Víctor Suárez Carrera, subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
- El Acuerdo nacional para una república rural justa y soberana es el único que se ha pactado entre organizaciones campesinas y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, y es eje rector del desarrollo rural en México, destacó el subsecretario Suárez Carrera
- Fue suscrito por 24 organizaciones con carácter nacional y regional, luego de un largo proceso de consenso, que son herederos de las luchas de resistencia indígena y sus derechos
CIUDAD DE MÉXICO. – El Acuerdo Nacional para una República Rural Justa y Soberana–Acuerdo de Chinameca, firmado entre organizaciones campesinas, indígenas y afromexicanas y la ahora presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, es la herramienta que hay que cuidar y defender para garantizar la agenda del segundo piso de la Cuarta Transformación en el sector rural, afirmó el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Suárez Carrera.
Pactado en Chinameca, Morelos, el acuerdo “es el único que firmó Sheinbaum Pardo con un sector de la sociedad mexicana y nos llena de felicidad porque eso indica que la política de transformación hacia el campo va a continuar”, celebró en el marco de la conferencia 59 del Ciclo autosuficiencia alimentaria e innovación tecnológica con prácticas sustentables.
Suárez Carrera destacó que este pacto representa la continuidad de la Cuarta Transformación, iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2018, y el reconocimiento de un sujeto social diverso y complejo por parte de la presidenta electa.
Con el Acuerdo, explicó, la agenda está marcada sustancialmente en tres ejes: la aprobación de las reformas constitucionales que propuso el presidente el pasado 5 de febrero, que involucran el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos; la elevación a rango constitucional de los programas de Bienestar y los de apoyo a pequeños productores, así como la prohibición del maíz transgénico para consumo humano.
Marca además una política de defensa de la transición hacia la agroecología y deja atrás el modelo neoliberal en agricultura y el control corporativo de las políticas públicas, aplicadas por los gobiernos neoliberales, para avanzar con el compromiso de priorizar la soberanía alimentaria y el no al maíz transgénico, al glifosato y a los plaguicidas.
Otro eje es la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible, en la que se plantea, por mandato, una nueva política que garantice el derecho constitucional a la alimentación con producción de alimentos saludables, garantía de acceso a toda la población, compras gubernamentales y reservas estratégicas, entre otras, indicó.
Esta agenda, expuso, tiene un respaldo y un compromiso político del más alto nivel, así como un mandato ciudadano inobjetable, que no puede llevarse a la práctica sin la articulación de un fuerte movimiento social, diverso y plural.
Las conquistas sociales y las de derechos nunca se han alcanzado sin la lucha y la movilización social, por lo que estas reformas constitucionales no deben ser la excepción, abundó.
El profesor investigador de Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Xochimilco, Armando Bartra Vergés, expuso el contenido del Acuerdo, del que destacó el reconocimiento de que la soberanía alimentaria fue, es y deberá seguir siendo el eje rector del desarrollo rural.
Habló de la necesidad de impulsar un plan hídrico nacional, que empieza con una nueva Ley General de Aguas, el reconocimiento pleno de los derechos campesinos y el de justicia a los jornaleros y fortalecer y regularizar la sociedad social de la tierra.
La directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, Leticia López Zepeda, informó que el Acuerdo fue suscrito por 24 organizaciones con carácter nacional y regional, luego de un largo proceso de consenso.
Expuso que está conformado por un conjunto amplio y plural de organizaciones y movimientos indígenas y afromexicanos que habitan en más de la mitad del territorio nacional, que resguardan la propiedad social de la tierra, a través de 32 mil ejidos y comunidades que albergan la mayor parte de los recursos naturales de la nación.
“Somos herederos de las luchas de resistencia indígena contra el genocidio y el despojo y por nuestros derechos, así como de las luchas campesinas de Zapata, que hoy son parte de nuestra identidad”, consideró.
La presidenta del Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas, Janeth del Rosario Cruz Gómez, abordó la reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas, de la que destacó que es la demanda y el sentir de los pueblos originarios que buscan ser reconocidos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Rumbo al Segundo Piso de la Cuarta Transformación se debe rediseñar y cambiar su forma de operar las instituciones rurales y tribunales agrarios, expresó el asesor de la Coordinadora Nacional de Ejidos y Comunidades, Arturo García Jiménez.
Los funcionarios designados no deben responder a intereses ajenos a sus actividades y tienen que conocer la problemática y realidades del campo, comentó.
El líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Ignacio del Valle Medina, manifestó que el tema de autosuficiencia alimentaria prevalece en los pueblos y se mantiene vivo.
Ponerlo en práctica genera unidad y reconocimiento, por lo que la autosuficiencia se tiene que fortalecer en el campo y en la ciudad, sobre todo con los que no tienen tierra, agregó
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