Extracción de piedra bola en 2016. Foto: Terra Peninsular A.C.
Mediante la recaudación de fondos y donaciones, una organización civil compró predios para destinarlos voluntariamente a la conservación y proteger a los humedales de la expansión de proyectos agrícolas e inmobiliarios en Baja California. Desde entonces, la flora y fauna muestra signos de recuperación. Este artículo fue producido con el apoyo de Earth Journalism Network de Internews
Por Víctor R. Rodríguez
David Alonso Andazola, guardaparques en jefe de las Reservas Naturales de Punta Mazo y Monte Ceniza en Bahía de San Quintín, México, observa con serenidad las colinas arenosas que separan a la playa de La Chorera, de los humedales El Arco, en el punto norte de Bahía Falsa.
Entrar a la Reserva Natural de Punta Mazo, una barra de humedales y tierra volcánica donde merodean aves como el chorlito nevado (Charadrius nivosus), el cuitlacoche californiano (Toxosloma redivivum) y la pardela mexicana (Puffinus opisthomelas), requiere transitar por la playa La Chorera, un sitio popular entre locales el cual suelen visitar durante los fines de semana. Un lugar con poca vigilancia policial donde las reglas sobre el tipo de convivencia son ambiguas: lo mismo hay campamentos con familias que jóvenes que beben cerveza y manejan sus carros 4×4 a toda velocidad.
“Hay personas que no respetan la señalética e ingresan en sus carros todoterreno dentro del área de protección. Nos vemos obligados a alcanzarlos y explicarles amablemente que no pueden hacer esa actividad y los invitamos a salir del lugar”, explica el guardaparques.
Un equipo de 5 guardaparques que labora en la organización civil Terra Peninsular se encarga de vigilar un área de 1633 hectáreas que suman las reservas de Punta Mazo y Monte Ceniza en Bahía de San Quintín. Además de vigilancia, los guardaparques apoyan con el mantenimiento de caminos y senderos, recolección de basura e informar las reglas del lugar a los turistas que llegan a las reservas naturales.
La sola existencia de esta lengüeta arenosa —La Chorera— es el resultado de la extracción imparable, desde 2019, de piedra bola de mano de personas que sin permiso gubernamental la colocaron en el mercado de la decoración de exteriores y la construcción. Los guardaparques, limitados en su actuar a los terrenos privados que sirven de reservas naturales, sólo les queda denunciar ante las autoridades lo que sucede fuera de su jurisdicción. Debido a la poca vigilancia y control de las autoridades, esta playa que colinda con la entrada de la Reserva de Punta Mazo fue totalmente desprovista del material pétreo que ahí existió.
La extracción de piedra frente a la reserva de Punta Mazo se suma a una lista de conflictos ambientales en la región como la calidad del agua en las bahías, el desarrollo urbano, el desmonte de terrenos para la agricultura, el uso recreativo de vehículos todoterreno, el saqueo ilegal de suelo volcánico, los impactos por la falta de recolección de basura y conflictos territoriales en algunos puntos donde las reservas naturales colindan con las concesiones de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT); una figura federal de uso del suelo que controla las zonas de mareas en toda la costa mexicana.
Estos conflictos, consecuencia inevitable de un ecosistema en contacto con la actividad humana, le parecen a César Guerrero, director ejecutivo de Terra Peninsular, una oportunidad para fortalecer el diálogo y defender una herramienta de conservación del suelo que ofrece protección a la biodiversidad y beneficios económicos por igual. Explica que un ecosistema costero saludable permite que los nutrientes y el agua saludable fluyan por las bahías, un aspecto clave para la actividad acuícola y el crecimiento de pastos marinos, lo que garantiza una fuente de alimento para la branta negra.
“La industria del cultivo de ostras es el mejor aliado de la conservación, ya que necesita aguas limpias y una bahía saludable para producir ostras de calidad”, dice el director.
