Por Sonia Domínguez Ramírez *
Las reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social en materia de derechos laborales del campo son favorables para los trabajadores, sin embargo, al no considerarse los tiempos necesarios para su implementación existe gran riesgo de que micro, pequeñas y medianas empresas del sector agrícola incumplan con lo establecido y queden en un estado vulnerable e incluso con el riesgo de quebrar, aseguró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
El organismo empresarial reprochó a los legisladores que para elaborar estos cambios a las leyes hicieran de lado la opinión de los sectores involucrados e ignoraran la propia voz de los trabajadores del campo.
Asimismo, calificó de delicado que la entrada en vigor de la reforma se hiciera literalmente de un día para otro, toda vez que la publicación de las mismas se hizo el miércoles 24 de enero de 2024 con efectos de cumplimiento al día siguiente.
De esta manera, las empresas y los empleadores quedaron en estado de vulnerabilidad dado que “es materialmente imposible adecuar sus operaciones, contratar personal para el manejo administrativo y realizar inversiones para cumplir con la ley en tan sólo un día. Se trata de reformas profundas al marco legal y es imposible que la industria se adapte en un día”, apuntó.
El organismo patronal subrayó que las reformas contienen elementos positivos; sin embargo, expresó su desacuerdo en que existan nuevas obligaciones para las empresas cuando en realidad son tareas que le corresponden al IMSS, a la SEP y al DIF.
En este aspecto, mencionó que “podría ponerse en riesgo la sustentabilidad financiera de las empresas agrícolas con nuevas disposiciones como el hecho de suplantar los servicios que el IMSS proveía a las familias de los trabajadores en caso de que el Instituto Mexicano del Seguro Social no cuente con instalaciones cercanas al lugar de trabajo. También se considera suplantar las tareas de la SEP, ya que los empleadores están obligados a establecer y sostener escuelas cuando la Secretaría de Educación no cuente con centros educativos cercanos. A su vez, se transfieren al empleador las tareas de proveer servicios de guarderías a los hijos de los trabajadores y establecer salas de lactancia, que aunque es muy positivo, implica una inversión que, de un día a otro, es imposible concretar”.
Por otra parte, la Coparmex aseguró que estas reformas contienen muchos cambios positivos, entre los cuales dijo que era un acierto que la ley distinga con claridad quiénes sí son y quiénes no las personas trabajadoras del Campo. También que se señale con mayor precisión su carácter de trabajadores permanentes o temporales, así como establecer la obligación de entregar constancias sobre la antigüedad acumulada, las retenciones y aportaciones por concepto de seguridad social.
Lamentó que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social haya dejado pasar la oportunidad histórica de poder incorporar a la formalidad de la agroindustria a jóvenes de 16 y 17 años, que al día de hoy ya trabajan en ese mismo giro laboral pero en la informalidad, donde sus salarios son cubiertos en efectivo, sin gozar de Derechos Humanos Laborales tales como la Seguridad Social, pago de utilidades, bonos, horas extras y prestaciones legales básicas, dejando afuera de la esfera del Trabajo Digno a jóvenes en situación de vulnerabilidad.
Con ello, destacó, se acrecienta la ya cercana cifra de informalidad en el empleo al 60 por ciento en México.
Añadió que también están de acuerdo en que en los contratos individuales de trabajo se observen tiempos adecuados de descanso y pausas, y se establezcan mecanismos para informar a las personas trabajadoras del campo acerca de las autoridades del trabajo y servicios sociales a las que se podrán acudir cuando consideren que sus derechos han sido menoscabados.
“Todo lo anterior abona a que los trabajadores tengan mayor certeza y gocen adecuadamente de sus prestaciones y derechos”, afirmó el organismo patronal.
Finalmente, la Coparmex insistió en que a pesar de ser positiva esta reforma, su implementación puede poner en riesgo de quiebra a miles de empresas agrícolas del país, pues de realizarse una verificación el día de hoy, serían miles las empresas sancionadas.
Comentó que es necesario considerar que el campo mexicano atraviesa una crisis derivada de la sequía y el impacto de otros fenómenos meteorológicos que ha retrasado algunos procesos.
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