Epístola

Por Jesús Víctor Ferrer C. 

Estimado Señor Director: 

En una conferencia de prensa celebrada en la Secretaría de Gobernación el 26 de junio de 2016, María de los Ángeles Fromow Rangel, quien se desempeñaba como secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), mencionaba que el nuevo sistema estaría debidamente cristalizado ocho años después, o sea en este 2024. 

Sin embargo, el mencionado sistema ha resultado un verdadero fiasco, a pesar de que más de dos mil 800 distintas instalaciones fueron adecuadas, construidas o remodeladas y se pudieron armonizar 352 leyes locales con el objetivo de poder implementar estas disposiciones. Pronosticaba que los procesos serían más ágiles, reduciendo los tiempos en las determinaciones al aplicarse mecanismos alternativos en la solución de los procesos del ámbito jurisdiccional, sobre todo porque en el cien por ciento de las audiencias estaría presente al juez, aunque en la actualidad lo único cierto es que son miles de expedientes rezagados. 

Fromow Rangel, aseguraba que las medidas cautelares evitarían el ingreso a prisión de cientos de personas, al tener otra mecánica de seguimiento en el procedimiento, poniendo énfasis en la capacitación de los policías (sic), a efecto de tener plena aplicación de los protocolos nacionales aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. 

Resaltaba la funcionaria que el costo del proceso penal disminuiría al mismo tiempo que se incrementarían los montos de recuperación por reparación del daño, con el agregado de que a partir de ese momento las partes contarían con orientación especializada (?), tanto las víctimas como los imputados o acusados. ¿Y cuál ha sido el resultado de las promesas anteriores? 

Sin duda alguna la creación de la “puerta giratoria” que se colocó en las agencias del ministerio público y en los pomposamente llamados centros de rehabilitación social, que siguen siendo reclusorios donde se especializan los reos para salir y seguir delinquiendo sabiendo que no habrá castigo para ellos. 

Las estadísticas no mienten: En México de cada 100 delitos que se cometen solo 6.4 se denuncian; de cada 100 denunciados solo 14 se resuelven, de tal forma que la probabilidad de que un delito cometido sea resuelto en nuestro país es de 0.9%, lo anterior porque la ciudadanía se dio cuenta que los delincuentes tienen una mayor protección que las víctimas y de esos asuntos solo el 1 por ciento termina en sentencia condenatoria por lo que podemos asegurar que este sistema es un fracaso. 

Con el nuevo modelo se pretendía una justicia eficaz y eficiente, pero todo se quedó en el tintero. En todo este tiempo las procuradurías no han dado el resultado deseado. La gente se enfada porque pasan horas en esas oficinas poniendo sus denuncias, pidiendo información sobre el avance de las carpetas de investigación; invirtiendo tiempo y dinero sin lograr resultados. 

Pero en cambio los delincuentes con el llamado criterio de oportunidad extinguen la acción penal en su contra, cuando delatan a un superior jerárquico y la información que proporcionan concluye con la detención de un imputado diverso. Luego la flojera de los ministerios públicos para acreditar debidamente un delito, derivando en juicios abreviados donde el presunto responsable es el único que se beneficia, gracias a la aplicación de una sentencia menor, todo lo anterior en perjuicio del ofendido. 

Y qué decir de los testigos “protegidos” que están puestos a declarar lo que les ordenen las autoridades con el fin de condenar alguna persona sin pruebas suficientes, basadas en sus dichos que en muchas de las ocasiones son suficientes para dictar una sentencia condenatoria y en contraparte reducir años de prisión a quienes tienen penas elevadas por lo que es común verlos en libertad luego de servir como “testigos”. 

Total, que hacen las cosas al revés destruyen la justicia federal que es la última instancia a la que pueden recurrir los justiciables y dejan por el momento intactos los tribunales estatales que es precisamente donde existen los mayores problemas, debido principalmente a la errónea aplicación de los derechos humanos que protegen de manera exagerada a quienes cometen un delito y a la incorrecta aplicación del debido proceso, por la falta de una verdadera capacitación de todos los elementos que forman la cadena que inicia cuando detienen a un presunto delincuente hasta que termina en la potencial consignación a un juzgado. 

A nivel local o estatal, es donde acuden el grueso de los ciudadanos para resolver intestados, divorcios, pensiones alimenticias, desahucios, el cobro de pagarés o cualquier otro título de carácter mercantil, etc. etc., pero el buen funcionamiento de los mismos puede esperar otro sexenio. En este momento lo importante es destruir el Poder Judicial. 

Un saludo 

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P. D. Estoy emocionado porque Morena hará una encuesta (son los más acabados especialistas en la materia), para la elección de médicos responsables en clínicas y hospitales de diferentes especialidades en el IMSS-Bienestar que en el próximo sexenio serán mejores que los de Dinamarca. Para participar, los primeros inscritos son jóvenes eufóricos recién egresados de las escuelas de medicina, quienes desean atender a YSQ en caso necesario. Espero con entusiasmo los resultados.