Granjas ostrícolas vs desarrollo inmobiliario
Bahía de San Quintín es un municipio extenso con poca infraestructura pública. Se encuentra 284 kilómetros al sur de Tijuana, lejos del ajetreo económico y el auge inmobiliario que caracteriza a la metrópoli fronteriza. Contrario al frenesí superpoblado de Tijuana, Bahía de San Quintín es una localidad de perfil agrícola y pesquero con apenas 117,568 habitantes, según el censo federal de 2020.
La agricultura, que genera 11.460 millones de pesos al año (574 millones USD), según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), es una de tantas amenazas a la flora local en la medida que se expande y despeja terrenos para aumentar su área de trabajo. Sin embargo, la certificación de tierras que reciben las áreas naturales protegidas les impide ser cultivadas.
En tanto, la industria ostrícola (especializada en Crassostrea gigas y Crassostrea sikamea), genera anualmente 35 millones de pesos (1 millón 755 USD), según datos de la Secretaría de Pesca y Acuicultura de Baja California.
Dado que la acuicultura es tan importante para la economía de Bahía de San Quintín, los productores de ostras tenían dudas sobre los impactos de un megaproyecto inmobiliario, Cabo San Quintín, en 1999. Diseñado como un complejo turístico alrededor de los volcanes y la costa de Punta Mazo, incluía un lujoso hotel, campo de golf, puerto deportivo y centro comercial.
“Las ostras son demasiado frágiles. No estoy a favor de las aguas residuales de los hoteles ni de las desaladoras en la bahía. Este tipo de proyecto [de desarrollo] no me trae ningún beneficio”, dice Cristóbal Murillo, ostricultor con 23 años de experiencia.
Murillo —como todos los ostricultores— requiere de agua de buena calidad para mantener el ritmo de producción de su granja. El año pasado, Murillo registró 60.000 docenas de ostiones que vendió en Ensenada, Tijuana y Mexicali, las principales ciudades de Baja California.
Si bien el desarrollo inmobiliario no continuó por problemas financieros internos, el riesgo latente de que surgieran nuevos proyectos impulsó la fundación de la asociación civil ambientalista Terra Peninsular en 2001. “Después de analizar cuidadosamente los cursos de acción, los miembros determinaron que, para establecer un modelo de conservación duradero en el sitio, era necesario convertirnos en propietarios de la tierra”, dijo Guerrero.
Comprar el terreno, la mejor forma de proteger la biodiversidad de San Quintín
El grupo conservacionista centró su atención en una herramienta de conservación que implica la adquisición de terrenos para luego certificarlos como Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC), la mejor opción disponible cuando el terreno que buscaban proteger ya tenía dueño.
“Este modelo de conservación permite a ciudadanos, organizaciones civiles o grupos indígenas destinar tierras de su dominio a la conservación. Es una excelente herramienta que ha impulsado el gobierno para ampliar el territorio protegido a nivel nacional”, explica Susana Alfaro, enlace de turismo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).
Lo cierto es que el reto inherente a esta herramienta de conservación de tierras está en la obtención del título de propiedad. Si los propietarios no están abiertos a la idea de utilizar sus tierras para la conservación, la única opción disponible es comprar la tierra y certificarla ante las instituciones ambientales. Oficialmente, el gobierno mexicano ha aprobado 384 ADVC, un modelo que ha agregado 631,743 hectáreas de tierra protegida.
Luego de recaudar fondos de fundaciones internacionales y donaciones, en 2012 la organización civil completó la compra de 830 hectáreas de costa de lo que sería la Reserva Natural Punta Mazo. Cuatro años después, en 2016, adquirieron otras 803 hectáreas para la creación de la Reserva Natural Monte Ceniza.
Más historias
Agrónomos truenan contra autonombrado coordinador estatal
Creará condado Imperial reservorio de agua más grande de su historia
Inició veda de tiburones y rayas en BC: Sepesca