El gobierno de México es cada vez más opaco

Por  Daniel Lizárraga *

“No tenemos nada que ocultar” es una de las frases más usadas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando habla sobre casos polémicos o la rendición de cuentas de su gobierno. En Google aparecen más de 253 mil referencias sobre esa frase en sus discursos o conferencias. Sin embargo, existen otros datos que marcan que hay una tendencia distinta.

En 2019, el primer año del actual gobierno, los reclamos ciudadanos contra las autoridades que se han negado a entregarles información aumentaron 64% respecto a 2018, de acuerdo con cifras oficiales a las que tuve acceso. Para ello solicitaron la intervención del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el órgano encargado de que el gobierno cumpla con la Ley de Transparencia.

Gracias a esta ley y su cumplimiento, desde 2002 se han realizado trabajos académicos, ciudadanos y periodísticos que han mostrado la corrupción y los malos manejos de los distintos gobiernos. Hoy, parece que el gobierno busca blindarse del escrutinio público.

Los reclamos —conocidos como recursos de revisión— ante el INAI en 2019 por el rechazo de solicitudes de acceso a información oficial se dividen en dos: hubo 16,543 relacionados con archivos y documentos oficiales como contratos o gastos en programas sociales; y otros 18,519 vinculados con datos personales, que es cuando la gente pide, por ejemplo, sus expedientes médicos o laborales.

En mil 678 expedientes (17%) de los primeros casos —relacionados con la distribución de recursos públicos, los gastos en compras o los resultados de las políticas públicas contra la pobreza o el manejo de la economía— el INAI ha pedido a alguna dependencia o secretaría de Estado entregar a los ciudadanos la información que piden en versiones públicas. Es decir, en documentos en los que se oculten los datos personales o cuestiones relacionadas con temas de seguridad nacional. Las versiones públicas han servido históricamente para resguardar la información que debe permanecer bajo llave y, al mismo tiempo, cumplir con la rendición de cuentas.

En ese 17% de los casos, el INAI ha ordenado la apertura de los archivos porque los argumentos gubernamentales para no hacerlo, como el cuidado de datos personales, la reserva por secreto comercial o la seguridad nacional, no tenían sustento.

La acción de las autoridades, en algunos de estos casos, ha sido solicitar 32 amparos judiciales contra las resoluciones del INAI, de los cuales 29 corresponden a diversas instancias del gobierno federal, y las demás a la Cámara de Diputados y la Suprema Corte de Justicia.

Entre los casos que la administración de López Obrador ha llevado hasta los juzgados para no entregar archivos o datos oficiales a la ciudadanía, destacan algunos por su relevancia social o económica. Aquí algunos ejemplos.

El 22 de enero de 2019 se pidió a la Secretaría de Gobernación el Registro nacional de personas desaparecidas o no localizadas que, en ese tiempo, era de alrededor de 40 mil 180 personas. La respuesta fue que no era posible entregarlo pues contenía datos personales sobre las familias afectadas.

El INAI resolvió que sí podían elaborar una versión pública con información referente al sexo, edad y sitio en que sucedieron los hechos, pero dejando fuera los nombres, domicilios, números telefónicos y correos electrónicos. Sin embargo, la dependencia recurrió a un juicio de amparo.

En septiembre del 2018 —en los últimos meses del pasado gobierno de Enrique Peña Nieto— un ciudadano pidió al Banco del Ejército (Banjército) los documentos en los que constara el destino de 88.5 millones de pesos que las autoridades del estado de Tabasco habían decomisado dentro de la casa de José Manuel Saiz, tesorero del exgobernador Andrés Granier y ambos sentenciados por actos de corrupción. El dinero fue puesto en una cuenta de ese banco hasta que se deslindaran responsabilidades.

El peticionario explicó que ese dinero debió entregarse a las autoridades de Tabasco ya que nunca pudo comprobarse a quién perteneció. Banjército respondió que esa información era confidencial, pero el INAI concluyó en 2019 que el ciudadano tenía razón y ordenó entregar los estados de cuenta. Los ejecutivos bancarios del Ejército decidieron que no abrirían ese expediente y se ampararon.

La petrolera estatal, Pemex, ha sido otra de las instancias que recurrió a los juzgados para evitar entregar sus contratos con la trasnacional Iberdrola por la compra-venta de gas natural, al menos desde 2017. Según Pemex, esa información es confidencial por secreto comercial. El INAI también ordenó elaborar una versión pública, pero llegó el amparo.

Por congruencia, las dependencias y secretarías de Estado deberían recapacitar en seguir adelante con esos amparos. No únicamente contradicen al presidente López Obrador, sino que, con esos juicios, abren un enorme boquete a la transparencia y a la credibilidad de las instituciones. ¿Qué es lo que protege Banjército cuando detrás hay un caso de corrupción comprobado? ¿Para qué ampararse cuando el tema de las personas desaparecidas se ha señalado como una prioridad de este gobierno?

Alguien dentro del gobierno no está entendiendo qué es la rendición de cuentas y el daño que pueden ocasionarle a una democracia. Las negativas del gobierno a abrir los expedientes y buscar amparos es darle un tiro en un pie a un régimen que pretende refundar al país.

El gobierno debe desistirse de esos amparos y entregar las versiones públicas que se le ha ordenado, y el INAI debería asumir una postura más enérgica y denunciar públicamente cuando son notificados de que tienen un juicio de amparo en su contra. Los ciudadanos merecen estar informados de la transparencia de su gobierno.

*Daniel Lizárraga es periodista mexicano. Actualmente es jefe de Información en el equipo de Periodismo de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Publicado en el portal de The Washington Post español en enero 28, 2020.