Burócratas se amparan contra decreto de Bonilla

• Acción penal si Issstecali condona deuda a municipios
• Maestros de sección 37  solidarios con la burocracia

MEXICALI. –  El pasado lunes 11 de octubre, el Sindicato de Burócratas de Mexicali interpuso un amparo en contra del decreto del gobernador Jaime Bonilla, que ordena la condonación de la deuda “histórica” que los municipios de Ensenada y Tecate arrastran a favor del Issstecali.

Manuel Guerrero Luna, secretario general del sindicato, dio a conocer lo anterior durante una rueda de prensa, el pasado martes, asegurando que, eliminar la deuda millonaria de manera tajante, derivará en el deterioro de las instalaciones del hospital, los servicios médicos y se incrementará el rezago en las jubilaciones de los burócratas.

“No tenemos conocimiento de ese proyecto, de cómo piensen quitar esos recargos, por lo que el día de ayer presentamos un amparo para buscar la protección de la justicia federal contra el decreto, para tratar de frenar esa junta directiva, hasta en tanto no tengamos conocimiento de los pormenores de la misma”, expresó.

En el documento publicado el pasado 7 de octubre en el Periódico Oficial de Baja California, Bonilla indica que la Junta de Gobierno de Issstecali deberá sesionar y hacer el “borrón y cuenta nueva” a los municipios administrados por dos de sus alcaldes afines: Armando Ayala y Darío Benítez.

“Si esa junta se llevara a cabo y no se cumpliera con los lineamientos que la ley establece, el sindicato procedería administrativa y penalmente contra los funcionarios que votaran algo que afecte el patrimonio de los trabajadores que se sustenta en el instituto de seguridad social”, afirmó Guerrero Luna.

Revelo que la burocracia cuenta con la solidaridad de la sección 37 del Sindicato de Trabajadores de la Educación, porque el magisterio recibe los mismos servicios de salud, y de condonarse esa deuda tan grande, se verían mermados.

Issstecali presta no solo pensiones y jubilaciones a trabajadores, sino que, en el ámbito de salud, atiende a unas 25 mil familias.

La deuda estimada de ambos municipios asciende a alrededor de 2 mil 800 millones de pesos, y el decreto del Gobernador, no informa a cuánto ascienden, o cuánto de esta deuda corresponde a recargos. El poder ejecutivo tampoco justifica la manera en que el gobierno estatal podría solventar ese hueco financiero.