Algo Cada Día…

La marcha de los precandidatos

Por Fernando Ruiz del Castillo

Este domingo habrá dos marchas en Baja California. Oficialmente, ambas serán en apoyo a Claudia Sheinbaum, a la soberanía nacional y para que continúe la Cuarta Transformación. Una en Mexicali, convocada por la senadora con licencia Julieta Ramírez Padilla; otra en Tijuana, encabezada por el alcalde con licencia Ismael Burgueño Ruiz.

Qué admirable coincidencia.

Dos personajes que aspiran a la misma posición, en las dos ciudades más importantes del estado, convocando simultáneamente a defender exactamente las mismas causas.

Y quien crea que todo se trata únicamente de apoyar a la Presidenta quizá también crea que las asambleas informativas, los recorridos territoriales y los mítines políticos son ejercicios espontáneos de amor cívico.

La realidad es menos romántica: Julieta e Ismael están en campaña.

O, para decirlo en el sofisticado idioma de Morena, están compitiendo por la Coordinación Estatal para la Defensa de la Transformación, la Soberanía Nacional y cualquier otro nombre suficientemente largo para evitar pronunciar la palabra prohibida: candidatura. Porque detrás de la coordinación está la antesala de la candidatura de Morena a la gubernatura en 2027. Y ambos lo saben. También lo saben sus operadores, sus equipos, sus simpatizantes y hasta quienes están preparando las lonas.

La convocatoria de este domingo ocurre, además, después de semanas en las que la disputa interna ha dejado de ser una competencia y se parece cada vez más a una pelea de cantina donde, agotados los argumentos, alguien ya busca la cubeta.

En Tijuana, incluso, un evento encabezado por Burgueño fue descrito públicamente como una asamblea informativa que, en los hechos, funcionó como un acto de respaldo a su aspiración política. El episodio dejó nuevamente en evidencia que la frontera entre informar, movilizar y promoverse puede ser extraordinariamente flexible cuando se aproxima una candidatura.

Mientras tanto, Julieta Ramírez mantiene su propia estructura territorial, sus encuentros, sus recorridos y su discurso de continuidad. En las últimas semanas ha insistido precisamente en la necesidad de unidad y en retomar los principios de la Cuarta Transformación.

Unidad

Esa hermosa palabra.

La misma que desde la dirigencia nacional se invoca como si fuera un extintor para apagar los incendios internos. Citlalli Hernández y otros dirigentes han insistido en que el proceso debe mantener cohesionados a los aspirantes y evitar que la competencia termine destruyendo al movimiento desde dentro.

Pero una cosa es hablar de unidad.

Y otra muy distinta es practicarla.

Porque en Baja California los aspirantes parecen haber entendido la instrucción de una manera peculiar: “unámonos todos… detrás de mí”.

Y ahí está el verdadero problema.

La lucha entre Julieta Ramírez e Ismael Burgueño ya no debería analizarse solamente desde la pregunta tradicional: ¿quién va ganando?

Las encuestas, además, han ofrecido fotografías distintas según quién las pague, quién las publique y, naturalmente, quién aparezca arriba. Algunos ejercicios han colocado a Burgueño al frente y otros han favorecido a Ramírez, confirmando una antigua verdad de la política mexicana: hay encuestas para medir la realidad y otras para ayudar a construirla.

Por eso, en las próximas entregas, éste no será un ejercicio para apostar quién será. Será para preguntar quién conviene a Baja California. Porque la gubernatura no es un premio de consolación, una recompensa por lealtades partidistas ni la medalla que recibe quien logró llenar más camiones para una marcha dominical.

Baja California tiene problemas demasiado grandes como para decidir su futuro entre porras y fotografías aéreas. Inseguridad, corrupción, opacidad, crisis de servicios, infraestructura insuficiente y una relación cada vez más complicada entre los distintos grupos que controlan Morena.

El estado necesita un gobernador o gobernadora que pueda gobernar. Parece una obviedad.

Pero en estos tiempos hay que aclarar hasta las obviedades. Así que este domingo veremos marchas, discursos, banderas, consignas y, por supuesto, una demostración de apoyo a Claudia Sheinbaum. Todo perfectamente legítimo.

Sólo que debajo de cada pancarta habrá otra pregunta.

No será: ¿quién apoya más a la Presidenta? Será: ¿quién logró demostrar que puede convertirse en el próximo gobernador de Baja California? Y ésa, aunque la escondan detrás de la soberanía, la transformación y el amor a la patria, es la única marcha que realmente importa.

Transparencia…cinco años después

Gabriela Monge anunció, con el entusiasmo propio de quien descubre que las ventanas también sirven para dejar entrar la luz, que los funcionarios del Gobierno de Baja California subirán sus declaraciones patrimoniales a la Plataforma Nacional de Transparencia.

