Por Julieta Aragón
El colectivo de periodistas YoSíSoyPeriodista consideró “inadmisible” que la Fiscalía General de la República (FGR) utilice la intimidación judicial contra la periodista Dianeth Pérez Arreola, a quien pretenden obligar a revelar sus fuentes por una pregunta realizada en la conferencia matutina de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Según lo reveló la propia Dianeth Pérez, directora de Brújula News, el 15 de agosto pasado, la FGR le envió un correo electrónico invitándola a “coadyuvar” en torno a un oficio emitido por el secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez, luego de que la periodista hizo preguntas sobre la doble licitación relativa a obras de la planta potabilizadora “La Nopalera” en Tecate, a la empresa ganadora y sobre sus presuntos nexos con el crimen organizado.
En un pronunciamiento difundido este domingo 17 de agosto de 2025, el Colectivo llamó a la FGR a que no se preste a la intimidación judicial contra periodistas y respete el principio legal que garantiza la confidencialidad de las fuentes de un comunicador.
“Los periodistas en Baja California no vamos a permitir que se siente un precedente de este tipo sin oponer resistencia”, afirmó.
El derecho a la reserva de fuentes está protegido por el artículo 6 de la Constitución Política mexicana, que garantiza la libertad de expresión, y por el artículo 7 de la Ley de Imprenta que establece que “los periodistas no están obligados a revelar sus fuentes de información”.
El Colectivo aseguró que en el estado se hará respetar la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo, más aún cuando se trata de defender el derecho a preguntar en una conferencia a la que son convocados para cuestionar libremente.
“Resulta inadmisible que la FGR actué contra periodistas cuanto mantiene sin investigar ni sancionar múltiples denuncias por delitos contra la libertad de expresión presentadas por nuestro gremio”, añadió.
Exige Articulo 19 al gobierno de BC dejar de hostigar a periodista
Por Dianeth Pérez Arreola
La organización de defensa de los periodistas, Artículo 19 México y Centroamérica manifiesto su preocupación por el acoso del Secretario de Gobierno del Estado de Baja California y la Fiscalía General de la República hacia la periodista Dianeth Pérez Arreola, reportera del medio Brújula News.
La periodista acudió el 6 de agosto a la conferencia mañanera de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda. Durante su participación, realizó preguntas sobre una presunta doble licitación de una planta potabilizadora de agua, y acerca de los posibles nexos con el crimen organizado.
La siguiente semana, el 15 de agosto, la periodista recibió un oficio de la Fiscalía General de la República, donde se le citó para coadyuvar en la investigación. No obstante, en el documento se observa que esta solicitud fue a raíz de un oficio enviado por el Secretario General de Gobierno del Estado de Baja California, Alfredo Álvarez Cárdenas, dice el documento.
“Esta investigación es obligación del Estado, por tanto, no se debe trasladar la carga de la misma a la prensa o presionar a periodistas a revelar sus fuentes de información”, señala Artículo 19.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que “la lucha contra la corrupción constituye un deber de los Estados y una condición esencial para la vigencia efectiva de los derechos humanos y del Estado de Derecho”.
Además, formular una pregunta en los espacios públicos como lo es la conferencia matutina de la gobernadora no debe tener como respuesta un acto de acoso administrativo, indica el reporte de la organización sobre el caso.
Artículo 19 hace énfasis en la reserva de las fuentes periodísticas constituye un derecho fundamental protegido tanto en el ámbito nacional como internacional.
También reafirmó que la confidencialidad de las fuentes periodísticas es indispensable para que los periodistas puedan investigar y difundir asuntos de interés público, especialmente cuando las fuentes enfrentan riesgos de represalias. De igual manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, defiende el trabajo de los periodistas y la confidencialidad de las fuentes.
De acuerdo con el Informe 2024 de ARTICLE 19, Oficina Regional para México y Centroamérica, en México se registraron 639 agresiones documentadas, 287 casos fueron directamente de personas funcionarias públicas.
“Resulta alarmante, que en el 44.91 por cierto de las agresiones, alguna autoridad mexicana fue responsable de la violencia contra periodistas y medios. Evidenciando un patrón sistemático en el que el Estado mexicano figura como el principal agresor de la prensa”, dice el organismo.
Agrega que resulta preocupante que la Fiscalía General de la República (FGR), en lugar de investigar y sancionar las agresiones contra la prensa, destine recursos para presionar a periodistas, cargando cierto grado de responsabilidad de las competencias que por ley le corresponden.
ARTICLE 19 exige:
• A la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda y al Secretario General de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas, abstenerse de todo acto de hostigamiento o represalia contra periodistas y garantizar condiciones plenas para el libre ejercicio del periodismo, manteniendo un discurso de reconocimiento a la labor periodística y garantizar un entorno libre de violencia e intimidación contra la prensa.
• A la Fiscalía General de la República (FGR), desistir de cualquier acción que busque obligar a periodistas a revelar sus fuentes e investigar con prioridad las agresiones contra la prensa que permanecen en la impunidad.
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