Una investigación de inteligencia estadounidense ha puesto bajo la lupa a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, por presuntos vínculos con redes criminales y de lavado de dinero operadas por el CJNG.
Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, señalada como persona de interés en investigación vinculada al CJNG y red de corrupción
Por Guadalupe Lizárraga
LOS ÁNGELES, California. – Un funcionario de una unidad de inteligencia asociada al gobierno federal de Estados Unidos ha confirmado a Los Ángeles Press que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, es una «persona de interés» en la investigación relacionada con una compleja red de lavado de dinero y presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
El investigador señala que, junto con su esposo Carlos Torres Torres y otros funcionarios de gobierno, Marina del Pilar estaría implicada en esquemas que incluyen financiamiento a través de empresarios ligados al CJNG. Entre los presuntos implicados se encuentra el empresario de Ensenada, Fernando Rafael Salgado Chávez. El entrevistado cuya identidad se reserva por razones de seguridad, confirma que se utilizarían empresas fachada (Shell companies) y operaciones de lavado de dinero en distintas plazas del estado, tal como lo ha documentado Los Ángeles Press.
Entre otros elementos está el apoyo financiero y logístico que Salgado ha brindado a la gobernadora y su círculo cercano, que además de la propiedad en Rancho Santa Fe, una zona exclusiva del condado de San Diego, California, incluye el uso reiterado de un avión privado propiedad de Salgado para desplazamientos oficiales y personales, entre otros favores. También ha confirmado que varios operadores cercanos a Salgado, como el empresario Álvaro Vidal Velasco, que habrían recibido protección de la fiscalía del estado, tienen nexos en ambos lados de la frontera, incluyendo estados como Arizona, Nevada y Texas.
El funcionario de la unidad de inteligencia mencionó que la administración de Marina del Pilar ha permitido la influencia de grupos delictivos en áreas estratégicas como seguridad pública y el cruce fronterizo entre Tijuana y San Diego, con la finalidad de asegurar el control territorial y el flujo de recursos ilícitos.
Lo que refuerza el entramado de corrupción es la creación y uso de empresas de papel por parte de Gustavo Fimbres y Fernando Salgado, operadas con el apoyo del agente inmobiliario César Martín Ybarra, con el objetivo de mover capitales sin regulación y facilitar operaciones inmobiliarias y financieras tanto en Baja California como en el sur de California. Estos esquemas han sido documentados y expuestos en una serie de investigaciones periodísticas publicadas por Los Angeles Press, donde se detallan propiedades, transferencias y vínculos con funcionarios activos.
Esta información forma parte de una investigación en curso.
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