Semanario El Pionero

Expresión de Mexicali y su Valle

Revertir endeudamiento de BC; empresarios al Congreso

  • Legisladores no esperaron plan de financiamiento del CCE; Coparmex
  • Exigen respuesta de los diputados que debieron haber votado ese día

TIJUANA. – “Le pedimos al señor gobernador que, si de verdad su intención es cuidar la deuda del estado, le dé las herramientas al Consejo Consultivo Financiero para trabajar en el análisis y en la construcción de soluciones a los problemas financieros que enfrenta Baja California, de no ser así, la sociedad recordará ese fatídico 28 de marzo de 2019 como el día en que se decidió comprometer, por 40 años, las finanzas de Baja California. Tengo entendido que alguno de los diputados ya se inconformó de los que votaron en contra, ellos tendrán que hacer lo propio y por eso el escrito que nosotros ponemos aquí a consideración es para llamar la atención de los diputados, para que revisen sus procesos internos y vean si fue del todo legal, si puede haber una reversa o contra orden”.

Gabriel Camarena Salinas, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana, preciso lo anterior, tras afirmar que “el sector empresarial de Baja California exige a los legisladores locales dar marcha atrás al acuerdo que aprobaron la semana pasada sobre el refinanciamiento de la deuda estatal y las garantías para dos proyectos de obras públicas que desarrollarán empresas privadas, pues con ello se está endeudando al Estado por casi 40 años”.

Esto durante una conferencia de prensa, en donde reafirmaron el posicionamiento de los representantes de los Consejos Coordinadores Empresariales en los cinco municipios, el presidente de la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda (Canadevi) en Baja California, en la que José Luis Padilla Gutiérrez aseguró que el endeudamiento aprobado busca ofrecer capacidad financiera al gobierno estatal para que pueda pagar sus créditos a corto plazo.

“Lo más delicado de lo que estaban comentando todos los de la mesa, ha sido que como ya es el último año de mandato de gobernador, hay una ley que obliga a que tenga saneado toda la deuda a corto plazo 6 meses antes de que termine su administración y eso lo está vigilando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esa es la razón por la cual se están metiendo los endeudamientos en dos partes, uno para lanzar la reestructura de la deuda pública en las APP’s y demás y la otra en el corto plazo por los dos mil 600 millones de pesos adicionales y como decía el problema es que la mesa técnica no tuvo los elementos suficientes y necesarios para analizar en tan poco tiempo.  Fue información que se suministra el 22 de febrero, un mes antes prácticamente de la votación del Congreso, pero con información insuficiente, entonces ¿qué información no tuvieron o tienen los diputados y cuando la recibieron para que hayan llegado a autorizar este decreto?”, subrayó. 

En este sentido, el presidente de la Coparmex Tijuana, Roberto Rosas Jiménez sostuvo que los legisladores locales no esperaron a que el CCE entregara un plan de financiamiento que se estaba analizando con base a la documentación entregada por el estado el pasado 22 de febrero como se acordó en la mesa técnica que se instaló desde noviembre de 2018.

“Desafortunadamente hemos visto con tristeza que el Congreso del Estado y específicamente a través de su presidente Carlos Torres Torres han manejado una agenda por decir de una manera un poco en lo oscurito y se supone que estaba en estudio, se entregó la documentación a través de CD’s, pero con un corto tiempo para poder revisarlo y no hay que olvidar que la mesa técnica que se la ofreció al gobernador por parte del CCE era para ver cómo se podía mejorar la deuda y obviamente cómo poder refinanciar con un interés menor, ese fue el ofrecimiento, pero no fue igual a respuesta”, sostuvo Rosas.

Asimismo, Camarena Salinas indicó que la aprobación de este acuerdo les cayó de sorpresa.

“Lo único que nos vino a acortar el proceso fue la aprobación del Congreso del 28 de marzo que no la esperábamos, era una iniciativa del ejecutivo que estaba desde el año pasado en estos proyectos o desde antes.  Lo que pasa es el que, para mí en lo personal, el que actúa de una forma no muy clara fue el Congreso del Estado que para eso está y para eso los elegimos, son 25 diputados que de los cuales 12 aprobaron y con esos 12 que representan menos del 50% se aprobó este proyecto”, expresó. 

Cabe destacar que a dicho posicionamiento se unieron también Ana Bertha Sánchez, presidenta de la Asociación de Agentes Aduanales de Tijuana y Tecate; Roberto Rosas, presidente de Coparmex; José Luis Villasana, por parte de Canieti; Heriberto Villalobos, presidente de Canacope; Jorge Macías, presidente de Canaco; Gabriel Valenzuela, presidente de Cmic; Juan José Nevarez, presidente de Canaco Rosarito y Federico Serrano representando a Index.

Lamentaron la forma en que el Congreso autorizó al Gobernador la reestructuración de la deuda del estado y los proyectos APP de la desalinizadora de Rosarito y la vía en Tijuana del Aeropuerto a la Av. Internacional. Que quede claro, no nos oponemos a proyectos que abonen al desarrollo de nuestra región.

Sin embargo, rechazamos la manera con la que el Ejecutivo y los diputados se condujeron: sin transparencia, sin análisis, dándole la espalda a la sociedad y poniendo en riesgo los ingresos del estado para garantizar el pago a dichos proyectos, en un momento en el que ya se enfrenta una situación claramente muy complicada.

Consideraron inadmisible que se apruebe el refinanciamiento de la deuda sin que se haya socializado suficientemente. En diciembre acordamos con el Sr. Gobernador crear el Consejo Consultivo Financiero para apoyar en el análisis de las finanzas públicas y construir soluciones junto con la sociedad.

Sin embargo, se nos ha privado de la información necesaria y ahora, de la oportunidad de lograr algo significativo. Vemos pues que no hay voluntad. Por ello los organismos que integramos los Consejos Coordinadores Empresariales de BC rechazamos absoluta y categóricamente esta decisión planteada por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso del Estado. Exigimos a los diputados Ignacio García Dworak, Sergio Tolento, Mónica Hernández, Iraís Vázquez, María Trinidad Vaca, Alfa Peñaloza, Raúl Castañeda Pomposo, José Félix Arango, Carlos Torres del PAN y a los diputados Alejandro Arregui, Benjamín Gómez y Blanca Patricia Ríos del PRI, que estén a la altura de las circunstancias y expliquen por qué votaron de esta forma. Parece que no pueden oponerse a las solicitudes del Gobernador. ¿cuál es pues, su trabajo como diputados si no es ser el contrapeso del Ejecutivo Estatal?

Exigimos también una respuesta de los diputados que debieron haber votado ese día en la sesión y no lo hicieron: Claudia Agatón del PT, Job Montoya de MC, José Antonio Casas de TRANSFORMEMOS, Marco Antonio Corona Bolaños Cacho del PRI y Andrés de la Rosa, Eva María Vázquez y Miguel Osuna Millán del PAN.

Por último, le pedimos al Sr. Gobernador que, si de verdad su intención es cuidar la deuda del estado, le dé las herramientas al Consejo Consultivo Financiero para trabajar en el análisis y en la construcción de soluciones a los problemas financieros que enfrenta BC. De no ser así, la sociedad recordará ese fatídico 28 de marzo de 2019 como el día en que se decidió comprometer, por 40 años, las finanzas de Baja California.