de que no se aprobara su discusión como asunto de urgente resolución, por lo que será revisado en instancias como Hacienda, Infraestructura y Bienestar.
La alcaldesa expuso que el municipio trabaja de manera coordinada con instancias federales y estatales, como la Secretaría Agraria y organismos inmobiliarios, pero señaló que la capacidad operativa resulta insuficiente ante la dimensión territorial de San Quintín.
Advirtió que la falta de regularización también afecta la ejecución de programas federales, al no poder asignar terrenos para infraestructura educativa, centros de atención infantil u otros proyectos sociales por la ausencia de certeza legal.
Indicó que existen casos de escuelas asentadas en predios irregulares, así como colonias que no aparecen en registros oficiales, lo que complica su incorporación a esquemas de inversión pública.
Mencionó que el proceso requiere trabajo directo en territorio, con levantamientos físicos, identificación de límites y diálogo con habitantes, debido a que cada colonia presenta condiciones jurídicas distintas.
Finalmente, sostuvo que detener o retrasar la implementación de este programa implica mantener a sectores de la población sin acceso a servicios básicos, al reiterar que sin regularización no es posible ejecutar obras públicas en apego a la ley.
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