Fiscalía judicializa caso CAMAC; Más de 1 mil maestros víctimas de fraude

Por Jorge Heras | Lindero Norte

El Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) judicializó las múltiples denuncias de fraude en contra de la presidenta y cinco colaboradores (su esposo, ex esposo e hijos) de la asociación civil Caja de Ahorro Magisterial (CAMAC), por lo que desde noviembre del 2021 están a la espera de la audiencia que debe fijar el Poder Judicial.

Tras más de 5 años de que formalmente se presentaron las denuncias ante la entonces Procuraduría de Justicia del Estado sobre lo que considera el sector magisterial como #ElFraudeDelSiglo, el pasado 16 de noviembre la Unidad de Investigación de Delitos contra el Patrimonio de la FGE culminó la carpeta de investigación marcada con el NUC 2016-30506, en contra de la maestra Dalila Carrillo como autor directo del presunto fraude y a su familia como cómplices: su esposo José Alfredo Bustos Chew; el ex esposo Delber Medina Carrillo; los hijos Alexandra Álvarez Carrillo, Minette Álvarez Carrillo; y una colaboradora, Marialy Villarreal Rivas.

Además, en la carpeta de investigación, la agente del Ministerio Público, Janine Juliana Molina, pidió que se ejerza acción penal en contra de la asociación civil CAMAC Magisterial, Grupo Aldeco S.A. DE C.V., Club Social y Recreativo CAMAC y la Promotora de Eventos Aldama S. DE R.L. DE C.V.

Desde octubre del 2016 se formuló la primera denuncian y hasta el 2021 más de mil víctimas se presentaron ante la Fiscalía, siendo la gran mayoría jubilados y pensionados de todo el Estado, por los delitos de administración fraudulenta y abuso de retención por un monto superior de mil millones de pesos.

Anteriormente, la autoridad ordenó y ejecutó varias medidas de protección en favor de las víctimas como cateos para el aseguramiento de documentos; inscripción preventiva en todos los inmuebles de las y los imputados; la incautación y embargo de más cuentas bancarias de las y los imputados y de la asociación.

Incluso desde en 2020 y 2021, el Congreso aprobó un recurso de 4.5 millones para la contratación de un despacho fiscal forense contable para realizar una pericial contable que rastreara puntualmente el recurso entregado a Camac.

CAMAC se fundó el 16 de febrero de 2001 con la anuencia del Gobierno del Estado, al final de la administración del panista Alejandro González Alcocer, quien a través de la Secretaría de Educación y la de Planeación y Finanzas le autorizaron a la asociación civil la clave de descuento para que el propio Poder Ejecutivo retuviera y enterara los dineros de los trabajadores de la educación, toda vez que CAMAC (antes llamada Caja Magisterial Mexicali) tenía como objetivo social el brindar a los docentes y personal de apoyo a la educación préstamos y recibir aportaciones destinados como ahorro.

Las primeras irregularidades detectadas y denuncias fueron en 2011 cuando la caja de ahorro se instituyó como CAMAC creando un nuevo estatuto para otorgarle a la todavía presidenta Dalila Carrillo Tirado más facultades, entre ellas la de abrir y cancelar cuentas bancarias en instituciones nacionales y extranjeras, así como realizar todo tipo de inversiones. De acuerdo a la carpeta de investigación, dos años más tarde de ese movimiento se comenzaron a transferir recursos millonarios a otras cuentas y asociaciones ligadas a sus familiares y operadores personales, como fue con el Grupo Aldeco, asociación presidida por la propia Dalilia Carrillo, su esposo e hijas.

A partir del 2013, los profesores comenzaron a notar extraños movimientos y diversas anomalías como el retraso de sus pagos y justificaciones para no entregar parte de su dinero que estaba en la caja de ahorro, pero fue hasta 2015 que la situación se agravó cuando a casi todas la cuentas dejaron de pagar intereses e inició la negativa de la presidenta y operadores de CAMC de regresar el dinero o reembolso de los ahorros de cientos de maestros, todo bajo la justificación de Dalila de que no había flujo de efectivo.

CAMAC ofrecía rendimientos de hasta un 20% a los docentes y externos al magisterio que integrarán su dinero como socios inversionistas. En promedio, cada maestro, principalmente los jubilados y pensionados, invertían 800 mil pesos.

Según los diferentes grupos de maestros que presentaron denuncias, las cuales se agruparon todas en una sola carpeta de investigación, son 20 profesores los que han fallecido a la espera de que se les regrese su dinero y se haga justicia contra CAMAC.