Los recursos que recibe deben contar con mecanismos de evaluación y transparencia que justifiquen el gasto, dicen especialistas
Por El Informador
Durante el primer semestre del 2021, el Banco del Bienestar recibió una aportación de capital de 5 mil millones de pesos por parte de la Secretaría de Hacienda, con lo que su presupuesto para este año se ajustó al alza mil 613%, para contar con una partida presupuestal del orden de 5 mil 309 millones de pesos.
En los últimos tres Presupuestos de Egresos a este banco se le han asignado de manera inicial partidas presupuestales que se amplían durante el transcurso de cada año y las cuales representan un incremento de más de mil por ciento respecto a la cantidad original asignada, convirtiéndose así en uno de los organismos que más se beneficia de los reajustes en el presupuesto de este gobierno.
Por ejemplo, para este año la Secretaría de Hacienda preveía para el banco de desarrollo un presupuesto cercano a 309 millones de pesos; sin embargo, con la inyección de capital dicha cantidad aumentó a 5 mil 309 millones de pesos, es decir una diferencia de mil 613%; en el 2020, el monto inicial fue de 460 millones de pesos, pero esa cifra se elevó mil 134% para terminar en 5 mil 686 millones de pesos y en el 2019, su presupuesto se incrementó mil 099% para pasar de 476 millones de pesos a 5 mil 239 millones de pesos.
Según los registros de Hacienda, el gobierno ha asignado al banco durante esta administración 16 mil 711 millones de pesos, de los cuales 15 mil 464 millones de pesos han sido para el plan de expansión de sus 2 mil 700 sucursales y el resto, mil 246 millones de pesos, para la ejecución del programa de Inclusión Financiera dentro del sector de ahorro y crédito popular.
Especialistas de asociaciones de la sociedad civil coincidieron en que, en primera instancia, los recursos que recibe el banco deben de contar con mecanismos de evaluación y transparencia que justifiquen el gasto que ha realizado el gobierno con este organismo, el cual se pretende sea el principal dispersor de programas sociales de la administración.
“La inversión pública requiere de mecanismos de gobernanza, que al día de hoy no existen, para evitar que se tomen decisiones que no cuentan con el aval de las evaluaciones o análisis de impacto y que más bien obedecen a intereses políticos… este caso hace evidente la debilidad institucional que existe para que el gasto público se oriente a lo que debería”, detalló Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa.
Para Adriana García, investigadora de la organización México, ¿Cómo vamos?, es urgente que el gobierno presente un plan de fiscalización de dicho proyecto, con el fin de justificar las inyecciones de dinero a este organismo, especialmente la de este 2021, donde se deben de priorizar temas de salud y para la reactivación económica del país en el contexto de la emergencia sanitaria.
“La reasignación presupuestal es un ejercicio importante para dirigir los recursos públicos a atender los retos que estamos enfrentando los mexicanos… Habría que presentar un plan y una fiscalización del Banco del Bienestar y ver si hacen sentido los reajustes en un año de reactivación; haría mucho sentido que ese dinero estuviera destinado a temas como las vacunas y al proceso de logística para acelerar la campaña de vacunación”, explicó García.
El Banco del Bienestar fue cuestionado sobre el avance en la edificación de sus nuevas sucursales, pero indicó que dicha información ya es competencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, encargada del proyecto de expansión.
Ambas especialistas coincidieron en que un plan de expansión de sucursales, así como el gasto destinado a ello, no hace sentido, cuando los servicios financieros transitan hacia la digitalización y, además, existen redes logísticas, tanto gubernamentales como privadas, que pudieran apoyar la entrega de los recursos de programas sociales.
En julio del 2019, este banco registró un récord en su índice de morosidad (Imor) al alcanzar un porcentaje de 26.9 por ciento. Posteriormente, la administración pudo disminuir este indicador hasta septiembre del 2020, donde nuevamente la morosidad repuntó.
A junio de este año, el Imor del organismo fue de 19.33% debido a los porcentajes de morosidad, de dos dígitos, que tienen tanto su cartera empresarial como la de consumo, segmento donde se encuentran los préstamos.
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