MEXICALI.- Uno de los principales componentes de la reforma constitucional en materia educativa vigente desde 2013 es La Ley General del Servicio Profesional Docente (LSPD) que tiene como objetivos: mejorar la calidad de la educación y la práctica profesional; asegurar la idoneidad de conocimientos, capacidades y un nivel de desempeño suficiente del personal docente, de dirección y supervisión; estimular el reconocimiento de la labor docente; otorgar los apoyos necesarios para que el personal docente pueda “desarrollar sus fortalezas y superar sus debilidades.
Alfredo J. Postlethwaite Duhagon, Consejero Presidente de COPASE, destacó lo anterior y precisó: “El otorgamiento de plazas y ascensos por concurso es un avance sumamente significativo para el sistema educativo mexicano. Sus beneficios son evidentes: permite pensar en que cada vez más contaremos con los mejores perfiles disponibles de quienes se quieran dedicar a la profesión docente y dignifica al magisterio al asegurar que sea el mérito académico lo que determine ingresos, permanencia y promociones. El proceso finalmente se ha democratizado. Hoy cualquier joven egresado de una escuela normal o universidad que desee una plaza docente puede concursar por ella y ganarla si su capacidad se lo permite, sin necesidad de comprarla o de conocer a “alguien” que le ayude a obtenerla.
El mecanismo para otorgar plazas y ascensos por concurso es un avance que se refleja a través de sus resultados en Baja California:
* Nuestro estado se encuentra dentro de las cinco entidades federativas con los mejores resultados en el rubro de “tendencia de idoneidad” de los prospectos que ingresan al servicio educativo; partiendo de un 49 % obtenido en el ciclo 2015 hasta llegar al 73.2 % en la evaluación de 2018.
* La participación del profesorado en los concursos de oposición para la promoción se ha incrementado. Los registros muestran que han participado 5,368 docentes, contando maestros y directivos, lo que representa el 17 % del total con una nota destacada.
* Se han asignado más de 3,800 plazas de jornada y alrededor de 27,000 horas-semana-mes de carácter definitivo y temporal de acuerdo a la lista de prelación en el nivel de secundaria.
* Se ha entregado el 35 % adicional al sueldo base a 660 maestros que obtuvieron resultados destacados en las evaluaciones de su desempeño.
* Se encuentran programadas evaluaciones para el próximo mes de noviembre para un total de 6,057 docentes, directivos y supervisores lo que, de llevarse a cabo, llevará a contar con más del 50 % de los docentes evaluados en el desempeño de su función.
En otras palabras, la reforma aludida constituye una base firme sobre la que podrá asentarse un nuevo sistema educativo de calidad. La evaluación es una herramienta valiosa para garantizar la formación, capacitación y actualización continua además de desarrollar un programa de estímulos e incentivos que favorezcan el desempeño eficiente del servicio educativo.
Cabe destacar que la evaluación para el ingreso y promoción es bien recibida, entre quienes desean ingresar al servicio docente, contrario a lo que aluden sus adversarios. Una encuesta reciente entre más de 4 mil estudiantes de escuelas normales (Proyecto Educativo SC, 2017- Naranjo) nos hizo saber que para un 90% de los encuestados obtener una plaza por concurso les parece “agradable o indispensable”, en tanto que un 94% prefiere que los incrementos salariales y las promociones se otorguen según su desempeño profesional.
Sin embargo, COPASE observa con gran preocupación que la LSPD sea rehén de ataques infundados promovidos por un grupo radical minoritario localizado en el sur este del país el cual exige la suspensión y/o cancelación “de raíz”, de la reforma constitucional y la LSPD sin ofrecer una contra propuesta viable y confiable. Quienes integran ese grupo radical desean regresar al estatus quo de la privatización de facto que ejercían autoridades estatales y líderes sindicales, quienes por ley se repartían a partes iguales la atribución de asignar las plazas recién creadas sin la obligación de sujetarse a criterios académicos. De concretarse la anulación de la evaluación docente, se cometería un error histórico con graves consecuencias sociales para el país.
COPASE opina que la evaluación docente no necesita cancelarse o suspenderse sino requiere de tiempo y de un mayor esfuerzo para su implementación y maduración, lo que repercutirá en beneficio de los 30 millones de alumnos que necesitan y merecen una educación de calidad y de los 1.2 millones de maestros que integran la educación obligatoria del país.
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