Editorial…

Autos “chocolate”

La presencia de automóviles extranjeros e irregulares en el país, no es un problema exclusivo de la zona fronteriza, porque los encuentra lo largo y ancho de la república.

Este problema es atribuible a la corrupción en las aduanas, en el poder judicial y al disimulo de presidentes de la república.  Hay que recordar que algunos Jefes del Ejecutivo Federal, concretamente Vicente Fox Quezada, utilizó este problema como bandera política.   

Promovió la regularización de unos 3 millones de vehículos irregulares, porque algunos entraron de contrabando y otros documentados, pero no salieron en el tiempo establecido para ello, se quedaron circulando en territorio nacional.

En la actualidad, con la complicidad del Congreso de la Unión, el gobierno federal logró la modificaron la fracción 15 transitoria de la Ley de Ingresos 2020 para que, a la letra dice: 

 “A efecto de las obligaciones previstas en la Ley Aduanera, en un plazo máximo de ocho meses, contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones que correspondan en leyes y ordenamientos aplicables a la problemática de la posesión de vehículos importados usados, localizados en el territorio nacional, que hayan cumplido con las obligaciones de la Ley Aduanera”,

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), estima que esta regularización provocará una caída de entre el 20 y el 30 por ciento de las ventas de autos en México. Lo que inhibirá la inversión en el sector, y acotará la generación de empleos directos, sentencia el sindicato patronal.

Si ocurriera la regularización, se estima que el pronóstico de ventas de la AMDA para 2019, de 1 millón 301 mil vehículos, se desplomaría cerca de un 30 por ciento, considerando las tendencias actuales del mercado, para colocarse en un nivel cercano a los 910 mil vehículos vendidos.                                                                                                                   La Coparmex propuso a los legisladores crear incentivos para la adquisición de vehículos nuevos, crear programas financieros para dar accesibilidad a la compra de automotores y eliminar el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN), ya que México es el único país que tiene dos impuestos para esta adquisición. 

Pero no solo eso, sino que, la regularización de estos vehículos, al menos 18 millones en territorio nacional, no genera impuestos en ningún orden de gobierno; fomenta el contrabando rodante, perjudica al medio ambiente, beneficia a las células criminales de tráfico de vehículos.                                                                                                        

La regularización puede ser utilizada como una herramienta más para     blanquear el delito de adquisición de bienes con recursos de procedencia ilícita al impedir conocer el origen de los mismos y afecta la generación de empleos en el sector automotriz.

A la vez, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) se pronunció en contra de la regularización de autos ilegales en el país, porque agudizará la crisis del sector automotriz nacional, pero también a la industria automotriz en México genera 1.9 millones de empleos en general, de los cuáles 530 mil son empleos directos en la manufactura de unidades ligeras y pesadas, representando el 3.9 por ciento del Producto Interno Bruto del país.

Algunos gobernadores y candidatos de estados fronterizos han manoseado el tema de los autos chocolate como bandera política, misma que, sin duda rindió beneficios electorales a unos, sin evaluar los promotores o quienes la utilizaron, el daño económico al sector empresarial, a los erarios estatales y de la federación.

La industria automotriz, junto con sus distribuidores, con el apoyo del gobierno federal deberían de promover un programa que facilite a los mexicanos la adquisición de automóviles nuevos y con ello impulsar la disponibilidad de autos usados, en ambos casos con mecanismos financieros accesibles en cuanto a los intereses y plazos de pago, eliminando cargos diversos e impuestos duplicados.