México revive el fantasma de la expropiación al aprobar la reforma eléctrica

Pedro Pablo Cortés

México, (EFE).- El Gobierno mexicano revivió este miércoles el fantasma de la expropiación con la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica con la que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, busca «rescatar» a la empresa eléctrica del Estado del «saqueo» de empresas privadas y extranjeras.

«No queremos expropiar por expropiar, no hemos hecho ninguna expropiación desde que estoy en el Gobierno, esto lo digo para que nuestros adversarios, que no son nuestros enemigos, no infundan miedo a los inversionistas ahora con la reforma eléctrica», expresó en su rueda de prensa matutina.

El Senado aprobó esta madrugada, en lo general y en lo particular, la reforma eléctrica que López Obrador envió apenas hace un mes al Congreso para «fortalecer» a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El principal cambio será eliminar el criterio económico para siempre despachar primero la electricidad de las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la CFE, sobre las centrales privadas de renovables y al último las de ciclo combinado.

También ordena revisar de forma retroactiva los contratos previos del Gobierno con productores independientes de energía y cambia las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.

El presidente advirtió que, con el nuevo marco legal que está pendiente de promulgarse, ya tiene pensado hablar con una empresa española y otras 10 compañías.

«Vamos a buscar acuerdos en esta lógica de que queremos seguir manteniendo contratos, pero que los tenemos que actualizar a la nueva realidad, que no es solo la nueva realidad económica, es la nueva realidad política», indicó.

«EXPROPIACIÓN INDIRECTA»

El sector privado denuncia una «expropiación indirecta» porque la reforma arriesga más de 451.000 millones de pesos (más de 21.880 millones de dólares) invertidos en 105 proyectos privados de generación renovable, según el Centro de Estudios de Finanzas Públicas (CEFP) del Congreso.

El CEFP también advierte que 28 empresas con un conjunto de 8.904 millones de dólares en inversiones estarían en posición de exigir indemnizaciones.

«Va a generar eventualmente un monopolio o casi monopolio de la CFE en el despacho de electricidad, es ahí donde se configura esta idea de la expropiación indirecta», explicó a Efe la abogada Mariana Salinas, especialista en derecho energético del grupo Enersave.

La experta legal expresó que, por este concepto, empresas afectadas podrían buscar arbitrajes internacionales amparados en acuerdos comerciales como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En última instancia, se prevé que la Suprema Corte tenga que resolver una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad promovida por gobiernos estatales, legisladores de oposición u órganos autónomos como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

«Evidentemente es ilegal e inconstitucional la modificación, pero existen muchas vías en las que los actores que están involucrados directamente en el sector pueden defenderse y también aquellos que pueden percibir que sus derechos están siendo vulnerados», expuso.

COSTOSA SOBERANÍA

Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), señaló que la reforma producirá un sobrecosto en la generación de electricidad de 60.000 millones de pesos (casi 3.000 millones de dólares) anuales.

Esto ocurrirá porque la generación de electricidad que generan los privados es 26 % más barata que la generada por la CFE, argumentó el líder del sector privado mexicano.

“Es importantísimo siempre buscar la soberanía de nuestro país, pero estoy convencido de que la soberanía no se obtiene con retórica, no se obtiene con discursos, la soberanía se construye cuando una sociedad puede ser suficientemente eficaz, eficiente”, comentó.

Salazar coincidió con el argumento del presidente de la urgencia de desterrar la corrupción, pero reprochó la incertidumbre jurídica que genera la reforma y la afectación retroactiva de inversiones.

«Estamos en contra de cualquier persona que haga un uso indebido de estas libertades que tenemos como país, pero es distinto a querer cambiar toda una estructura legal donde se afecten los intereses genuinos”, manifestó.

El acaparamiento del negocio que hará CFE incidirá en un aumento de las tarifas y el subsidio de la luz, que pasó de 30.000 millones de pesos (casi 1.500 millones de dólares) en 2016 a 70.000 millones de pesos (cerca de 3.500 millones de dólares) en 2021, advirtió el especialista César Hernández. EFE