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Redes ciudadanas sospechosas

Por Dianeth Pérez Arreola

Este sábado, el alcalde Ismael Burgueño tomó protesta a 566 Comisarios Sociales Honorarios de la Sindicatura Procuradora.

“Mujeres y hombres comprometidos que, a partir de este día, serán vigilantes ciudadanos de las acciones del XXV Ayuntamiento de Tijuana. Este esfuerzo refleja la esencia de un gobierno abierto y transparente, donde la participación de la ciudadanía es fundamental para fortalecer la rendición de cuentas y mejorar el servicio público”. Hasta aquí, muy bonito discurso.

El evento le sirve al alcalde para por primera vez, hacer justificar la presencia de la Sindica Procuradora, Teresita Balderas, que aparece en todos los actos públicos del Ayuntamiento.

Los comisarios sociales no cuestan, son honorarios, pero no tienen poder sancionador real; su función es de observación y reporte; dependen de la autoridad que los convoca, y todo esto reduce su autonomía efectiva.

La realidad es que así crean redes territoriales; incentivan los liderazgos en las colonias; reparten un cargo que no recibe paga ni tienen poder, pero así se los dota de legitimidad.

Los resultados apuntan a que se vuelven intermediarios políticos, pues son el enlace entre el gobierno y su comunidad, y más que vigilar al gobierno, se convierten en difusores de sus acciones y programas.

En Mexicali se nombró en 2025 la primera generación de comisarios sociales honorarios, con 51 integrantes. Esto obedeció a un reglamento creado en 2018 que preveía esta figura. En Tijuana también empezó en 2025. En abril de ese año se nombraron 368 comisarios sociales. La reglamentación permite a todos los municipios hacer lo propio.

Algo así se inventó la CESPM con los llamados “guardianes del agua”. Al ser estructuras de organización vecinal se pueden usar como redes de movilización o para condicionar la atención de servicios a cambio de apoyo político.

Las condonaciones y descuentos pueden ser susceptibles de promoverse de manera selectiva en zonas estratégicas durante periodos electorales para favorecer a ciertos candidatos. Además, proceso para calificar a beneficios económicos requiere la aprobación de un estudio; la discrecionalidad en estos trámites puede ser utilizada para privilegiar a simpatizantes.

Esta semana la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda anunció un programa del 100 por ciento de condonación de adeudos de agua de uso doméstico para adultos mayores, madres autónomas con hijos menores de edad, viudas mayores de 50 años y personas con discapacidad.

Ante esa generosidad, no hay que olvidar que fue en su sexenio que el costo del servicio de agua potable ha aumentado entre 20 y 40 por ciento en términos reales en Mexicali y la Zona Costa.

Para comercios o cuentas no domésticas el descuento es del 75 por ciento en recargos y 100 por ciento de descuento en multas, mientras se forme parte de un grupo vulnerable y no se exceda en consumo mensual los 25 metros cúbicos.

En lo que va de esta administración, el costo del consumo comercial ha subido del 30 al 60 por ciento.

“Acérquense a su organismo del agua más cercano a su comunidad para que sean beneficiarios de este decreto que es para cuidar sus bolsillos y sus ingresos y siempre pensando con el corazón por delante en el bienestar de todas y de todos ustedes”, dice la gober en el video que grabó para redes sociales. Anuncia un decreto que beneficia a la gente que se amoló al aumentar las tarifas.

Por supuesto esto no lo podría hacer el director de la CESPM, Armando Carrazco, quien tras revelarse que poseía una residencia en La Jolla junto a su esposa ortodoncista, solo se ha tomado una foto con Manuel Guerrero, con unos tenis más austeros.