El logotipo de la compañía John Deere, en una fotografía de archivo. EFE/ Mauritz Antin
Washington, (EFE).- Unos 10.000 trabajadores en EE.UU. del fabricante de maquinaria agrícola y construcción John Deere empezaron este jueves una huelga después de que el sindicato United Auto Workers (UAW) rechazó el convenio colectivo propuesto por la empresa.
La huelga afecta a 14 plantas de producción: 7 en Iowa y 4 en Illinois, así como plantas en Kansas, Colorado y Georgia.
El vicepresidente de UAW, Chuck Browning, señaló en un comunicado que los empleados de John Deere se declararon en huelga «para ganar un salario decente, jubilarse con dignidad y establecer reglas de trabajo justas».
John Deere había ofrecido en las negociaciones con UAW aumentos salariales de entre el 5 % y el 6 % pero el sindicato consideró la propuesta insuficiente. La compañía señala que sus trabajadores ya tienen algunos de los mejores salarios y prestaciones del sector.
Según John Deere, el salario de un empleado medio es de unos 60.000 dólares al año. Por su parte, UAW dijo que la compañía está teniendo beneficios récord y que sus ejecutivos, incluido su consejero delegado, John May, han recibido fuertes aumentos de sus salarios.
May pasó de ganar 5 millones de dólares en 2019 a 16 millones de dólares en 2020.
Este año, la compañía espera tener unos beneficios récord de entre 5.700 y 5.900 millones de dólares. Expertos sindicales han señalado que en estos momentos de escasez de mano de obra en la economía estadounidense, los trabajadores tienen más fuerza para demandar mejoras en sus convenios colectivos.
El presidente de UAW, Ray Curry, explicó que los trabajadores de John Deere «han trabajado durante la pandemia después de que la compañía los considerara esenciales para producir los equipos que alimentan Estados Unidos, construyen Estados Unidos e impulsan la economía estadounidense».
UAW ha indicado que los trabajadores de John Deere han establecido piquetes informativos en las plantas y que están listos para mantener la huelga, la primera en 35 años que afecta a toda la compañía, hasta que se acepten sus demandas. EFE
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