La ausencia de Gustavo Rodríguez Cabrales en la pasada reunión para la reactivación del estatus exportador de ganado en pie desde San Quintín y San Felipe hacia Estados Unidos es mucho más que un desaire institucional: es una señal inequívoca de la irresponsabilidad con la que ha manejado su encargo como presidente del Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de Baja California.
Su papel como operador de recursos estatales y federales para campañas zoosanitarias es insustituible, y su omisión no sólo retrasa el proceso de certificación sanitaria, sino que pone en riesgo el futuro económico de cientos de ganaderos del sexto municipio.
Los señalamientos de SENASICA sobre el atraso de un año en los barridos contra la tuberculosis bovina, la falta de personal acreditado, la dudosa confiabilidad del censo ganadero y el incumplimiento de entregas de auditorías, todo bajo la esfera de responsabilidad de Rodríguez Cabrales, no pueden seguir siendo tolerados ni encubiertos por argumentos políticos.
Su negativa a rendir cuentas e incluso su amago de ampararse para evitar la fiscalización, compromete seriamente el cumplimiento de los requisitos que exige el USDA y frena la posibilidad de que Baja California recupere su lugar como zona exportadora.
La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda ha reiterado este compromiso como prioritario. La alcaldesa Miriam Cano lo expresó con claridad: no se puede perder esta oportunidad por omisiones personales. Las instituciones ya cumplieron convocando, solicitando informes y haciendo exhortos. Lo que sigue es actuar con firmeza.
Si Rodríguez Cabrales no puede o no quiere asumir su responsabilidad, debe dejar paso a quien sí esté dispuesto a poner el interés ganadero y regional por encima de intereses propios.
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