De nuestros lectores…

La honestidad no se compra

Recuerdo que de niño en mi afán por obtener una bicicleta les conté a mis papás que a un compañero de la escuela le habían regalado una porque pasó de año.

Como yo tenía buenas calificaciones me sentí con todo el derecho de pedir lo mismo. La respuesta de mi padre -quien además de haber sido educado en un mundo de carencias fue sargento en la Marina de los Estados Unidos- fue contundente: estudiar y sacar buenas calificaciones es una de tus obligaciones y en esta casa no se dan premios por cumplirlas, “end of story”.

El aprendizaje fue múltiple. Primero supe que no solo no tenía derecho a recibir premios por estudiar, sino que si no lo hacía bien, lo que recibiría sería un castigo. Segundo, que todos tenemos obligaciones y responsabilidades. Y tercero, que las recompensas si las hay, se deben a esfuerzos y logros extraordinarios, no ordinarios.

Esta historia me vino a la memoria cuando AMLO anunció que para combatir el “huachicholeo” cada familia de las comunidades por donde pasan los ductos de PEMEX recibirá entre seis y ocho mil pesos mensuales. Pagar para que se respete la ley me parece un despropósito y una injusticia.

Es un despropósito porque esta dádiva no impedirá que los ladrones sigan robando. Virtudes como la honestidad no se compran, se inculcan, se imbuyen en el individuo por medio de la conciencia no de la cartera, con educación y buenos ejemplos.

Lo que único que se logrará regalando dinero, es que los ladrones y los flojos vivan más cómodos; que los que trabajamos honestamente nos sintamos como idiotas porque los impuestos que pagamos y que son producto de nuestro esfuerzo diario se destinen a subsidiar holgazanes y bandidos, o tengan fines político-electorales. No soy abogado constitucionalista ni nada que se le parezca, pero mi sentido común dice que los que pagamos impuestos, la base tributaria que sostiene al País, tenemos el derecho a impedir que el Gobierno regale nuestro dinero a los que no trabajan, o pague para que no roben.

Nuestros impuestos no deben ser utilizados para manipular políticamente la pobreza y la ignorancia, ni para disfrazar burdamente al populismo como ayuda social.

Este “coraje constitucional” me nació luego de leer un “meme” que circuló en las redes sociales y que decía: “Cuando oigo que alguien roba por necesidad, me dan ganas de decirle… seguramente yo trabajo por deporte, hijo de la chingada”.

No todos los problemas se arreglan con dinero, y lo que hasta ahora el Gobierno federal ha hecho es pagar para “desaparecerlos” en lugar de aplicar la ley.

Si los pobladores de una zona huachicolera roban combustible, en lugar de detenerlos se les paga para que no roben; si los jóvenes que ni estudian ni trabajan (“ninis”) se vuelven delincuentes, se les paga para que en lugar de delinquir, estudien y trabajen; si maestros bloquean vías de comunicación y ahorcan la economía del País, se les paga para que las liberen; si hay corrupción en el NAIM, se paga para cancelarlo…

Siempre he pensado que la mejor forma de “educar y dirigir” un país y cualquier institución de carácter social, es aplicando los mismos principios y mecanismos que utilizamos para educar y dirigir una familia, me refiero a una decente y trabajadora.

Darle dinero a alguien para que no robe, es como pagarle a un hijo para que se porte bien o para que haga la tarea; tener ciudadanos subsidiados es como tener hijos adultos mantenidos; aceptar chantajes para no utilizar la fuerza pública, es como dejar que los hijos hagan lo que les venga en gana para que no se enojen y nos sigan queriendo.

Los incentivos para “portarse bien” no deben ser económicos sino de conciencia. Debemos hacer lo correcto no por interés sino por convicción.

En lugar de dar dinero para que comunidades enteras respeten la ley y esperar que así se vuelvan responsables, lo que habría que darles es un curso gratuito de civismo y ética que les enseñe las ventajas duraderas que el bien común tiene sobre cualquier beneficio económico inmediato y temporal.

Si cada vez que surja un problema, en lugar de aplicar la ley el Gobierno pagará para “arreglarlo” no habrá mejor negocio en México que crear problemas para luego vender cara su solución.

“Gobernar no es chantajear”.