Los contribuyentes no son delincuentes: Gina Cruz Blackledge

• Federación mide a contribuyentes y a delincuentes por igual
• Genera incertidumbre jurídica
• Reformas no contribuyen a generar un buen clima de inversión

CIUDAD DE MÉXICO. – Si bien, se debe combatir la defraudación fiscal por medio de facturas apócrifas, esto se debe hacer con herramientas efectivas sin afectar a terceros y a contribuyentes cumplidos, equiparándolos con integrantes de la delincuencia organizada.

Lo anterior lo manifestó la senadora por Baja California, Gina Andrea Cruz Blackledge, al presentar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PAN ante el pleno del Senado de la República, que en ese momento discutía una serie de reformas a diversos artículos para aumentar las penas a la compra de facturas apócrifas.

“La incertidumbre jurídica es considerada como uno de los principales obstáculos para la competitividad del sector del País, y si se le suma la interpretación discrecional de las normas fiscales por parte de la autoridad, se deja a los contribuyentes en grave vulnerabilidad”.

Con lo anterior se violenta en todo momento el principio de legalidad y subordinación jerárquica, señaló la senadora mexicalense.

Si bien, se trata de tratar de combatir la defraudación fiscal a través de empresas facturadoras de operaciones simuladas, y combatir a las empresas que deducen operaciones simuladas, las cuales dañan al fisco, ahora se trata de sumar un factor más al mal clima de negocios que existe en nuestro País.

Y es que el dictamen en cuestión, equipara a todas las figuras de defraudación fiscal con delincuencia organizada, expuso la legisladora.

“Lo que implicaría sujetar a los acusados a prisión preventiva de oficio, sin derecho a fianza, posibilidad de extinción de dominio, y procedimientos extraordinarios de investigación”.

Gina Cruz expuso que estos delitos deben ser sancionados penalmente, pero no se justifica que se haga a través de un régimen excepcional que solo aplica a delincuentes de alta peligrosidad, que ponen en riesgo de la seguridad nacional y la existencia misma del Estado.

Por otro lado, no debe de obviarse la diferenciación sustancial entre las organizaciones delincuenciales que se dedican a simular operaciones para vender facturas, y aquellos contribuyentes que pudieron comprar alguna de ellas, sin saber siquiera que lo hicieron.

El Código Fiscal de la federación establece que quien compra una factura, lo hace para dejar de pagar una contribución y debe ser sancionado penalmente por ello, sin embargo, las conductas son claramente distintas y el castigo debe ser proporcional, expuso.

Omisiones, errores, o inconsistencias involuntarias por parte de contribuyentes cumplidos, pero con esta reforma, serían enviados a prisión y sus bienes vendidos, aún sin tener sentencia judicial.

“Con estas reformas al vapor, y sin considerar todas las voces, se está generando terrorismo fiscal, sí, terrorismo fiscal hacia las empresas formales de nuestro País por actos arbitrarios de la autoridad fiscal que pongan en peligro su integridad personal y sus bienes generando falta de seguridad jurídica y certeza a la inversión productiva”.

Por otro lado, hay empresas que tienen a muchos empleados desplazándose por diversos puntos del País, que entregan facturas de gastos a sus patrones, y que en dado caso pueden ser considerados como empresas fantasmas, por parte de la autoridad fiscal, señaló Gina Cruz.

Esto podría considerarse como una conducta prevista en el Artículo 113 Bis del Código Fiscal federal, la autoridad podría iniciar proceso de prisión preventiva oficiosa y el régimen de delincuencia organizada, aunque no se trate de grupos alta peligrosidad.

Si bien, se debe combatir eficazmente a la delincuencia organizada, cuando afecte al erario y a la seguridad de los ciudadanos, sin embargo, debe hacerse con medidas y reformas efectivas que no afecten el camino del desarrollo económico del País, aseveró la legisladora por Baja California.