CONCENTRACIÓN DE PODERES

AMLO busca más poder y dinero con fusión y desaparición de organismos descentralizados, alertan funcionarios y académicos

Por Diego Badillo

Primera de dos partes

El proyecto de iniciativa de reforma administrativa, que plantea la fusión o eliminación de 16 órganos desconcentrados y descentralizados, refleja la intención del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, de concentrar más poder y reorientar el gasto hacia sus programas prioritarios, lo cual, de concretarse, traería graves consecuencias, por tratarse de instancias vinculadas al ejercicio de derechos fundamentales, consideraron especialistas en la materia.

Lourdes Morales Canales, coordinadora de la Red de Rendición de Cuentas, expuso que, aunque en el proyecto de iniciativa que circula desde hace varios días sobre los escritorios de funcionarios de organismos señalados para fusionarse o desaparecer, se dice que la justificación es la austeridad y evitar la duplicidad de funciones, se trata de un intento de concentración de poder, pues, si se reubican a secretarías de gobierno, quedarían bajo la autoridad de secretarios que solo rinden cuentas al presidente.

Además, no se ha mostrado hasta hoy, una justificación más allá de que, “de un plumazo”, se decidió que esos organismos son estorbos, añadió.

Lo delicado, abundó, es que, si no se justifica su desaparición y se garantiza que la tarea que realizan hasta ahora la hará alguien más, se estaría haciendo política sólo a partir de intuición y no a partir de evidencia.

“Al parecer es una decisión tomada a rajatabla” que puede traer como consecuencia quedarnos sin información técnica fundamental para tomar decisiones en áreas específicas de la función pública, señaló.

Por su parte, Marco Antonio Fernández Martínez, investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, afirmó que lo que explica que el presidente pretenda eliminar esos organismos, es que se está quedando sin dinero para sus programas prioritarios.

Literalmente está buscando cualquier recurso que le ayude a juntar el dinero para seguir financiando programas que le sirven políticamente y que está demostrado que sus efectos son limitados, pero son políticamente rentables, refirió

El también investigador del centro de pensamiento y análisis México Evalúa, dijo que lo preocupante es que no hay un diagnóstico que justifique el por qué los quiere fusionar o desaparecer.

Destacó que, en términos políticos, es una decisión muy hábil, porque la gente piensa que el gobierno es sinónimo de desperdicio y, aprovechándose de eso, López Obrador construye en el imaginario social para explotar políticamente la medida y seguir con la narrativa de una supuesta austeridad y, al mismo tiempo, tener dinero para financiar programas que le generan dividendos electorales.

Lo grave, continuó, es que sigue deteriorando la capacidad del gobierno federal para poder realizar sus funciones y eso, inevitablemente, repercutirá en el bienestar de las personas.

En ese sentido Lourdes Morales Canales expuso que la gracia de los organismos desconcentrados y descentralizados es que, al tener cierta independencia y competencia, aunque están dentro de las facultades del poder Ejecutivo, al menos tienen autonomía de decisión.

La también profesora en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), mencionó que se trata, en primer término, de instituciones especializadas que fueron creadas para cumplir con un fin específico, que si bien, no son tan conocidas, generan información básica para la toma de decisiones. Además, subrayó, están vinculadas al ejercicio de derechos fundamentales.

En ese sentido, alertó que lo inquietante es que su desaparición o reubicación se daría en medio de una crisis de violaciones constantes a derechos humanos y en un momento en el que el gobierno considera el ejercicio de garantías fundamentales como algo frívolo y una imposición desde afuera del país.

Genera preocupación y alerta, intención de desaparecer Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción

De acuerdo con el proyecto de iniciativa, el gobierno federal ”ha emprendido una profunda revisión del gasto de la Administración Pública federal”, y “revisado la estructura operativa de la Administración Pública que necesita una simplificación y actualización a través de procesos de fusión o eliminación de órganos administrativos desconcentrados  y descentralizados, cuya existencia ya no resulta conveniente desde el punto de vista económico, nacional o del interés público, por lo que se propone llevar a cabo una reingeniería que permita ejercer el presupuesto destinado a la estructura de manera responsable, eficiente y eficaz, con base en el principio de austeridad”.

El único organismo que se pretende eliminar es la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA).

Concretamente plantea que “tanto la Comisión Ejecutiva como la Secretaría Técnica del Sistema Nacional Anticorrupción pueden realizar funciones de manera directa con el Comité Coordinador, que conforme al marco jurídico vigente ejercen a través de la Secretaría Ejecutiva del mencionado sistema”.

Al respecto Francisco Raúl Álvarez Córdoba, presidente del Sistema Nacional Anticorrupción, explicó que la SESNA es la columna vertebral del SNA que da soporte y apoyo al Comité Coordinador (CC) integrado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), la Fiscalía Anticorrupción, el Consejo de la Judicatura Federal y un representante del CPC.

Para ejemplificar el trabajo de la SESNA expuso: “Supongamos que la convivencia entre personas, servidores públicos y empresas se da en una cancha de futbol, donde, además de jugadores, también hay árbitros, que serían los integrantes del CC, que son los encargados de velar porque el juego se realice con apego al reglamento y sancionar y castigar y está el VAR, donde están personas que analizan la actuación de los árbitros y realizan recomendaciones para que su desempeño sea el óptimo. Este último sería lo que realiza el CPC. Para que eso sea posible es necesario contar con un equipo técnico que disponga de los recursos para que, tanto los árbitros, como los jugadores, y los observadores, seamos capacitados con los elementos para que el sistema funcione y eso es lo que hace el SESNA”.

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Continuará segunda y última parte