Matices: Desesperación

Por  Dianeth Pérez Arreola

Todo parece indicar que la gobernadora está desesperada, y la foto junto a Julián Leyzaola fue una manera de medir la “temperatura” respecto a un posible cambio en la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

La idea por supuesto era acomodarlo en Tijuana, donde ya estaba anunciado un cambio, pero desde la Ciudad de México, Omar García Harfuch dijo que no.

A Marina del Pilar se le ocurrió que entonces podría acomodarlo en Mexicali, pero hay una larga lista de razones que hacen de esto una muy mala idea.

Para empezar, existe el rumor de que no pasó el último examen del C3. De ser cierto, sería una contradicción nombrar a un jefe policiaco sin esa certificación, que sí tienen que cumplir todos los agentes.

Después, está el asunto de las acusaciones de tortura. Si se meten a la página de Wikipedia y buscan a Julián Leyzaola, la primera parte es casi una petición de canonización. Como hacen muchos políticos, editan su biografía para destacar y ocultar lo que les conviene.

Dice falsamente: “El 29 de agosto de 2013 fue inhabilitado por 8 años para ejercer un cargo en BC al comprobarse violaciones a los derechos humanos en la modalidad de tortura, abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza pública, cuando al mando de la policía municipal de Tijuana.? Demandó un juicio de anulación de su inhabilitación ante los juzgados de Baja California, comprobándose un interés político, por lo que se anuló la inhabilitación devolviéndole sus garantías ciudadanas para desempeñar cualquier puesto público”.

La realidad es que Leyzaola tiene tres recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California en donde figura como autoridad responsable. Todas las recomendaciones están basadas en una metodología lógico-jurídica, no en un editor de Wikipedia.

Esta es una de las recomendaciones: “La Procuraduría de Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California emitió la Recomendación 6/2010, emitida por actos de tortura registrados en 2009. Dicho pronunciamiento, dirigido al Ayuntamiento de Tijuana, no fue aceptada por el entonces presidente municipal, Jorge Ramos Hernández.

Ante la negativa, una de las víctimas presentó un recurso de inconformidad, lo que derivó en que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitiera una Recomendación en términos similares a los expuestos por el Organismo Bajacaliforniano. Dicha recomendación sí fue aceptada por el entonces alcalde Carlos Bustamante Anchondo. El seguimiento del cumplimiento de dicho pronunciamiento está a cargo de la CNDH”.

También tiene un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros varios en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, donde fue secretario de seguridad pública municipal.

Entre causas penales, recomendaciones de las comisiones estatales de Baja California y Chihuahua, y un informe de la organización Human Right Watch que le fue entregado al entonces presidente Felipe Calderón, Leyzaola acumula 9 casos de tortura.

Un dato muy importante es que tras pasar Leyzaola por la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana, la corporación fue tachada de actos violatorios de derechos humanos, y ese hecho impide hasta la fecha que esa corporación pueda recibir apoyo y capacitación de parte extranjeros, particularmente de Estados Unidos, y eso pasaría con Mexicali si encabezara la Policía Municipal. Y ya sabemos cómo están las cosas con Estados Unidos.

Por último, y no menos importante, en Mexicali un titular con la etiqueta de Tijuana jamás sería bien aceptado, sin contar el carácter protagonista del personaje.

En todo este asunto de la seguridad, hay un elefante en la habitación. Es la fiscal del estado María Elena Andrade, quien no pierde oportunidad para repartir culpas para que nadie se fije en su pobre desempeño. Ayer en la mañanera puso en evidencia a Luis Felipe Chan al exhibir el “minuto a minuto” de las llamadas al 911.

Chan dijo el lunes ante el Grupo Madrugadores que hubo información inexacta en los primeros reportes sobre el ataque mortal a Sunshine Rodríguez. Que primero se mencionó que sería una mujer quien estaría lesionada, y luego se pasaron las características de un vehículo que no tenía relación con el que sí se utilizó en el atentado.

Tras la mañanera, la información que quedó para la opinión pública fue por un lado la palabra de Chan contra los hechos de Andrade, quien mostrando una sección de la “sábana” de las llamadas al 911 hizo parecer como si la información inexacta mencionada por el director de policía, hubiera sido un invento. ¿Por qué la fiscal le dio este golpe a Chan (por supuesto con la venia de la gobernadora)? ¿Por qué Chan diría algo que no pasó?

El director de policía pecó de inocente al decir lo que dijo y le faltó asertividad para manejar el tema, pero no lo inventó. Hay un chat de Whatsapp donde suben en tiempo real la información del C2, que fue de donde surgieron esos primeros datos erróneos, y Andrade aprovechó el tropiezo. Y lo hizo como si se tratara de una fracción antagonista y no de una fuerza que coadyuva a las tareas de seguridad. Si fiscalía le mete el pie a la policía municipal, ¿cómo habla esto de María Elena Andrade? ¿Tan desesperados están de meter a Leyzaola?