La noticia merece aplausos

Aunque quizá primero habría que preguntar: ¿y antes por qué no?

Porque la transparencia no es una concesión graciosa del gobierno, ni un acto de generosidad de los funcionarios, ni una campaña de primavera para mejorar la imagen de una administración cuestionada por su opacidad. Es una obligación. Tan sencilla como eso.

Los servidores públicos administran dinero que no es suyo, toman decisiones que afectan a millones de personas y ejercen un poder que los ciudadanos les prestan temporalmente. Por eso deben explicar cuánto ganan, qué patrimonio poseen, con quién contratan y cómo gastan.

Y resulta que, según las propias cifras del sistema de transparencia de Baja California, eso es precisamente lo que más quiere saber la gente.

Los salarios encabezaron las consultas con una ventaja aplastante: más de 46 mil. Después aparecen las declaraciones patrimoniales, los proveedores y contratistas, los contratos y convenios, los viáticos, los currículos y las sanciones a funcionarios. Es decir, el ciudadano no está preguntando qué color tiene la alfombra de la oficina del secretario en turno. Quiere seguir el dinero.

Quiere saber cuánto ganan. Quiere saber cuánto tienen. Quiere saber a quién le dan los contratos. Y quiere saber si los funcionarios que se dicen honrados tienen algo más que una declaración de principios.

Qué incómoda costumbre tiene la ciudadanía.

El problema es que, durante años, las declaraciones patrimoniales fueron uno de los grandes pendientes de la transparencia local. Algunas instituciones llegaron a justificar su falta de publicación con argumentos técnicos: que faltaban formatos, lineamientos, sistemas o condiciones para hacer públicas las versiones correspondientes.

Ahora resulta que el Gobierno del Estado ya contaba con DeclaraNet y que incluso la legislación establece el carácter público de las declaraciones, salvo los datos estrictamente protegidos.

Entonces, nuevamente: ¿qué pasó? ¿No había sistema? ¿No había obligación?

¿No había formatos? ¿O simplemente no había demasiadas ganas de que los ciudadanos vieran lo que los funcionarios declaraban tener?

La diferencia es importante. Porque una cosa es tener un problema técnico y otra utilizar el problema técnico como cortina.

Y hablando de cortinas, convendría abrir también las que cubren los contratos, las adjudicaciones directas y los proveedores.

No es casualidad que esas áreas estén entre las más consultadas. Cuando un ciudadano busca un contrato, normalmente no lo hace por afición literaria. Quiere saber quién ganó, cuánto cobró, cómo fue contratado, quién autorizó el procedimiento y, sobre todo, si el contrato original terminó siendo multiplicado mediante ampliaciones, convenios modificatorios y pagos adicionales.

Ahí es donde la transparencia suele adquirir una curiosa elasticidad.

El contrato aparece. Pero no el expediente completo. Se publica la adjudicación. Pero no toda la justificación. Está el proveedor. Pero no resulta fácil conocer todos sus contratos.

Hay información. Sólo que está repartida en tantas oficinas, formatos, ligas rotas y documentos que encontrarla puede convertirse en una especie de rally burocrático patrocinado por el gobierno.

Después está la palabra mágica: “reservado”.

Porque cuando la información se vuelve particularmente incómoda, aparece la seguridad pública, la investigación en curso, el secreto comercial, los datos personales o cualquier otra causal prevista por la ley. Algunas son perfectamente legítimas. Nadie propone publicar estrategias contra el crimen ni expedientes personales completos.

Pero entre proteger una investigación y esconder un contrato hay una diferencia. Y entre proteger datos personales y tachar media página también.

Por eso el verdadero examen para Gabriela Monge y para el Gobierno de Marina del Pilar no será anunciar que ahora sí habrá transparencia. Los anuncios son baratos y, afortunadamente para el presupuesto público, todavía no requieren licitación.

El examen será publicar. Publicar las declaraciones patrimoniales de los altos funcionarios en versiones realmente consultables. Publicar contratos completos. Publicar las razones de las adjudicaciones directas. Publicar a los proveedores recurrentes. Publicar los convenios modificatorios.

Y explicar qué información permanece reservada, por qué y hasta cuándo.

Porque Baja California no necesita otra ceremonia para inaugurar la transparencia. Necesita una costumbre.

La ciudadanía ya dijo claramente qué quiere saber. Quiere seguir el dinero y quiere saber quién administra el poder.

La pelota, por primera vez con tanto reflector encima, está del lado del gobierno.

Ahora veremos si Gabriela Monge abrió una puerta.

O simplemente levantó otra cortina.