Apuesta CCE a que Sheinbaum les dé certidumbre
Por Yazmín Alessandrini › tabloiderevista.com
Con los hombres del dinero, con los verdaderos generadores de riqueza y de empleo, con los empresarios, existe preocupación e incertidumbre con respecto al paquete de reformas a la Constitución que enviará en septiembre próximo el presidente López Obrador al Congreso de la Unión. Se trata de una veintena de cambios, pero en específico a este sector le inquietan las modificaciones al Poder Judicial, a los órganos autónomos y al Instituto Nacional Electoral (INE). Por eso, se antoja de suma relevancia el encuentro que sostendrán esta semana unos 350 empresarios aglutinados en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Alberto Cervantes Díaz con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo.
Para Cervantes Díaz está claro que el grueso de estas iniciativas es de carácter social, es decir que favorecen principalmente a las personas desfavorecidas y que éstas se centran en derechos fundamentales. Sin embargo, consideró que aquellas que involucran al Poder Judicial, a los órganos autónomos y al INE sí requieren de un amplísimo consenso y discusión en torno a principios que unan y no dividan a los mexicanos, por lo que es sumamente importante que estas reformas sean previamente sometidas a un análisis imparcial, profundo, contextualizado y con el involucramiento de todos los sectores de la sociedad.
De entrada, hace falta que se den a conocer los textos de las iniciativas que se enviarán en septiembre próximo a San Lázaro para revisarlos detenidamente, ya que éstos deben atisbar en el espíritu de un concepto primigenio del Estado de derecho que debe imperar en México y que tiene que ver con la división de poderes, el fortalecimiento de la democracia, la competitividad, pero sobre todo con la certidumbre jurídica que se requiere para incentivar las inversiones y el cumplimiento de los acuerdos comerciales de los que forma parte nuestra nación.
Por lo tanto, se espera que desde el Poder Legislativo se asuma con responsabilidad un análisis serio y responsable de todas las iniciativas.
Con todo y su supermayoría calificada, la cual obtuvieron en la reciente elección, pero que todavía está por ser ratificada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), lo cual ocurriría en agosto próximo, los morenistas tienen que entender que lo que está en juego no es la preponderancia política de tal o cual partido, sino que esto va más allá: se trata de la certidumbre jurídica que requieren los inversionistas (principalmente los extranjeros) para establecer sus empresas y capitales en México.
Y este es el dardo envenenado que el presidente López Obrador pretende heredarle a la próxima administración, pues bajo su óptica de que ’la justicia está por encima de los mercados’ (lo que muchos entendieron como un primero yo, después yo y al final yo), nos estaríamos aproximando a un complicado escenario en el que la Inversión Extranjera Directa (IED) se estaría sosteniendo con pinzas para arrancar el próximo sexenio.
Esta sería la peor herencia de un hombre que todo el tiempo sólo apostó a dividir en lugar de sumar y que en lugar de volverse aliado de los empresarios (salvo unos cuantos) prefirió llamarlos ’delincuentes de cuello blanco’ y ’traficantes de influencias’.
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