La creación de empresas militares puede tener un futuro de subsidios para compensar pérdidas, riesgos de corrupción y desaliento a la inversión.
Por Carina García
Segunda de tres partes
REFORMAS A LA CARTA
Hasta ahora habían sido resoluciones de la Secretaría de Hacienda, fundadas en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, las que habían dado sustento jurídico a la conversión de las Fuerzas Armadas en un consorcio, al autorizar la constitución de empresas de participación estatal mayoritaria, como lo son las que integran el GOMM y Turística Integral Islas Marías.
Pero en 24 horas, el pasado 25 y 26 de abril, la Cámara de Diputados y después el Senado de la República, concretaron reformas legales para dar base legal a todos los planes del presidente López Obrador para que las Fuerzas Armadas administren y operen servicios, pero con perfil empresarial.
Con esas modificaciones, la Sedena podrá administrar aeropuertos sin licitación; tener a su cargo la operación de la línea aérea del gobierno y también la del Tren Maya; e incluso se le dotó de una fuente de financiamiento para encargarse de esta infraestructura ferroviaria a partir del impuesto que se cobra a los visitantes extranjeros.
Todos esos cambios fueron avalados por Morena y sus aliados, el PT y el Verde Ecologista: el primer bloque consistió en modificar la Ley de Aeropuertos y la Ley de Aviación Civil, para que pueda operar la línea aérea gubernamental.
Se creó la figura de “asignación” y se autorizó al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a “otorgar títulos de asignación a las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal” tanto para la administración, explotación y construcción de aeropuertos –sin licitación de por medio–, como “para prestar el servicio público aéreo nacional regular”.
Esa asignación será prácticamente eterna, pues se indica que será “por tiempo indefinido” y sólo podrá terminar cuando “se acredite fehacientemente que ya no existe la causa de utilidad pública, interés público, interés general, interés social o por razones de seguridad nacional que lo justifique”.
Con esto, se justificó en el dictamen votado, “se sentarán las bases para crear una aerolínea paraestatal que democratice el servicio aéreo, posibilitando el acceso a un mayor número de personas, así como ampliar la conectividad en lugares que han sido desestimados por las aerolíneas comerciales, a la par que bajarán los costos de los boletos de avión y aumentará la calidad de los servicios”.
Otro paquete de enmiendas se hicieron a la Ley de Vías Generales de Comunicación, la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Se incluyó que el Ejecutivo, a través de la SICT, podrá otorgar títulos de asignación de vías férreas a favor de entidades paraestatales y, como en el caso de la aerolínea, también con vigencia indefinida.
Esa entidad paraestatal beneficiaria de las reformas no es otra que el Grupo Aeroportuario (GOMM), el conglomerado empresarial a cargo de las Fuerzas Armadas y al que se asignará la operación del Tren Maya.
Pero para todos estos cambios legales, ni en las iniciativas, ni en ningún tramo de los procesos legislativos en las dos cámaras se solicitó o se presentó un análisis del mercado o la proyección del retorno de inversión para conocer si los proyectos –la aerolínea, los aeropuertos o el Tren Maya, entre otros- son económica y financieramente rentables y en cuánto tiempo.
De hecho, el tercer paquete de reformas, que involucró cambios a la Ley Federal de Derechos y a la Ley General de Turismo, tiene como fin dotar de recursos a la Sedena para aplicarlos a la infraestructura ferroviaria del Tren Maya, es decir, se le invertirán más recursos, en vez de que se proyecte generarlos.
La modificación legal consistió en establecer que el 80% de los ingresos que se obtengan por el pago de derechos que realizan turistas extranjeros ya no se irán al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), sino a “la entidad paraestatal de la Administración Pública Federal cuyo objeto sea la administración, operación y prestación de servicios aeroportuarios, aeronáuticos, ferroviarios, turísticos y culturales” es decir, el GOMM, a cargo de la Sedena, pues no hay otra que realice tal amplitud de tareas.
Se le ordena incluso a esa paraestatal administrar esos recursos en un fideicomiso –como los que el presidente ha condenado, por opacos y presuntamente prestarse a la corrupción– y a constituirlo en los 120 días hábiles siguientes a la entrada en vigor del decreto.
Así, con estas reformas al marco legal, y presupuesto, las empresas “verde olivo” tienen garantizada su conclusión para el caso de las que están aún en obra, y su operación, para las que ya están en marcha, como es el caso del AIFA.
Es por ello, que el “Proyecto Tren Maya”, aún en proceso, tendrá este 2023 un presupuesto de 143,073.3 mdp manejado por Sedena, y el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V de 7,053 mdp, ahora administrados por la Semar.
decir, sigue la inversión, aunque se desconoce cuándo podría rendir frutos, y su viabilidad es poco clara. El caso emblemático es el AIFA, obra ya concluida y en operación pero que aún tiene inyección de recursos presupuestales.
Continuará…
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