Por Elvia Andrade Barajas
CIUDAD DE MEXICO.- El Senado de la República aprobó una nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con 77 votos a favor y 30 en contra, eliminando el polémico artículo 109 que permitía bloquear o “bajar” plataformas digitales sin orden judicial, pero oficializó el espionaje y la censura, encendiendo alarmas entre la oposición, medios de comunicación y organismos en defensa de los Derechos Humanos, que se han manifestado contra la misma por atentar contra la libertad de Expresión, alegando que sin una Prensa critica no hay democracia, pero sí un gobierno autoritario.
Aunque se eliminó el artículo 109 que permitía bloquear plataformas sin orden judicial, la nueva Ley de Telecomunicaciones, aprobada con 77 votos a favor y 30 en contra, mantiene y refuerza mecanismos de vigilancia y control que muchos consideran formas indirectas de censura:
Geolocalización en tiempo real sin orden judicial
Retención de datos personales (llamadas, mensajes, ubicación)
Suspensión de transmisiones bajo criterios vagos como “afectar a las audiencias”
Sustitución del IFT por un órgano subordinado al Ejecutivo, debilitando la autonomía regulatoria
Prohibición de propaganda extranjera, salvo en casos culturales o turísticos
El gobierno argumenta que la ley busca proteger la soberanía digital y ampliar el acceso a internet, pero organismos como Article 19, R3D y legisladores del PRI y PAN advierten que se institucionaliza la censura y se legaliza el espionaje.
La presidenta Claudia Sheinbaum, impulsora de las modificaciones a la Ley de Telecomunicaciones, turnadas a la Cámara de Diputados, insiste que en México hay libertad de expresión y que la censura no existe.
Sostiene que los cambios son para evitar que países extranjeros, como Estados Unidos, hagan propaganda en México contra los propios mexicanos.
Hasta ahí, todo bien.
Pero…
¿Y, los periodistas asesinados?, ¿la impunidad en crímenes periodísticos?, ¿la negación de publicidad oficial a los medios de comunicación?, condenándolos a buscar otros empleos para vivir dignamente ¿¡acaso, todo eso no es una estrategia para debilitar y pulverizar a la Prensa?
¿De qué quieren que vivan los periodistas?
Les niegan la publicidad oficial, pese a que el gobierno retiene impuestos a la población para destinarlos disque a Comunicación Social, para difundir obras y servicios públicos, que deben ser difundidos por los medios de comunicación existentes, no por el gobierno mismo, que se convierte en juez y parte a conveniencia.
Los periodistas, les guste o no, son los vigilantes del buen desempeño y aplicación del presupuesto público.
Ahí es donde todo se tuerce.
El gobierno no quiere ser auditado, y busca trabajar con youtuberos o periodistas a fines y anular todo organismo que le haga contrapeso.
Las autoridades gubernamentales, de cualquier orden de gobierno, suponen que, al pagar publicidad oficial, que es legal, pagan conciencias, pero no logran acallarlas.
Los crímenes de periodistas son imparables e impunes, incluso en la administración de Claudia Sheinbaum, quien se contradice constantemente al referirse a la libertad de expresión y de Prensa.
La nueva ley que sustituye el marco legal vigente desde 2014 tiene varios cambios, entre ellos:
Además de eliminar el artículo 109, crea la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que sustituirá al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Fortalece a medios comunitarios, indígenas y afromexicanos, permitiéndoles vender publicidad y acceder a fondos públicos.
Garantiza el acceso a internet en zonas marginadas como parte de una política de equidad digital.
Mantiene la geolocalización en tiempo real de dispositivos móviles, sin necesidad de orden judicial, lo que ha generado críticas por su potencial uso como herramienta de vigilancia.
Establece una Comisión Reguladora subordinada a la ATDT, lo que ha sido señalado como un debilitamiento de los contrapesos institucionales.
Aunque se eliminaron artículos polémicos como el 109, organizaciones como R3D y Article 19 advierten que la ley aún permite prácticas de vigilancia y control que podrían derivar en censura indirecta:
La retención de datos (llamadas, mensajes, ubicación) sigue vigente y puede ser consultada por el gobierno sin orden judicial.
Prohíbe la transmisión de propaganda extranjera, salvo en casos culturales o turísticos, lo que algunos consideran una restricción al pluralismo.
La sustitución del IFT por un órgano subordinado al Ejecutivo ha sido vista como un retroceso en la autonomía regulatoria.
En resumen, aunque la ley incorpora avances en inclusión digital y acceso equitativo, persisten mecanismos que podrían facilitar la censura y vigilancia estatal, especialmente si no se regulan con transparencia y contrapesos efectivos.
Tanto legisladores opositores como medios independientes coinciden en que, aunque hubo avances, persisten riesgos estructurales para la libertad de expresión, la privacidad y la autonomía de los medios:
Ricardo Anaya (PAN) calificó la ley como una herramienta de “espionaje y censura”, señalando que permite la geolocalización en tiempo real sin orden judicial y la suspensión de transmisiones bajo criterios vagos.
Manuel Añorve (PRI) afirmó que la ley busca “eliminar la libertad de expresión e imponer autoritarismo digital”, advirtiendo que el gobierno podrá “bajar el switch” a medios críticos.
Alejandro Moreno (PRI) la llamó “una guía de bolsillo para un régimen dictatorial”, acusando que institucionaliza la censura y el control de la vida pública.
Alejandra Barrales (MC), aunque votó a favor, reconoció que la ley original era excesiva y celebró que se hayan reducido las facultades de la nueva agencia reguladora.
Reacciones de medios de comunicación
TV Azteca y otros medios han señalado que la ley podría obligar a los concesionarios a difundir solo información favorable al gobierno, lo que limitaría el pluralismo informativo.
Se critica la exigencia de distinguir entre información y opinión en las transmisiones, algo considerado técnicamente inviable y una forma de control editorial.
El Reuters Institute advierte que el ecosistema mediático mexicano enfrenta una creciente concentración de poder y riesgos para la transparencia, especialmente tras la eliminación del IFT y el INAI.
Ante este panorama, es imprescindible recordar que cuando los gobiernos escriben las reglas del silencio, el periodismo tiene la obligación de alzar la voz.
Más historias
Nueva amenaza de Trump a México y a Claudia
Piratería en México asciende a más de 63 mil mdp: Concanaco
¿Se está hundiendo el Tramo 5 sur del Tren Maya?; Sheinbaum pide dictamen técnico